La inobservancia de la norma en la aplicación de la prisión preventiva

La inobservancia de la norma en la aplicación de la prisión preventiva


La Prisión preventiva, es una de la medida mas gravosa que el Estado está autorizado aplicar en ausencia de un juicio, que implica la privación total de la libertad de la persona, por tal razón debe aplicarse observando las más amplias garantías y observación de las reglas mínima del debido proceso y tutela judicial efectiva establecidas en el articulo 69 de la Constitución en virtud de que afecta el derecho fundamental de la libertad.

 

La Prisión preventiva debe aplicare observando el principio de excepcionalidad, que implica que la prisión preventiva se aplica de manera excepcional, no como en la actualidad que se aplica como una regla, en la Resolución 65 de fecha 11 de abril del en su recomendación (80) del Consejo de Ministro de Europa se estableció que “dada la presunción de inocencia en tanto no se demuestra la culpabilidad ningún ciudadano deberá hallarse en la condición de prisión preventiva, a no ser que la ser que la circunstancias hagan estrictamente necesaria dicha medida. Por tanto, la prisión preventiva deberá considerarse come medida excepcional y nunca deberá ser obligatoria ni utilizarse como fines punitivos”.

 

En este mismo sentido en lo referente al principio de excepcionalidad se ha referido el Tribunal Constitucional Español, que impone el principio del favor libertatis o del in dubio pro libertate, estableciendo que el uso generalizado de la prisión preventiva violenta el principio de presunción de inocencia y las garantía del debido proceso ver sentencia 88/1988 de fecha 9 de mayo, 156/1997 del 29 de septiembre y 147/2000, del Tribunal Constitucional Europeo.

 

En este mismo orden de idea la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Suarez Rosero vs Ecuador del 12 de noviembre de 1997, donde establece “esta Corte estima que en el principio de presunción de inocencia subyace el propósito de las garantías judiciales, al  afirmar que uno persona es inocente hasta que su culpabilidad sea demostrada, por eso el articulo 8.2 de la Convención establece que es obligación del Estado aplicar la prisión preventiva dentro del limite establecido y no utilizarla como una sanción penal ya que su carácter es cautelar”.

 

El artículo 40.9 de la Constitución versa sobre la excepción a la aplicación de media que restrinjan la libertad, el artículo 222 del Código Procesal Penal, versa sobre la excepción de aplicar la prisión preventiva, para ello existe un catalogo de supuestos en el articulo 229, que deben se observarse a la hora de aplicar cualquier tipo de medida de coerción.

 

Por todo lo anterior, es improcedente la aplicación de la prisión preventiva para resolver la alarma social ante los aumentos delictivos o la comisión de tipos penales especiales como la violencia de género o intrafamiliar, comercialización de drogas o robos, en la actualidad se observa con gran preocupación ver como el Ministerio Publico en delitos especiales solicita la aplicación de la prisión preventiva sin observar los requisitos que posibilitan realizar su solicitud.

  

Por: Juan Moreno Severino

Abogado

  

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