"EL ACOSO MORAL O MOBBING EN LA LEGISLACIÓN DOMINICANA"

"EL ACOSO MORAL O MOBBING EN LA LEGISLACIÓN DOMINICANA"

 

Por: Romeo Trujillo/Abogado

 

El acoso moral o mobbing se entiende por "actos o comportamientos, discriminatorios o vejatorios protagonizados en el tiempo, con intencionalidad, llevados a cabo en el ámbito de trabajo dependiente, por parte del empresario o sus subordinados o bien por parte de otros compañeros y que se caracteriza por una persecución o violencia psicológica con fines degradantes, humillantes, aislantes que atentan con la dignidad, la persona misma del trabajador y la estabilidad laboral";

 

El acoso moral puede encontrarse en nuestra legislación en las faltas cometidas por el empleador en "guardar a los trabajadores la debida consideración absteniéndose de maltrato de palabra o de obra" y en el "cumplir con las obligaciones que compone el Código de Trabajo, y las que se derivan de las leyes, de los contratos de trabajo, de los convenios colectivos y de los reglamentos interiores" (ords. 8 y 10, del artículo 46 del Código de Trabajo);

 

Asimismo, el acoso moral se encuentra en uno de los principios fundamentales del Código de Trabajo, específicamente principio XII, en cuanto al derecho básico de todos los trabajadores "a su integridad física, a su intimidad y a su dignidad personal";

 

El artículo 42 de la Constitución del 26 de enero de 2010, modificada en el año 2015, establece el Derecho a la integridad personal: "Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica, moral y a vivir sin violencia. Tendrá la protección del Estado en casos de amenaza, riesgo o violación de las mismas. En consecuencia: 1) Ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o procedimientos vejatorios que impliquen la pérdida o disminución de su salud, o de su integridad física o psíquica; 2) Se condena la violencia intrafamiliar y de género en cualquiera de sus formas. El Estado garantizará mediante ley la adopción de medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer; 3) Nadie puede ser sometido, sin consentimiento previo, a experimentos y procedimientos que no se ajusten a las normas científicas y bioéticas internacionalmente reconocidas. Tampoco a exámenes o procedimientos médicos, excepto cuando se encuentre en peligro su vida";

 

Finalmente, de lo mencionado anteriormente la Constitución Dominicana establece protección a los trabajadores contra procedimientos o tratamientos vejatorios contra la "integridad física y psíquica, el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen", así como el respeto a la Dignidad Humana, como un principio fundamental (ver artículos 42, 44, 62, ordinal 8 y 38 de la Constitución Dominicana) e inherente al Estado Social de Derecho.


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