EL ABOGADO DEL DIABLO

EL ABOGADO DEL DIABLO


Los  procesos penales en República Dominicana han ocupado la atención de los medios de comunicación y la ciudadanía en general.

 

Y es que esta atención no es mas que un despertar, después de siglos de una desconfianza muy arraigada en quienes dirigen nuestras instituciones y como corolario, la profunda difidencia en las instituciones públicas, muy especialmente, aquellas que deben hacer cumplir la ley y administrar la justicia, lo que ha dado al traste, a que la ciudadanía esté muy pendiente del quehacer judicial.

 

Es así, que el pueblo ha dejado de estar de espaldas a los temas de la justicia y ha concentrado su atención al desenvolvimiento de la misma, en procura, más que justicia, de que sean satisfechas las aspiraciones y demandas de la colectividad.

 

Cabe resaltar que el público, en su gran mayoría, desconoce la norma procesal y desconoce los principios bajo los cuales se rige el proceso penal y por demás, aquellos que rigen la actuación de cada una de las partes que converge en sede penal.

 

Y es que, en los últimos casos sonados y llevados ante la justicia virtual, popular y mediática, el abogado defensor ha tenido que pagar una factura muy alta, por desarrollar la profesión a la que ha dedicado años de estudios y preparación.

 

En el proceso penal, intervienen sujetos procesales que tienen legalmente funciones especificas y determinadas, y estos sujetos están obligados a ejercer cada uno, dentro del marco y respeto de los derechos y deberes que le son reconocidos en la ley y en la constitución.

 

Y aunque el abogado es uno de los sujetos del proceso penal, la generalidad no entiende que el trabajo del abogado es un trabajo técnico, jurídico-legal, conforme lo establece nuestra carta Magna.

 

Mas aún, existe en nuestro sistema penal la figura del defensor público, lo que antes se conocía como abogado del Estado, y que son quienes dan asistencia técnica a los ciudadanos en conflicto con la ley penal que no cuentan con los recursos económicos necesarios para contratar los servicios de un profesional del derecho.

 

Es así que, la defensa técnica es un derecho constitucional, ya que según nuestro sistema procesal, para juzgar una persona, es necesario que esta cuente con la asistencia obligatoria de un abogado de su elección, es decir, la defensa técnica es obligatoria. Todos tienen derecho a la defensa. Sin defensa técnica no es posible conocer un  proceso penal.

 

Dicho lo anterior, ni la Constitución Dominicana ni los Tratados Internacionales sobre derechos humanos establecen el derecho de defensa de toda persona sometida a un proceso penal al margen de la gravedad del hecho imputado. Es decir, no importa el hecho, siempre deberá existir y garantizarse la defensa técnica.

 

Dicho lo anterior, debemos entender que la defensa de los acusados, es un derecho obligatorio por mandato de la Constitución, esto quiere decir que no se puede juzgar a una persona sin esta tener la asistencia de una defensa técnica y que toda persona, por atroz que sea el hecho que se investiga en su contra, tiene derecho a ser defendido.

 

Sin embargo, muchos perciben y cuestionan la calidad moral, personal y hasta profesional de los abogados de la defensa de complejos y publicitados casos penales.

 

Y es que los abogados no se preparan para defender inocentes o culpables, sino, para defender los intereses de sus clientes, que al fin y al cabo, son ciudadanos y ciudadanas,  y su compromiso no es hacer empatía con el justiciable ó aupar el hecho investigado, sino, hacer una defensa técnica adecuada y siempre dentro de los parámetros establecidos en la ley.

 

Por otro lado, la responsabilidad penal es personal y solo compete a la persona investigada, sin que esta pueda tener efectos sobre terceros y mucho menos sobre su abogado. Esto quiere decir, que el hecho que presuntamente se imputa al procesado, en absoluto vincula al abogado que asume la defensa técnica.

 

Tristemente, una mayoría asume que la defensa técnica es una especie de complicidad entre el investigado y su representante, ó que este esta haciendo causa común con los hechos investigados y hasta en algunos casos, se les señala como promotores de la impunidad.

 

Pero, por horrendo que sea el crimen que se investiga y cuya defensa técnica se asume, se trata de que el profesional del derecho debe siempre procurar el resultado mas apegado a la justicia y a su cliente, sin dejar de precisar, que jamás se debe promover o trabajar para la impunidad, ya que de ser así, ésta es un boomerang que se devuelve en perjuicio de todos.

 

Parecería, que dentro del elenco de los sujetos procesales, el único que tiene un vínculo con los hechos y con el procesado es el abogado de la defensa.  Quien, dicho sea de paso, se ha preparado y ha trabajado para adquirir los conocimientos y competencias que le permitan destacarse en el ámbito del derecho en el que se ha desarrollado.

 

Sin embargo, el abogado pasa a ser juzgado por la sociedad conjuntamente con su representado y se asume una relación simbiótica entre la defensa y el defendido.  Se llevan de paro la presunción de inocencia llegando a traspasar las barreras de la personalidad de la persecución penal hasta llegar al abogado de la defensa.

 

Se pasa por alto el trabajo profesional, legal y técnico del mismo, y la sociedad se limita  a un juicio de valor o de desvalor sobre la persona del profesional, sin que, el mismo encuentre entre sus pares o las instituciones que representan el gremio al que pertenece, quien siquiera emita algún tipo de opinión al respecto.

 

Es de esta forma que, el abogado de la defensa, al tiempo de asistir a su representado, debe además, hacer de defensor propio, ya que es visto por una parte de la sociedad, como una especie de abogado del diablo, quien recibe a través de las distintas redes sociales, ataques feroces, improperios y todas clases de epítetos en contra de esta persona que realiza su trabajo. Creo que el único profesional del país, que es atacado, insultado y desmeritado por hacer su trabajo, es el abogado, y eso debe llamar a reflexión.

 

Ahora que la mayoría de la sociedad está prestando atención a los juicios penales, es oportuno aprovechar ese interés para educar a la sociedad con respecto al  rol de cada uno de los sujetos procesales, pues no solo es conocer el resultado y estar satisfecho con ello, sino, que debe la sociedad salir de la  ignorancia y empoderarse a través del conocimiento que es el único que le dará las herramientas para exigir a las diferentes partes el cumplimiento de la ley, de acuerdo a las obligaciones que corresponda a cada uno de ellos.

 

Pero muy especialmente, el rol del abogado de la defensa, que se entienda y respete, que el mismo está haciendo su trabajo, ejerciendo su profesión y aplicando las técnicas que la ley pone a su disposición para que realice una defensa técnica, que además la ley exige que sea eficiente y eficaz, necesaria para preservar el sagrado derecho de defensa, derecho establecido como uno de los pilares del proceso penal, en el Estado Social y Democrático de Derecho al que aspiramos todos.

 

No es el abogado del diablo, es el abogado de todo los ciudadanos, pues nadie está exento de sentarse en el banquillo de los acusados. La puerta para entrar a la justicia es muy amplia y no discrimina, y entran por ella, culpables e inocentes, pero esto no se determina hasta tanto, sea llevado un proceso, en el que se respete el derecho y garantías de todas las partes, tanto las involucradas, como aquellas que intervienen en función del papel que le constitucional y legalmente le corresponde.

 

Por: Awilda Reyes

Catedrática universitaria / Abogada


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