TÓPICOS SOBRE EL PRINCIPIO “ELECTA UNA VÍA…”

 

Lic. Romeo Trujillo Arias/Abogado.

El principio[1] “Electa una via, non datur recursus ad alteram”, es un aforismo latino que establece que elegida una vía, no se puede recurrir a otra, comúnmente conocido y aplicado en materia procesal penal, conforme establece el párrafo del artículo 50 del Código Procesal Penal (CPP), modificado por la Ley 10-15, del 10 de febrero de 2015, el cual expresa que: “La acción civil puede ejercerse conjuntamente con la acción penal, conforme a las reglas establecidas por este código, o intentarse separadamente ante los tribunales civiles, en cuyo caso se suspende su ejercicio hasta la conclusión del proceso penal. Cuando ya se ha iniciado ante los tribunales civiles, no se puede intentar la acción civil de manera accesoria por ante la jurisdicción penal. Sin embargo, la acción civil ejercida accesoriamente ante la jurisdicción penal puede ser desistida para ser reiniciada ante la jurisdicción civil”.

El citado principio “electa una vía…”, tiene su aplicación cuando, sobre la base de un mismo hecho que tiene características penales, se ha iniciado primero la acción civil. En tal caso ya no se puede apoderar la jurisdicción penal, porque esto agravaría la situación del procesado. Pero nada impide que se inicie por ejemplo, una demanda en cobro de pesos basada en un préstamo en la jurisdicción civil, y que posteriormente, debido al surgimiento de maniobras fraudulentas, se presente una querella penal, en razón de que ambas acciones pueden coexistir y tomar rumbos diferentes, toda vez que no tienen su origen en el mismo hecho incriminado.

Para que ese principio tenga aplicación, es preciso que haya identidad de personas, de objeto y de causa en ambas demandas, la civil y la penal. No existe esta identidad cuando la jurisdicción penal es apoderada sobre el fundamento de que el querellado habría infringido, -para poner una casuística-, la Ley 5869 sobre violación de propiedad, cuyo objeto era obtener una sanción penal y eventualmente una indemnización pecuniaria, mientras que la demanda civil persigue el desalojo o desocupación del inmueble.

Ha sido juzgado por la suprema corte de justicia, que no hay violación al principio “electa una vía...”, cuando la acción civil incoada en primer término persigue el pago de una suma adeudada, fundada en el incumplimiento de una obligación contractual, y la acción penal es iniciada en razón de un delito sancionado por la Ley de Cheques. No. 37, Pr., Mar. 2000, B.J. 1180; No. 6, Seg., Ene. 2002, B.J.1094[2].

La demanda llevada por la vía civil en cobro de pesos no impide que en contra de los deudores se inicie una acción penal por violación por ejemplo, a la Ley de Fomento Agrícola, cuando las prendas dadas en garantía han desaparecido o se han deteriorado. En este caso no es aplicable el principio “electa una vía”.

En atención a lo anterior, la autoridad de la cosa juzgada se impone a la decisión por intervenir en otro proceso cuando existe identidad de objeto, de causa y de partes entre ambos procesos. Ahora bien, ha sido juzgado que cuando la causa es distinta, por haber versado el primer proceso sobre el deslinde de un inmueble y el segundo sobre la reivindicación del mismo, no puede ser invocada la autoridad de la cosa juzgada sobre el segundo proceso. No. 6, Ter., May. 2012, B.J. 1218.

Es de mucha importancia saber, que no es posible intentar la acción civil de manera accesoria si ella se fundamenta en la inejecución de una obligación contractual, algo que es muy común en la práctica jurídica, que de manera abusiva llevan ante la jurisdicción represiva asuntos puramente civiles.

Asimismo, la acción civil llevada conjuntamente con la acción pública persigue fines pecuniarios, mientras que la acción pública tiende a reparar el agravio a la sociedad, por lo que la primera no tiene ninguna influencia sobre la segunda.

Reiteramos, que el principio “electa una vía...”, significa que si una persona lesionada plantea su reclamación en la vía civil, no puede constituirse en parte civil en un proceso penal sobre el mismo hecho. Pero nada se opone a que, como querellante, logre que el Ministerio Público instituya un proceso penal. 

También ha sido juzgado, que la jurisdicción penal determinó que el comprador no fue el autor de falsedad en escritura de los actos de venta que desembocaron en la transferencia inmobiliaria a su favor. Esta comprobación no es obstáculo para que los jueces de la jurisdicción de Tierras, frente a una litis donde se cuestiona la validez de los indicados actos, puedan examinar si los mismos eran válidos o no. En este caso se determinó, en base a las pruebas aportadas, que las ventas eran nulas. No. 81, Ter., Jun. 2012, B.J. 1219.

No obstante, la parte lesionada por una infracción de tránsito tiene la facultad de intentar su acción, sea ante los tribunales civiles, sea ante los tribunales represivos. Nada se opone a que dicha parte, constituida en parte civil ante el tribunal penal, abandone su demanda para intentarla ante los tribunales civiles, mientras no haya un fallo sobre el fondo en la jurisdicción penal.

Cuando no es recurrida una decisión judicial en materia penal, contentiva de implicaciones en cuanto a la responsabilidad civil, ésta adquiere la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, que hace improcedente que se vuelva a intentar la acción por ante los tribunales civiles, por el principio “Electa una vía…”: elegida una vía, no es apto recurrir a otra.

Conviene destacar, que según lo establece el artículo 69.10 de la Constitución, el respeto al debido proceso conlleva la correcta aplicación y vigencia del proceso judicial, de lo cual se desprende que este derecho implica, entre otros deberes, la observancia del respeto a los derechos legales que asisten a una persona, según la ley, así como el cumplimiento de todas las disposiciones legales previstas por el legislador para cada proceso, sea este judicial o administrativo.

En definitiva, el principio electa una vía, en los términos en que ha sido consagrado en el citado artículo 50 del Código Procesal Penal, dispone en favor del procesado el derecho de que una vez que la víctima hubiere perseguido las indemnizaciones derivadas del hecho penal por ante la vía civil, no pueda abandonar esta vía para perseguir dicha indemnización por la vía penal; principio con el que se persigue impedir la agravación de la situación del procesado[3]. En esta virtud, hemos de concluir que, en efecto, dicho principio electa una vía forma parte del debido proceso, y que su inobservancia acarrea la violación de la garantía a la tutela judicial efectiva.

 


[1] Prefiero utilizar la palabra “principio” y no “regla” o “máxima”, porque el primero es el término utilizado por el Tribunal Constitucional Dominicano en las decisiones: TC/0068/16 y TC/0085/19.

[2] Otras decisiones consultadas: No. 20, Seg., Mar. 1999, B.J. 1060, No. 48, Seg., Jul. 2001, B.J. 1088, No. 53, Seg., Mar. 2006, B.J. 1144 y No. 34, Pr., Ene. 2012, B.J. 1214; SCJ, No. 48, julio 2001, B. J. 1088. Véase tb., SCJ, No. 6, mayo 2012, B. J. 1218; SCJ No.  81, junio 2012, BJ 1219; SCJ, No. 34, enero 2012, BJ 1214.

[3] TC/0068/16, TC/0085/19, Véase también SCJ, 11 de marzo de 1999, B.J. No. 1060, p. 253. SCJ, B. J. No. 1064. Año 49º.- No. 4, Seg., 10 Dic. 1997, B.J. 1045; SCJ, B. J. No. 788. Año 1091º; SCJ, B. J., No. 825. Año 1602º.-

   

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