Santo Domingo, RD.- La fiscal del Distrito Nacional fue apoderada de un sometimiento en contra de los presidentes del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), del Grupo Cap Cana y el Aeropuerto Internacional de Bávaro, a los que acusan de un presunto fraude contra el Estado al efectuar transacciones simuladas que sobrepasan los 2 mil millones de pesos sin pagar impuestos.
La querella fue
depositada a la fiscal titular Rosalba Ramos, en contra de Miguel Alberto Surún
Hernández, Abraham Hazoury Toral, Rafael Fernández de Castro, del Aeropuerto
Internacional de Bávaro y el Grupo Cap Cana.
El sometimiento
por lavado de activos y asociación de malhechores, fue interpuesto por el
empresario norteamericano Mariano González Díez y su compañía Maho
Trading a través del abogado Jorge Lora Castillo.
En la instancia se
pide a la fiscalía investigar las propuestas en la querella, además de
solicitar prisión preventiva en virtud de la gravedad de las imputaciones
y los ilícitos denunciados.
Conforme con el
abogado con el sometimiento se busca resarcir eventualmente al médico
puertorriqueño González Díez, comprador de un solar en Cap Cana por unos
US$2.970.000 en el 2007. El pago debió ir a una cuenta en plica y los
fondos utilizados en las obras de infraestructura del proyecto Los Farallones
de Trump, lo que no ocurrió.
Sostiene la
querella que ante el uso indebido de esos recursos e incumplimiento, el
inversionista acudió al Centro de Resolución Alternativa de Conflictos de
la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo y Cap Cana condenada al
pago de los US$2.970.000 y una indemnización por daños y perjuicios ascendente
a US$567.636, en diciembre pasado.
De acuerdo a la
querella, Surún Hernández constituyó la sociedad comercial CVC ONE, Inc. en
Panamá con un capital mínimo el 11 de noviembre del 2009, la registró el
21 de mayo del 2012 en la Cámara de Comercio y Producción de La Romana y
posteriormente la utilizó en connivencia con Hazoury Toral para la compra de
los terrenos donde se construiría el Aeropuerto Internacional de Bávaro por un
total de RD$116.455.653.59, entre junio y julio del 2019.
El presidente del
Colegio de Abogados (CARD), en cuya declaración de bienes no figura la compañía
extranjera, cedió la titularidad de la misma a Hazoury Toral el 8 de julio del
2019, pero la transferencia de las acciones fue inscrita el 27 de agosto del
2020. El CARD recibe fondos públicos y su presidente está obligado a declarar
bajo juramento todos sus haberes.
Según se indica en
la querella, los terrenos fueron vendidos al Aeropuerto Internacional de Bávaro
AIB S.A.S. el 21 de octubre del 2019 por US$38.490.938, equivalentes a
RD$2.232.474.000, dado que Hazoury Toral también era presidente de ambas
razones comerciales, se vendió y compró a sí mismo, pero en solo tres meses
revaluó 19 veces lo pagado inicialmente por CVC ONE a los propietarios
originales de los terrenos.
“Huelga señalar
que la empresa CVC ONE Inc., por sí misma, no tenía ninguna actividad económica
legítima, reconocida o registrada que le permitiera hacer estas inversiones
millonarias, sustentadas en el lavado de activos, la evasión de impuestos, como
delito precedente, y sobre todo, mediante el evidente uso del testaferrato”, se
indica en la querella.
En esas maniobras
financieras, el abogado Lora Castillo advierte una asociación de malhechores
para desfalcar al Estado dominicano bajo ocultación y simulación patrimonial. A
su entender y dada la baja capitalización de la empresa panameña y su exclusión
de la declaración jurada de Surún Hernández, hay que determinar el origen de
los recursos utilizados para comprar los terrenos donde se levantaría el
Aeropuerto Internacional de Bávaro.
Las supuestas
compras fueron realizadas en principio por Rafael Fernández de Castro, quien
entra al escenario de la CVC ONE, Inc., propiedad de Surún
Hernández, el 5 de mayo del 2019, cuando el consejo de administración le
otorga poder para la “administración diaria y corriente de la entidad y
adquirir comprar, permutar y vender inmuebles”.
Cuando la compañía
fue constituida, el consejo de administración estaba compuesto por Miguel
Alberto Surún Hernández, presidente, quien detentaba todos los poderes;
Catherine Castellanos Lora, vicepresidenta, y Esperanza Victoriano Rosario,
secretaria.
Fuente: Listín Diario
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