LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y LA SUSPENSIÓN LABORAL


El artículo 69 de la Constitución Dominicana, el cual regula, dentro de las garantías a los derechos fundamentales, específicamente en el párrafo 3, establece que toda persona tiene: "El derecho a que se presuma su inocencia y a ser tratado como tal, mientras no se haya declarado su culpabilidad por sentencia irrevocable".

 

Muchos se preguntan si el hecho de que un servidor público o funcionario sea sometido a la acción de la justicia como consecuencia de un querellamiento, puede dar lugar a una suspensión de las labores sin que esto violente el citado principio constitucional de la presunción de Inocencia.

 

La ley de Función Pública, marcada con el número 41-08, permite la suspension de las labores de cualquier servidor público, con disfrute o no del salario, hasta por noventa (90) días, sujeto a renovación, mientras se lleve a cabo y se agote una investigación penal en contra del servidor.

 

Esa facultad está prevista en los artículos 81, 83, 85 y 88 de la mentada ley de Función Pública, fortalecida por su Reglamento de aplicación No. 523-09.

 

Es cierto que tanto la presunción de Inocencia como el debido proceso de ley, son principios fundamentales básicos que deben ser respetados en toda instancia y actuación judicial o administrativa, velándose por el procedimiento en el que se respete el derecho de defensa y de contradicción de todas aquellas personas que puedan resultar afectadas con la decisión administrativa. 

 

No obstante lo anterior, el Tribunal Constitucional Dominicano, estableció mediante sentencia TC/0051/14, que la suspensión de un agente policial mientras se conoce y se decide un proceso penal en su contra, no transgrede el principio constitucional de la presunción de inocencia, contrario a lo que sucede en caso de una cancelación, donde sí habría una flagrante violación al citado principio, también al derecho de trabajo y al honor.

 

Por último, también ese mismo alto tribunal estableció mediante sentencia TC/0391/15, que las normas que disponen la suspensión de funcionarios municipales con motivo de un sometimiento penal no transgreden el principio constitucional de la presunción de inocencia.

 

Lic. Romeo Trujillo Arias

Abogado


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