LA CONCILIACIÓN EN MATERIA PENAL

LA CONCILIACIÓN EN MATERIA PENAL

 

La conciliación, es el instituto jurídico tendente a evitar, mediante acuerdo previo, concluido en la presencia de un juez o autoridad, que se produzca o excepcionalmente que siga adelante, entre varios sujetos, un proceso jurisdiccional sobre asunto litigioso.

La Conciliación tiene la finalidad de que las partes puedan ponerle fin al conflicto, mediante la desjudicialización del proceso, ya que la tendencia moderna es que sólo se mantengan en los tribunales aquellos casos en que exista un interés colectivo o social afectado; mientras que en aquellos en los que se manifieste un daño de puro interés particular, las partes puedan conciliar. La Conciliación es uno de los procesos alternativos, mediante los cuales se buscar poner término y solución a los conflictos entre las partes[1].

Al tenor de lo que el Artículo 37 del Código Procesal Penal Dominicano, procede la conciliación para los hechos punibles siguientes: 1) Contravenciones; 2) Infracciones de acción privada; 3) Infracciones de acción pública a instancia privada; 4) Homicidio culposo; y 5) Infracciones que admiten la suspensión condicional de la pena.

El citado artículo 37 numeral 3 del Código Procesal Penal (CPP), no obstante establecer que procede la conciliación en las infracciones de acción pública a instancia privada, ese mismo artículo en el párrafo segundo faculta al MP a desestimar la conciliación e iniciar o continuar la acción cuando tenga motivos para considerar que algunos de los intervinientes ha actuado bajo coacción o amenaza.

En las infracciones de acción pública, la conciliación procede en cualquier momento previo a que se ordene la apertura del juicio. En las infracciones de acción privada, en cualquier estado de causa.

En los casos de acción pública, el Ministerio Público (MP) debe desestimar la conciliación e iniciar o continuar la acción cuando tenga fundados motivos para considerar que alguno de los intervinientes ha actuado bajo coacción o amenaza.

En los casos de violencia intrafamiliar y los que afecten a los niños, niñas y adolescentes, el Ministerio Público sólo puede procurar la conciliación cuando lo soliciten en forma expresa la víctima o sus representantes legales, y siempre que no esté en peligro la integridad física o psíquica de la víctima”.

La conciliación está prevista en el citado Art. 37 CPP, para aquellos casos en los cuales las partes, demandado y demandante, pueden llegar a un acuerdo antes de que intervenga un juicio. Cuando se trate de hechos en los cuales interviene la acción pública deberá producirse el acuerdo antes de la apertura a juicio y en los de carácter privado en cualquier estado de causa.

En todas estas infracciones de acción pública por instancia privada la conciliación siempre será posible, en aplicación del artículo 37.3, a partir de que las partes así manifiesten su interés en conciliar el conflicto judicial cuando su génesis esté en uno de los nueve tipos penales que contiene el Art. 31.

Se juzgó que, si bien el homicidio culposo se encuentra dentro de las infracciones que permiten la conciliación, este procedimiento debe seguirse previo a la apertura a juicio en casos de accidentes de tránsito, ya que este tipo de infracción es de acción penal pública a instancia privada. No. 23, Seg., Dic. 2007, B.J. 1165.

En todos los casos de acción privada las partes pueden conciliar sus intereses, conciliación que debe ser materializada como fase preliminar y obligatoria, siempre antes de la celebración del juicio, en aplicación de los Arts. 37 y 361 CPP, y es también admitida en cualquier estado en que se encuentre el proceso.

En los casos de acción privada es considerada como un abandono de acusación, cuando la víctima o su mandatario no comparece a la audiencia de conciliación, sin causa justificada, al tenor del artículo 362, numeral 1 del CPP.

En los delitos de acción privada cuando el juez o tribunal fija la audiencia tendente a la posibilidad de la Conciliación, actúa como un mediador, además nada se opone a que el juez o tribunal intervenga como mediador, o que le haga saber a las partes que pueden acordar el recurrir a un componedor; de hecho, la Conciliación es una mediación. El Art. 2 CPP, manda a los jueces y tribunales a procurar la solución de los conflictos surgidos entre las partes para contribuir a la restauración de la armonía social, señalando que el proceso penal debe ser entendido como una solución extrema.

Ha sido juzgad que, tratándose de una acción penal privada, actúa incorrectamente el juez de primer grado que, luego de fijar la audiencia de conciliación y en el transcurso de ésta, declara inadmisible la querella. Si no hay acuerdo, lo correcto es convocar a juicio y una vez en él, decidir sobre la querella, salvaguardando así el derecho de las partes al debido proceso (art. 361 C.Pr.Pen.). No. 41, Seg., Nov. 2010, B.J.1200.

La decisión del tribunal en una audiencia de conciliación, que declara inadmisible una querella de acción penal privada, pone término al procedimiento. No puede ser recurrida en apelación, sino solamente en casación.

La violación a la Ley de Cheques constituye una acción penal privada, en la cual se establece la posibilidad de acogerse a la conciliación en todo estado de causa. Pero cuando la imputada no cumple con lo pactado en la conciliación, el proceso debe seguir su curso, como si dicho acuerdo no se hubiese celebrado.

Durante el procedimiento preliminar de conciliación de un caso de violación a la Ley de Cheques, las partes pueden comparecer personalmente o asistidas por sus abogados. El ofrecimiento de pagar el cheque dado al querellante y actor civil no descansa en el abogado defensor, sino en el imputado. (Arts. 3, literales k y l, y 20 Res. S.C.J. No. 1029-2007).

Una decisión que en lo particular me llamó la atención, y contrario al pensamiento de muchos, en el sentido de que: “Los casos de acción pública no están sujetos a las conciliaciones entre los particula­res, por pertenecer su dirección y ejecutoria al Ministerio Público. No constituye causa de extinción de la acción pública el hecho que haya intervenido entre las partes una concilia­ción”. No. 20, Seg., Feb. 2012, B.J. 1215.

En el mismo sentido anterior, nuestra honorable Suprema Corte de Justicia estableció: "Que es de principio que la acción pública pertenece a la sociedad, la cual delega o confía su ejercicio a un cuerpo u órgano denominado Ministerio Público; que, por consiguiente, una vez puesta en movimiento, en atención al interés social, el Ministerio Público que la impulsó no puede disponer de ella, ni negociar su retiro o desistimiento; (...)” (Sent. No. 43, del 31 de agosto del 2011, B. J. 1209, pp. 804. Citada por Moscoso Segarra, Nuevo Código Procesal Penal Comentado, pág. 60).

Las decisiones jurisprudenciales antes mencionadas, tienen su sustento en el párrafo segundo del artículo 30 del CPP establece que: “La ACCIÓN PÚBLICA no se puede suspender, interrumpir ni hacer cesar, sino en los casos y según lo establecido en este código y las leyes”.

Es importante saber, que en la fase o etapa conciliatoria, no se deben presentar cuestiones incidentales por extemporáneas y por ser inoportuna su discusión en esta fase, pudiendo ser invocados posteriormente durante cualquier estado de causa.

Al tenor del artículo 356 del CPP, en materia de contravenciones la conciliación procede en todo momento.

En cuanto a los efectos de la conciliación, el artículo 39 del CPP establece que: Si se produce la conciliación se levanta acta que tiene fuerza ejecutoria. El cumplimiento de lo acordado extingue la acción penal. Si el imputado incumple sin justa causa las obligaciones pactadas, el procedimiento continúa como si no se hubiera conciliado”[2].

Como se advierte de la lectura del Art. 44 CPP, sobre las causas de la extinción de la acción pública, que en el ordinal 10, sobre la conciliación extingue la persecución penal privada, le pone término, siempre que se cumpla la condición, del cumplimiento de la obligación de lo acordado entre las partes (arts. 37 y 361 CPP). Es decir, que si bien es cierto que la conciliación constituye una causa de extinción de la acción penal, no menos cierto es, que para que la misma surta tal efecto, el MP debe asegurarse de que el imputado haya cumplido a cabalidad las obligaciones pactadas, ya que de no cumplirse lo estipulado, el procedimiento debe continuar como si no se hubiese conciliado, todo esto en virtud de lo que establece el artículo 39 parte in fine del citado CPP.

La conciliación extingue la acción penal siempre que la parte deudora cumpla con las obligaciones pactadas. La extinción de la acción penal está sujeta al cumplimien­to de lo pactado, generando el incumplimiento la continuación del proceso. Para declarar extinta la acción penal, el Juez debe esperar que se cumpla el plazo acordado por las partes en el acuerdo de sobreseimiento depositado en el Tribunal. No. 11, Seg., Mar. 2011, B.J. 1204.[3]

En el Art. 448 CPP, se establece que […] “la ejecución de los acuerdos de las partes sobre la reparación del daño que provoca la extinción de la acción penal se tramitan ante la jurisdicción civil”, lo que parece ser un contrasentido con la parte del presente texto que señala […]“el procedimiento continua como si no se hubiere conciliado”; sobre todo que si el juez admite el acuerdo y declara la extinción de la acción pública se desapodera del asunto y por lo tanto el procedimiento no continua en la jurisdicción represiva; lo correcto es que, como lo indica el Art. 448 CPP, se exija el cumplimiento de lo acordado en los tribunales civiles, pues existe un acuerdo que incumple una de las partes, debiendo ser iniciada una demanda en ejecución de contrato o acuerdo.

Por último, también es importante saber, que la conciliación es un acto que debe ser suscrito o por lo menos homologado, dentro de los confines de lo jurisdiccional, por lo que carece de validez el acto de conciliación suscrito previo a la acusación y no homologado por el juzgador en la fase de conciliación.

 

[1] Ver Res. No. 12437-2004, de la Procuraduría General de la República, donde  Se instruye a los miembros del Ministerio

Público, en particular a los Procuradores Fiscales y sus Adjuntos y a los Fiscalizadores, Ordinarios y de Tránsito, a promover la conciliación y mediación, salvo en algunos casos en materia de tránsito, como: a) Cuando se haya ocasionado la muerte de una persona; b) Cuando a una persona se le ha causado lesión permanente; c) Cuando se trate de conductores ebrios; d) Cuando se trata de conductores temerarios, en particular en caso de vehículos pesados, sin perjuicio de los demás casos de manejo temerario; e) Cuando ha habido abandono de la víctima; o f) Cuando se trata de un caso que dada su gravedad manifiesta, el juicio profesional del Ministerio Publico le indica que no califica para la aplicación de un criterio de oportunidad.

Ver Res. No. 14786 de la Procuraduría General de la República, que instruye a los miembros del Ministerio Público promover la solución alternativa de los conflictos, a través de la conciliación y mediación en aquellos casos en que resulte conveniente para restaurar la armonía social, tomando en cuenta la naturaleza de los hechos punibles.

[2] Ver Arts. 44.10, 267,279, 281.8, 359 y 361 del CPP.

[3] Decisiones consultadas: No. 35, Seg., Jun. 2012, B.J. 1218; No. 01, Seg., Feb. 2008, B.J. 1167; No. 62, Seg., Jun. 2007, B.J. 1159; No. 9, Seg., Ene. 2010, B.J. 1190; No. 53, Ter., Mar. 1999, B.J. 1060 y No. 13, Seg., Nov. 2012, B.J. 1224.

 

Por: Lic. Romeo Trujillo Arias

Abogado


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