Una solicitud de auditoría realizada por el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) a la Cámara de Cuentas, en enero del 2019, degeneró en diferencias entre ambas partes al impedir el experticio y dar paso a que el caso fuera remitido al Ministerio Público.
La situación se registra
porque según el organismo fiscalizador del Estado, el gremio de abogados que en
principio hizo el requerimiento, luego se resistía a colaborar para realizar la
auditoría.
En una carta fechada el 11 de
agosto del presente año, el presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Francisco
Alvarez Pérez, comunicó a la Procuraduría General de la República que ese gremio
está sujeto al control externo gubernamental a su cargo.
Refirió que el pleno del
organismo aprobó una auditoría financiera por el periodo comprendido entre el
1ro de enero del 2016 y 31 de diciembre del 2018, y que el 2 de mayo del 2019
remitieron comunicación solicitando colaboración e informando las credenciales
de los auditores que realizarían la función fiscalizadora en la entidad.
“A pesar de las comunicaciones
cursadas y de haber transcurrido más de 12 meses de la reunión de fecha 15 de
mayo del 2019 sostenida con el equipo de auditores en la cual la entidad
solicitó un plazo de 3 semanas para habilitar un espacio físico para nuestros
profesionales, hasta la fecha no se nos ha notificado la habilitación del
espacio prometido”, aduce Álvarez Pérez.
Asegura que el CARD se ha
negado a recibir las comunicaciones relativas al inicio de los trabajos
fiscalizadores. Que el gremio comunicó el 6 de agosto del 2020 que no cuentan
con un lugar para los auditores y que informarían cuando tengan disponibilidad.
“Sobre dicha postura tomada
por el CARD, es necesario precisar que la rendición de cuentas es una
obligación para todas aquellas entidades que obtengan recursos del Estado y que
en caso de inobservancia, es el Estado el que tiene que exigir su ejecución”,
se advierte.
Sin embargo, el presidente del
Colegio de Abogados, Miguel Surún, calificó como una campaña sucia y una
difamación el que se trate de decir que se resisten a ser auditados.
Destaca que fueron ellos
quienes solicitaron el experticio y que actualmente están con las cuentas
embargadas.
“Ellos fueron y nosotros les
explicamos que nos habíamos mudado y que nos dieran tiempo, pero el deseo era
de hacer daño”, especificó.
Sostuvo que resulta ilógico
solicitar una auditoría y que luego se trate de argumentar temor y resistencia.
Surún dijo que el gremio
contrató una firma privada para que auditaran al colegio y los resultados están
ahí. “Estamos dispuestos a que nos auditen, no tenemos inconvenientes, pues fue
el Colegio que lo solicitó”, aseguró.
Fuente: Diario Libre
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