REGULACIÓN DE LAS FICHAS Y SU LEVANTAMIENTO O RETIRO



Las fichas son registros que conservan y acumulan algunas instituciones públicas, respecto del comportamiento delictivo e investigativo de inteligencia policial y del Ministerio Público, cuyos propósitos están sustentados en el control y la prevención del crimen, asimismo, es el control en el comportamiento de los ciudadanos como labor de prevención que hayan sido sometidos a la justicia o con decisión judicial.

Cuando las pretensiones de un accionante tienden al levantamiento, supresión o eliminación de informaciones, supuestamente incorrectas, que sobre su persona reposan en registros o fichas, debe incoarse una acción de hábeas data, conforme al artículo 70[1] de la Constitución dominicana, y conforme al artículo 64 de la Ley núm. 137-11, se rige por el régimen procesal común del amparo. De ahí que, en caso de que el accionante interponga la acción como un amparo, el tribunal debe, haciendo uso de los principios de celeridad, oficiosidad consagrada en el artículo 7.11 y economía procesal, recalificar y otorgarle al caso el alcance jurídico que merece y lo conozca en atención a lo que en efecto es: una acción de hábeas data.

Será competente para conocer de la acción de amparo, el juez de primera instancia del lugar donde se haya manifestado el acto u omisión cuestionado. En aquellos lugares en que el tribunal de primera instancia se encuentra dividido en cámaras o salas, se apoderará de la acción de amparo al juez cuya competencia de atribución guarde mayor afinidad y relación con el derecho fundamental alegadamente vulnerado.

Del contenido de algunas de las disposiciones esbozadas en el Decreto núm. 122-07, del 14 de marzo del 2007, que establece el Reglamento para el Registro de Datos sobre Personas con Antecedentes Delictivos, se desprende, entre otras, la siguiente clasificación:

a) La Ficha Permanente, que recoge los antecedentes penales de las personas que han sido condenadas por haber cometido hechos delictivos, a condición de que dicha condena conste en una sentencia que haya adquirido la autoridad irrevocable de la cosa juzgada;

b) La Ficha Temporal o de Investigación Delictiva, que recoge los antecedentes penales de las personas en relación con las cuales se haya dictado una medida de coerción, a pedimento del Ministerio Público; y,

c) El Registro de Control e Inteligencia Policial, en el cual constan datos e informaciones que son conservados bajo la exclusiva responsabilidad de la Policía Nacional, pero bajo la supervisión del Ministerio de Interior y Policía.

La normativa de referencia crea una serie de registros de actividad penal, entre ellos, uno de control e inteligencia policial, cuyo consumo es exclusivo de las autoridades competentes. Cuando en una certificación expedida por la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, se establece por ejemplo, que; “no se encontró caso penal judicializado que involucre al señor…”, lo cual, de hecho, descarta la posibilidad de que los registros cuestionados se enmarquen en las categorías de temporales de investigación delictiva ─artículo 5, párrafo II─ o permanentes ─artículo 5, párrafo III─, del Decreto 122-07, ya que al accionante no se le ha sometido a la justicia penal y, en consecuencia, no se le ha fijado medida de coerción ni, mucho menos, impuesto una condena definitiva. Así las cosas, el mismo decreto 122-07 se encarga de revelar que los registros de control e inteligencia policial, por sí solos, no afectan derechos fundamentales en vista de que la referida información no es de dominio público, sino de consumo interno para las entidades de control del orden, prevención, investigación y persecución de la actividad delictual-criminal.

Pero cuando el registro ─o ficha─ de control e inteligencia es realizado teniendo un fundamento falso o errado, conforme al artículo 16[2] del indicado decreto 122-07, el ciudadano afectado puede ─y de hecho debe─ solicitar el levantamiento del asentamiento infundado a fines de que sea corregida la situación.

En ese tenor ─en un contexto similar─ el Tribunal Constitucional estableció, en la Sentencia TC/0027/13, lo siguiente:

“El mantenimiento de dicha ficha, por parte de la Policía Nacional, luego de haberse establecido que el referido ciudadano no ha tenido expediente penal a cargo, constituye una grave violación a los derechos invocados por él, lo que deviene un obstáculo para que alcance de manera plena su libre desarrollo personal y pueda convivir dignamente en la sociedad. […]

Además, se puso de relieve que en el caso se trata de un registro de antecedentes radicado por error y que, por tanto, debió bastar para su subsanación tan sólo la solicitud del interesado, sin necesidad de cumplir ningún otro trámite para la eliminación o retiro de la referida ficha del sistema de información pública, ya que esto le hubiera permitido a la institución del orden subsanar su propia deficiencia o inexactitud”.

Y es que la inclusión de una persona en un registro de actividad penal, ya sea mediante una ficha de control, provisional o permanente, sin un fundamento legítimo ─como sería al menos evidencia de la puesta en curso de la acción penal por los hechos que fundamentan los registros─ comporta una violación al derecho fundamental a la intimidad y al honor personal, previsto en el artículo 44.4[3] de la Constitución.

Es importante enfatizar que el señalado artículo 44 de la Constitución establece una regulación o limitación al respecto, al señalar que toda autoridad o particular debe respetar el derecho de toda persona al honor, al buen nombre y a la propia imagen, y en caso contrario estará obligado a resarcirlo o a repararlo; por tanto, siempre y cuando la institución mantenga las informaciones recabadas para su uso interno, y cumpla con lo dispuesto en esta norma, tal actuación no puede considerarse como lesiva de los derechos fundamentales de la persona, siempre que se enmarque en lo dispuesto en el numeral 4 del citado artículo, cuando establece que el uso de este tipo de datos e informaciones “sólo podrán ser tratados o comunicados a los registros públicos, a partir de que haya intervenido una apertura a juicio, de conformidad con la ley”.

Concatenado con lo anterior se encuentra el derecho fundamental a la dignidad humana, previsto en el artículo 38 constitucional en los términos siguientes:

El Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes. La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable; su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos”.

En la misma medida y con relación al derecho a la dignidad humana, el TC mediante sentencia TC/0027/13, estableció que:

“[…] ninguna […] persona, aun tratándose de un condenado a penas privativas de libertad, puede ser mantenido soportando de por vida el fardo de antecedentes penales destacados en registros de acceso público, lo que constituye un serio obstáculo para el ejercicio de importantes prerrogativas ciudadanas, en especial el derecho a no ser discriminado pudiendo, en determinados casos, generar daños irreparables”.

Resulta de mucha importancia establecer, que la pretensión de un accionante en hábeas data ─y, por ende, la de amparo─  tendente al establecimiento de una indemnización resarcitoria a su favor en ocasión de los daños y perjuicios que pudo haberle causado la violación a sus derechos fundamentales a la dignidad humana, intimidad y honor personal, deviene en inadmisible, por ser notoriamente improcedente conforme al artículo 70.3 de la Ley núm. 137-11.[4]

Cuando se comprueba que en la República Dominicana no existe una condena en contra de un ciudadano, que haya adquirido la autoridad irrevocable de la cosa juzgada, ni tampoco se aprecie que se haya dictado en su contra medida de coerción alguna, no puede inscribirse en la categoría de ficha permanente o temporal establecida en los literales a) y b) de la norma arriba citada, sino que debe incluirse dentro de la categoría c), es decir como un “Registro de Control”, para uso exclusivo de la Jefatura de la Policía Nacional.

Es pertinente precisar que las informaciones obtenidas por la Jefatura de la Policía Nacional no deben ser expuestas al alcance del público, tal y como lo establece el artículo 46 de la Resolución 0057, del 18 de septiembre del 2007, que instituye las políticas para la aplicación del Decreto 122-07. Ese texto señala que dichos datos no serán de acceso al público, y agrega en su párrafo I lo siguiente: “Sólo los miembros del Ministerio Público, organismos investigativos del Estado y el Departamento SIC, tendrán acceso a esa información”.

Lo anterior no implica, en modo alguno, que las entidades del Estado responsables de la investigación de los crímenes y delitos, no puedan preservar un archivo de informaciones que le permita hacer consultas al momento de cumplir sus funciones (TC/0027/13).

No existe violación de derecho fundamental alguno, por el registro de control e inteligencia policial que mantiene la Jefatura de la Policía Nacional a nombre de una persona, toda vez que el mismo se trata de un registro, cuyas informaciones y datos están siendo conservadas bajo la exclusiva responsabilidad de la Policía Nacional y es un registro interno, cuyas informaciones no están al alcance del público.

El Levantamiento o Retiro de Ficha, es el procedimiento por medio del cual la persona afectada por la colocación de una ficha permanente o temporal y de investigación delictiva, puede solicitar al Ministerio Publico el levantamiento o retiro de ficha del sistema de información pública, y así obtener la expedición del correspondiente certificado de no delincuencia, luego de cumplir con todos los requisitos establecidos por el Código Procesal Penal, la Ley No.224 sobre el Régimen Penitenciario de la Republica Dominicano, y la reglamentación respectiva, en cuanto al cumplimiento de la pena y especialmente, bajo el sistema progresivo, procediere la reinserción social del condenado.

La negativa injustificada o la negligencia comprobada ante la petición del interesado, una vez comprobado el cumplimiento de todos los requisitos, será considerada denegación de justicia y por tanto penalizada conforme al procedimiento establecido por el derecho común.

Con relación al tema del levantamiento o retiro de fichas, al momento de solicitarse una certificación de no antecedentes penales, el artículo 12 del referido decreto 122-07, establece que dichas fichas son de libre acceso al público, excepto lo que en situaciones especiales disponga la ley, y se deben emitir las certificaciones a solicitud de la parte interesada o de cualquiera persona que así lo solicite.

La citada Resolución 0057, en sus artículos 33 y 34 estableció en cuáles casos procede el retiro de fichas y sus requisitos, citamos:

“Artículo 33: Procederá el retiro de ficha o rectificación de datos sobre antecedentes judiciales en los siguientes casos:

5.- Personas condenadas: al cumplirse un periodo de tres (3) años de una condena en materia criminal y un (1) año en materia correccional, siempre que no existan registros de que haya vuelto a delinquir.

Párrafo: No procederán las fichas a las personas sometidas por infracciones calificadas como delitos culposos, involuntarios y no intencionales.

Artículo 34: El retiro o levantamiento de ficha cuando se trate de una ficha permanente, según los siguientes casos:

1. Cuando la persona haya sido condenada, es decir, si en su contra ha sido emitida una sentencia que haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada y no cumpla con las condiciones establecidas en el Artículo 33 de la presente Resolución.

2. Cuando exista un proceso abierto en el marco del cual el Ministerio Publico ha conocido o está conociendo algún caso donde pesa una querella en contra de la persona y aun no se ha tomado decisión alguna sobre el asunto”.

Esto ha sido corroborado por el tribunal constitucional, que mediante su Sentencia TC/0391/14, estableció que “el único órgano del Estado competente para levantar o retirar fichas del sistema de información pública, así como para expedir el correspondiente certificado de no delincuencia es el Ministerio Público”.

Existen evidencias de que los órganos especializados para suministrar las informaciones referentes a las fichas de ciudadanos, han incursionado en falta al no suministrarle la certificación de no antecedentes penales solicitada, máxime cuando se trate del cumplimiento de una pena por medio de sentencia definitiva según el citado artículo 40.16 de nuestra Constitución, la cual indica que, “Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social de la persona condenada” es decir, que cumplida la condena se entiende que el condenado ha sido reeducado y reinsertado socialmente en la sociedad.

En cuanto a la base legal de los derechos fundamentales que pueden ser vulnerados, están los artículos 68, 69, 74, 42, 40, 40.16 de la Constitución, 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Consideramos saludable mencionar que el TC en su Sentencia TC/0575/15, expresó lo siguiente: “De esta manera, y en base a las consideraciones precisadas en los puntos anteriores, este tribunal constitucional es del criterio de que la solicitud de retiro de ficha formulada por el hoy recurrente resulta ser improcedente, en razón de que, como se ha comprobado, no se trata de un registro o ficha temporal de investigación realizado de manera irregular, ni mucho menos que las informaciones contenidas en ese registro se encuentran abiertas al público”.

Las informaciones contenidas en un registro no son de carácter público, sino que su acceso se encuentra limitado, de manera exclusiva, al titular de los datos o informaciones, como lo es la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el Ministerio Público, a los organismos investigativos del Estado y al departamento que administra el Sistema de Investigación Criminal (SIC), conforme lo prevé el artículo 46 de la Resolución 0057, antes citada. En vista de lo anterior, el accionante debe aportar la documentación o prueba que evidencie que la parte accionada, haya hecho públicas las informaciones registradas en sus archivos.

El mantenimiento de una ficha, por parte por ejemplo, de la Policía Nacional, luego de haberse establecido que el ciudadano no ha tenido expediente penal a cargo, constituye una grave violación a los derechos invocados por él, lo que deviene en un obstáculo para que alcance de manera plena su libre desarrollo personal y pueda convivir dignamente en la sociedad.

Además, ninguna otra persona, aun tratándose de un condenado a penas privativas de libertad, puede ser mantenido soportando de por vida el fardo de antecedentes penales destacados en registros de acceso público, lo que constituye un serio obstáculo para el ejercicio de importantes prerrogativas ciudadanas, en especial el derecho a no ser discriminado pudiendo, en determinados casos, generar daños irreparables.

En iguales términos se refirió el TC en su Sentencia TC/0018/14, al decidir que:

“En procura de salvaguardar la prerrogativa de la reinserción en la sociedad de un ciudadano que haya purgado la pena a la cual fue condenado, resulta evidente e incuestionable la protección de los derechos conculcados, por lo que este tribunal le ordena al Ministerio de Interior y Policía que sea radiada la ficha que obra en el portal de la página Web de la institución, (…), sin desmedro de la potestad discrecional que tienen los organismos de seguridad del Estado respecto de los riesgos de control e inteligencia policial, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Decreto núm. 122/07 del ocho (8) de marzo, que establece “en cada caso serán llevados con rigor profesional de manera física y electrónica por cada una de las instituciones a cargo”.

Cuando el núcleo de la acción de hábeas data consiste en determinar si la existencia de los registros o fichas se traduce en una violación a los derechos fundamentales del accionante y si, en consecuencia, debe procederse a su retiro o levantamiento, el tribunal, a fin de resolver la cuestión que se le ha planteado debe hacer un análisis estricto de la situación fáctica del caso, normativa y del comportamiento jurisprudencial en la materia, esto es, sobre el retiro de información que reposa ante los órganos de control del orden, prevención, investigación y persecución de la actividad delictual-criminal en República Dominicana. (Ver con relación al tema: TC/0027/13, TC/0204/13, TC/0237/15, TC/0402/15, TC/0420/16, TC/0615/16, TC/0593/17,  TC/0726/17 y TC/0254/18).

 


[1] Art. 70: “Toda persona tiene derecho a una acción judicial para conocer de la existencia y acceder a los datos que de ella consten en registros o bancos de datos públicos o privados y, en caso de falsedad o discriminación, exigir la suspensión, rectificación, actualización y confidencialidad de aquéllos, conforme a la ley. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística”

[2] Artículo 16.- En caso de que en el Registro o Ficha de Investigación contenga anotaciones falsas o erróneas sobre un ciudadano/a, este podrá dirigirse ante la autoridad responsable del registro y solicitar por escrito la corrección correspondiente. Si procediere, la autoridad competente deberá proceder a corregir la información o data, conforme a la ley.

[3] Art. 44. “Toda persona tiene derecho a la intimidad. Se garantiza el respeto y la no injerencia en la vida privada, familiar, el domicilio y la correspondencia del individuo. Se reconoce el derecho al honor, al buen nombre y a la propia imagen. Toda autoridad o particular que los viole está obligado a resarcirlos o repararlos conforme a la ley. Por tanto: […] 4) El manejo, uso o tratamiento de datos e informaciones de carácter oficial que recaben las autoridades encargadas de la prevención, persecución y castigo del crimen, sólo podrán ser tratados o comunicados a los registros públicos, a partir de que haya intervenido una apertura a juicio, de conformidad con la ley”.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 12 proclama: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 17: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación”.

[4] Conviene recordar el criterio del TC en el entendido de que la acción de hábeas data ─y, por ende, la de amparo─ no es un escenario para obtener el reconocimiento de derechos ordinarios ─como sería la fijación de indemnizaciones pecuniarias procurada por el accionante en amparo─, ya que esto es una cuestión que ha sido confiada por el legislador a los tribunales de justicia ordinaria mediante procesos ordinarios. En efecto, la Sentencia TC/0031/14, del catorce (14) de febrero de dos mil catorce (2014), establece que: “La acción de amparo es una acción constitucional instaurada por el constituyente con la finalidad de reclamar ante los tribunales la protección inmediata de derechos fundamentales, no protegidos por el hábeas corpus. De lo aquí establecido se desprende, por ejemplo, que cuando la acción de amparo se interpone con la finalidad de proteger derechos subjetivos –cuya protección se garantiza adecuadamente mediante los procesos comunes por tratarse de un asunto de legalidad ordinaria– es notoriamente improcedente”.


Por: Lic. Romeo Trujillo Arias

Abogado / Catedrático Univeristario


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