¿PUEDEN EJERCER EL DERECHO LOS MIEMBROS DE LA POLICÍA NACIONAL?

 


La Policía constituye un instrumento de gobierno para hacer cumplir las leyes, mantener el orden y la seguridad, procurando el equilibrio entre los derechos y libertades de las personas para garantizar el bien común. De ahí que se trata de una función esencialmente social, en cuanto procura proteger los derechos de las personas y el ejercicio pleno de sus libertades.

Los miembros de la Policía Nacional tienen el carácter de servidores públicos[1]. Esta condición se mantiene en todos los ámbitos en que se desarrolle el ejercicio de la función policial, la cual siempre estará destinada a brindar un servicio de utilidad social.

El articulo 153 numeral 27 de la Ley 590-16, Orgánica de la Policía Nacional, califica como una falta muy grave[2], el ejercicio del derecho por parte de sus miembros, cualquiera que sea su rama.

Corresponde al Consejo Superior Policial, entre otras cosas, conocer los procesos disciplinarios llevadas contra miembros de la Policía Nacional, por la comisión de faltas muy graves, según lo establecido en la citada ley orgánica y el reglamento disciplinario (art. 21 de la Ley 590-16).

La indicada disposición tiene sustento constitucional en la reserva de la ley contenida en el artículo 143[3] de la Constitución dominicana para regular el régimen estatutario de la función pública, lo que implica que el Legislador puede legítimamente establecer incompatibilidades con el fin de asegurar que los servidores públicos, en este caso los miembros de la Policía Nacional, realicen efectivamente sus labores al servicio del Estado y del interés general. De manera más específica, el artículo 256 de la Constitución atribuye al legislador la facultad para regular el ingreso, nombramiento, ascenso, retiro y demás aspectos del régimen de carrera policial de los miembros de la Policía Nacional.

Con la norma analizada, se pretende proteger la prestación del servicio que implica el ejercicio de la función policial, en miras de evitar conflictos de intereses, colusiones ilegales, favorecimientos indebidos y otros de similar naturaleza, que pongan en peligro los deberes del ejercicio del cargo para con el órgano de la administración, la comunidad y el Estado.

El Tribunal Constitucional (TC), mediante sentencia TC/0481/17[4], tuvo a bien establecer que “la prohibición contenida en el artículo 153, numeral 27, de la Ley núm. 590-16, persigue fines constitucionalmente legítimos, encaminados a evitar que el agente policial aproveche, en perjuicio del interés general, las facultades derivadas de su cargo en su desempeño como abogado con intereses privados; así como controlar los riesgos que implica el ejercicio profesional concurrente entre la actividad pública y privada, donde el interés general puede entrar en tensión con expectativas individuales. Con esto también se promueve una mayor igualdad entre los abogados, impidiendo que la función pública se traduzca en tratos discriminatorios originados de la vinculación con el Estado”.

La incompatibilidad del ejercicio de la función policial y la abogacía se sustenta, en la estrecha vinculación de sus respectivos ámbitos de actuación. Este elemento no se verifica en relación con otras profesiones, tales como médicos, ingenieros, contadores públicos, cuyo ejercicio no generaría conflictos de intereses. En tal virtud, lejos de afectar el gremio profesional llamada a proteger, la indicada norma se traduce en un mecanismo de protección tendente a impedir que los poderes derivados del ejercicio de la función policial propicien condiciones discriminatorias en el ejercicio profesional de la abogacía.

Es cierto que la normativa analizada no hace distinción alguna, aun así, entiendo que queda sobreentendido que los miembros de la policía nacional, en su condición de abogados/as, sí pueden asumir la representación legal de la institución ante los diferentes tribunales y jurisdicciones, en razón de que lo que pretende el mentado artículo 153 numeral 27, es evitar, reiteramos, posibles conflictos de intereses, colusiones ilegales, favorecimientos indebidos y otros de similar naturaleza, lo cual podría existir asumiendo la representación de intereses particulares.

En conclusión, la disposición contenida en el citado artículo 153, numeral 27, constituye una regulación razonable que se adecua a los fines constitucionales que persigue. Dicha norma, a criterio del TC, no vulnera el derecho al libre ejercicio de la profesión ni el derecho al trabajo, pues es la persona quien decide libremente asumir una función pública con pleno conocimiento de las exigencias que de ella derivan. Esta especial sujeción resulta del interés general, que es consustancial al ejercicio de la función pública, que supone la fundamental garantía de imparcialidad, decoro, dignidad, probidad, aptitud, capacidad e idoneidad de los servidores públicos que el Estado le debe a su población.

 


[1] Conviene aclarar que el hecho de que la Ley núm. 41-08, de Función Pública, excluya de su ámbito de aplicación al personal policial, no significa que su función este desprovista de ese carácter, sino más bien, que su régimen estatutario es objeto de regulación especial conforme al mandato contenido en el artículo 256 de la Constitución dominicana.

Se reconoce como servidor público a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza para el Estado. Es una categoría que define un tipo de relación laboral, salarial, de obligaciones, responsabilidades y cargas dependientes de un nombramiento para el desempeño de una función pública. Al respecto, la Ley núm. 41-08, de Función Pública, define al servidor público como aquella “persona que ejerce un cargo permanente de la función pública, designado por autoridad competente” (artículo 4, numeral 4 de la Ley No. 41-08 de Función Pública).

[2] Las Faltas Muy Graves son causas de Retiro Forzoso (art. 105 de la Ley 590-16). También puede dar lugar a la suspensión sin disfrute de sueldo hasta por noventa días o la destitución (art. 156). El servidor policial que sea sancionado por la comisión de una falta muy grave perderá todos los derechos establecidos en la ley y en sus reglamentos. El Presidente de la República, es competente para la imposición de las sanciones disciplinarias cuando la sanción a aplicar en caso de faltas muy graves sea la destitución (art. 158); El Consejo Superior Policial, es competente cuando la sanción a aplicar en caso de faltas muy graves sea la suspensión sin disfrute de sueldo por un período de noventa (90) días.

El afectado por una medida disciplinaria tendrá derecho a impugnar las sanciones por la comisión de faltas muy graves ante el Ministro de Interior y Policía, en un plazo no mayor de 15 días (art. 159).

Las faltas muy graves prescribirán a los tres años (art. 162).

El procedimiento disciplinario para la aplicación de las sanciones por la comisión de faltas muy graves, graves y leves se ajustará a los principios de legalidad, impulsión de oficio, objetividad, agilidad, eficacia, contradicción, irretroactividad, y comprende los derechos a la presunción de inocencia, información, defensa y audiencia. Párrafo. Mediante reglamento, el Consejo Superior Policial establecerá lo relativo a la iniciación, instrucción y finalización de los procedimientos disciplinarios (art. 163).

Medida cautelar. En los casos de procedimientos disciplinarios por falta muy grave o grave podrá disponerse inmediatamente la suspensión en servicio, en forma provisional, como medida cautelar (art. 165).

[3] Artículo 143. Régimen estatutario. La ley determinará el régimen estatutario requerido para la profesionalización de las diferentes instituciones de la Administración Pública.

[4] El TC mediante la sentencia TC/0481/17, declaró inadmisible la  acción sometida por el CARD en cuanto a los artículos  40, 41, 62, 69, 83, 103 al 139, 141 y 153, numerales 2, 4, 20, 24, 25 y 26, de la ley orgánica de la Policía Nacional, que fue promulgada el 15 de julio de 2016. 

  

Por: Lic. Romeo Trujillo Arias

Abogado / Catedrático Universitario

 


Síguenos en: noticiasdesdebarahona.com

Comparte esta noticia en tus redes sociales:

Publicar un comentario

1 Comentarios

  1. Sobre la venta y la donación entre el padre y la prole. La expropiación por venta implica la suspicacia de fraude, dolo, evasión. La exclusión de un patrimonio en manos preferencial. Es decir, la venta deja a los herederos sin participación, salvo la prole que figure como comprador. Así los demás casos de los delitos y cuasidelitos que se desprenden del fraude y del dolo de esa venta parental.

    La donación garantiza a los herederos el patrimonio de la masa sucediese, en cuanto lo donado puede ser reclamado por los herederos.

    La DGII, está en lo correcto, en vigilar y regular la venta parental, sancionado la infracción o regulando la donación entre vivos.

    ResponderEliminar