PODER SOBERANO DE LOS JUECES DE FONDO EN MATERIA DE MONTOS DE INDEMNIZACIÓN



Introducción: En nuestro sistema constitucional existen unos controles de tipo fundamental en  para la liquidación de danos en la constitución establece unos requisitos de  tutela constitucional al evaluar  sujeto a reglas del texto constitucional.

 

Constitución dominicana del 2010.

 

Artículo 149.- Poder Judicial. La justicia se administra gratuitamente, en nombre de la República, por el Poder Judicial. Este poder se ejerce por la Suprema Corte de Justicia y los demás tribunales creados por esta Constitución y por las leyes. Párrafo I.- La función judicial consiste en administrar justicia para decidir sobre los conflictos entre personas físicas o morales, en derecho privado o público, en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado. Su ejercicio corresponde a los tribunales y juzgados determinados por la ley. El Poder Judicial goza de autonomía funcional, administrativa y presupuestaria. Párrafo II.- Los tribunales no ejercerán más funciones que las que, Artículo 154.- Atribuciones. Corresponde exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia, sin perjuicio de las demás atribuciones que le confiere la ley:2) Conocer de los recursos de casación de conformidad con la ley; 3) Conocer, en último recurso, de las causas cuyo conocimiento en primera instancia sea competencia de las cortes de apelación y sus equivalentes.

 

En nuestro caso el juez de la casación solo y únicamente  puede juzgar el derecho aplicado en la sentencia que se recurre y presupuesto factico le está vedado y solo el juez de la instancia puede establecer estos presupuestos, el tema  de proporcionalidad  del artículo 74 de constitución no se puede constituir un medio a juzgar,  el  articulo 73 impide abrogarse una competencia que no le es dada en la ley  ya que sería una competencia una autoridad usurpada  nota: ver art: 73 de la constitución.

 

 

Del Objeto de la Casación ley 3726

En la interpretación más clásica, se le considera un Recurso no constitutivo de instancia, o sea, el tribunal puede pronunciarse sólo sobre las cuestiones de Derecho. En otras palabras, la revisión es más limitada, pudiendo basarse sólo en una incorrecta interpretación de la ley por parte de los órganos inferiores y nunca revisar los hechos de la causa.

 

Ley 3726 de procedimiento de casación

 

Art. 1.- La Suprema Corte de Justicia decide como Corte de Casación si la Ley Ha sido bien o mal aplicada en los fallos en última o única instancia Pronunciados por los tribunales del orden judicial. Admite o desestima los medios en que se basa el recurso, pero sin conocer en ningún caso del fondo del asunto.

 

Art. 2.-- Las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, en funciones de Corte de Casación, establecen y mantienen la unidad de la jurisprudencia nacional.

 

Definición de la utilidad del recurso y competencia de la corte de casación. Dirigida a asegurar la anulación de las resoluciones contrarias a derecho, el recurso de casación no es una vía devolutiva, y por lo tanto no produce el efecto devolutivo.

 

OPINION DE  LA CORTE DE CASACION FRANCESA

 

La firmeza no  se  ve  afectada  por  el  hecho  de  que  vuelva  a  enjuiciarse  el  hecho  jurídico  y  fáctico.

 La extensión  de  la  competencia  de  la  «Cour  de  cassation»  para  conocer  de  un  asunto  se encuentra  delimitada  por  los motivos  de  casación  alegados. Éstos  expresan  los motivos  de casación que pueden hacerse valer frente a la resolución impugnada, y la «Cour de cassation» normalmente no puede conocer más que de asuntos casacionales que se presenten como tales. Puesto que la «Cour de cassation» es juez de la sentencia recurrida y no del asunto, en principio,  la  alegación  de  nuevos  fundamentos  a  las  pretensiones  de  las  partes  resulta inadmisible (art. 619, al. 1 CPC). Los nuevos fundamentos son aquellos que las partes podían haber alegado ante  los  tribunales de  instancia, pero que sin embargo no  lo han sido. Por el contrario,  el  fundamento  que  se  deriva  del  contenido  de  la  resolución  impugnada  no  es  un fundamento nuevo, pudiendo por lo tanto invocarse ante la «Cour de cassation» (art. 619, al 2, 2º CPC). Como excepción a este principio, pueden sin embargo alegarse por primera vez fundamentos  nuevos  ante  la  «Cour  de  cassation»  si  se  trata  de  fundamentos  estrictamente jurídicos, es decir, de fundamentos que no necesitan ninguna apreciación fáctica (art. 619, al 2,  1º  CPC).  Importa  poco  a  este  respecto  que  sean  o  no  de  orden  público. La  «Cour  de cassation»  puede  incluso  alegar  de  oficio  estos  fundamentos  de  derecho  para  impugnar  la resolución o desestimar el recurso con sustitución de motivos (art. 620 CPC). El asunto por lo tanto no se encuentra del todo paralizado ante la «Cour cassation»; puede todavía cambiar a iniciativa de la «Cour de cassation», pero únicamente respecto de lo relativo a los elementos jurídicos del asunto.

 

 Véase, por ejemplo, Cour de cassation, ordonnance du premier président, 2 de mayo 2001, Boletín de sentencias de la Cour de cassation, ord. núm. 6, respecto de una declaración de Sobre endeudamiento hasta la decisión de la comisión de exceso de endeudamiento.  

 

El primer presidente de la Cour de cassation puede constatar ex officio está caducidad (Art. 1009-2, al. 2, modificado por el decreto del 22 mai 2008). Art. 1009-3, el recurrente debe acreditar el cumplimiento de la resolución impugnada: véase, por ejemplo, Cour de cassation, ordonnance du premier président, 2 de mayo de 2001: Boletín de sentencias de  la Cour de cassation, ord. núm. 7.  -…o al menos su voluntad real de cumplir  la  resolución  si  el  cumplimiento  inmediato  y  total  no  es  posible: Cour  de  cassation, ordonnance  du  premier  président,  2  de mayo  de  2001:  Boletín  de  sentencias  de  la  Cour  de cassation, ord. núm. 8. Rapar. Cour de cassation, ordonnance du premier président, 9 de mayo de 2001: Boletín de sentencias de la Cour de cassation, ord. núm. 14, y de 23 de abril de 2003: Boletín de sentencias de la Cour de cassation, ord. núm. 

 

           Véase,  por  ejemplo,  por  lo  que  respecta  al  retraso  de  las  conclusiones  ante  los tribunales de  instancia, Cour de cassation, 2ème chambre civile, de 20 de noviembre de 2003: JCP (Semana jurídica) 2004, IV, 1061. – Para una excepción de nulidad de la demanda inicial: Cour de cassation, 2ème chambre civile, de 9 de diciembre de 1999; Boletín de sentencias de la 

«Cour de cassation», II, núm. 186.   

 

 

 

Criterio de la suprema corte en la primera sala civil>

 

B. J. NO. 1240 MARZO 2014

Sentencia impugnada: Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santo Domingo, del 13 de abril de 2005.Materia: Civil. Recurrente: Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI, S. A. Abogados: Dres. Luis Rodolfo

La sala civil de la suprema corte de justicia fijo es te criterio  muy interesante y hoy resulta contradictorio.

 

Castillo Mejía, Porfirio Abreu Lima y Lic. Vitelio Mejía Ortíz. Recurrido: Luis Alberto Rondón. Abogados: Dr. Norberto Rondón y Lic. Fabio M. Caminero Gil. SALA CIVIL Y COMERCIAL Rechaza Audiencia pública del 5 de marzo de 2014. Preside: Julio César Castaños Guzmán.

 

Considerando, que con relación al segundo medio de casación propuesto, la sentencia impugnada expresa “que ponderado el tercer medio del recurso el cual se refiere a que la indemnización acordada por la sentencia impugnada no se corresponde con el perjuicio alegado, ya que la misma resulta ser de una cuantía astronómica y totalmente desproporcional; esta Corte es de criterio que como quedó claramente establecido el Juez A-quo, el contexto jurisprudencial pone a cargo del Juez establecer prudentemente el monto de la indemnización, en tanto que facultad soberana tanto en cuanto concierne a la responsabilidad delictual, como en la cuasi delictual; así como también la contractual, basta examinar la sentencia señalada por el Juez A-quo, a saber su contenido: “Apreciación del Perjuicio y de la indemnización. Materia contractual y materia delictual: diferencia.- los Jueces del fondo gozan de un poder discrecional para apreciar la importancia del perjuicio causado por un cuasi-delito y para determinar el monto de la indemnización que debe acordarse a la víctima. En materia contractual, el monto de la indemnización está a veces previsto en el contrato; y cuando no, el mismo contrato puede suministrar bases para el avalúo, de modo que la Corte de Casación puede examinar si las bases admitidas por los jueces del fondo son o no las que ellos debían admitir. En ese caso, en efecto, debe respetarse el contrato y la fijación de la indemnización no es una pura cuestión de hecho sustraída al control de la Corte de Casación.- En cambio, en materia delictual o cuasi-delictual, y específicamente en ciertos casos, el perjuicio experimentado por la víctima puede no ser de orden exclusivamente pecuniario, para cuyo avalúo pueden existir bases que los jueces del fondo estén obligados a adoptar.- En cuando a la medida de la indemnización, si la regla, es que la indemnización debe ser proporcional al perjuicio, cuando este resulta, como ocurre en materia de delitos o cuasi-delitos, de elementos complejos, no de elementos únicamente materiales y fácilmente apreciable en dinero, el poder de los jueces del fondo tiene mayor amplitud y la apreciación del perjuicio así como el avalúo de la reparación se dejan a su experiencia y discreción, sobre todo cuando el monto de la reparación que sea justa dependerá de las circunstancias particulares de cada caso, que es materia de hecho., (25 agosto 1933, B. J. No. 277, p. 15); por lo que se entiende procedente rechazar este medio del recurso”;

 

Considerando, que la fijación de una indemnización daños y perjuicios es un hecho de la soberana apreciación por de los jueces del fondo que escapa a la censura de la casación, siempre que al hacer uso de ese poder discrecional los jueces no transgredan los límites de la razonabilidad y la moderación; que, en la especie, el estudio de las consideraciones relativas al monto de la reparación reclamada por la parte hoy recurrida, expresadas en el fallo criticado, revela que la sentencia atacada contiene las comprobaciones y precisiones de lugar, fundamentadas en pruebas indiscutibles, las cuales permiten a esta Corte de Casación verificar la legitimidad de la condenación pecuniaria en cuestión, lo que permite establecer que no existe la alega violación del artículo 141 del Código de Procedimiento Civil, el cual exige para la redacción de las sentencias, la observación de determinadas menciones consideradas sustanciales, esto es, los fundamentos de hecho y de derecho que le sirvan de sustentación, así como las circunstancias que han dado origen al proceso; que es evidente que la sentencia impugnada contiene una exposición manifiestamente completa de los hechos de la causa, así como una vasta motivación, que permiten a esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, verificar que en el fallo atacado se ha hecha una correcta aplicación de la ley, en el aspecto examinado, por lo que procede rechazar el presente medio, y en consecuencia el presente recurso de casación. B. J. NO. 1240 MARZO 2014


CONCLUSION:

LOS EFECTOS DE FIJAR UN MONTO NO ES COMPETENCIA  DE LA CORTE DE CASACION  SI NO DE LOS TRIBUNALES DE  INSTANCIA, HACERLO VIOLA EL ART. 73 DE LA CONSTITUCION DOMINICANA. Cito: art 69 4) El derecho a un juicio público, oral y contradictorio, en plena igualdad y con respeto al derecho de defensa; 9) Toda sentencia puede ser recurrida de conformidad con la ley. El tribunal superior no podrá agravar la sanción impuesta cuando sólo la persona condenada recurra la sentencia; 10) Las normas del debido proceso se aplicarán a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Artículo 73.- Nulidad de los actos que subviertan el orden constitucional. Son nulos de pleno derecho los actos emanados de autoridad usurpada, las acciones o decisiones de los poderes públicos, instituciones o personas que alteren o subviertan el orden constitucional y toda decisión acordada por requisición de fuerza armada.

 

Lic. FRANCISCO A.LUCIANO PERDOMO

Abogado


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