IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LA DEMANDA EN PARTICIÓN DE BIENES POR CAUSA DE DIVORCIO SOBRE INMUEBLE REGISTRADO

 



Al tenor del artículo 815 del Código Civil Dominicano, la acción en partición de comunidad por causa de divorcio, prescribirá a los dos años a partir de la publicación de la sentencia, si en este término no ha sido intentada la demanda.

Asimismo también, esa misma normativa establece en su párrafo tercero que se considerará, que la liquidación y partición de la comunidad, después de la disolución del matrimonio por el divorcio, ha sido efectuada, si dentro de los dos años que sigan a la publicación de la sentencia de divorcio, ninguno de los cónyuges asume la condición de parte diligente para hacerla efectuar.[1]

Es de mucha importancia saber en primer término, que el procedimiento de partición es de orden público y el artículo 6 del mentado Código Civil dispone textualmente: “Las leyes que interesan al orden público y a las buenas costumbres no pueden ser derogadas por convenciones particulares”

La prescripción establecida por el texto del citado Art. 815, es una presunción irrefragable o absoluta “juris et de jure” que no admite prueba alguna en contrario, por lo cual se incurre en una caducidad si se deja transcurrir el plazo prefijado en dicho artículo sin que se haya ejercido la acción en partición. No basta que la esposa divorciada haya manifestado su deseo de aceptar la comunidad, sino que es preciso que haya intentado la demanda en partición dentro de ese plazo.

Resulta de mucha importancia resaltar también, que el plazo de prescripción de los dos años solo se aplica a las particiones judiciales, no a las particiones amigables, cuya validez no está condicionada por la ley a que sean dentro de dicho plazo de dos años.

Cuando el inmueble está registrado, ya sea en copropiedad a nombre de ambos esposos, o a nombre de un solo, no tiene aplicación el párrafo 3, del artículo 815, citado, que limita a dos años la demanda en partición, pues esta disposición admite la prescripción adquisitiva de los bienes de la comunidad matrimonial por la posesión, y el Principio IV señalado se opone a este tipo de adquisición de la propiedad por la vía detentatoria, por lo que deben prevalecer las disposiciones de la normativa inmobiliaria vigente.

Tomando en cuenta el párrafo anterior, la disposición contenida en el indicado artículo 815, entra en contradicción con el principio de imprescriptibilidad de los inmuebles registrados consagrado por la legislación de registro inmobiliario y que cuando en la comunidad legal existieran inmuebles registrados, el régimen de copropiedad tiene un carácter imprescriptible y oponible que no permite aplicar la partición implícita derivada del señalado texto cuando no se acciona en partición dentro del plazo consagrado en el mismo.

En definitiva, el derecho de propiedad que recae sobre un inmueble registrado fomentado en una comunidad de bienes resulta imprescriptible, por aplicación del citado principio IV. En la Partición de los terrenos registrados no se aplica el plazo de prescripción señalado en el mentado artículo 815, dado que los principios de especialidad y de imprescriptibilidad aplicables en materia inmobiliaria impiden que pueda adquirirse por prescripción o posesión ningún derecho que haya sido registrado conforme a la mencionada ley de Registro Inmobiliario, máxime, reiteramos, si ambos exesposos figuran como copropietarios en el certificado de título que ampara el inmueble cuya partición es demandada, lo que implica también, que los herederos pueden demandar la partición de dichos inmuebles registrados en cualquier momento. SCJ, 3ra. Sala, 12 de septiembre de 2012, núm. 17, B.J. 1222 y SCJ, 3ra. Sala, 17 de julio de 2013, núm. 38, B.J. 1232.[2] Ver tb. SCJ, Exp. 2013-1540, Sent. 2070, 30 nov. de 2017. 

 

Por: Romeo Trujillo

Abogado / Catedrático Universitario


[1] Esta cuestión fue derogada por leyes especiales, primeramente la Ley núm. 1542 del 1947, sobre Registro de Tierras, y posteriormente también esta última derogada por la Ley núm. 108-05, de Registro Inmobiliario, la cual instituyó en su Principio IV, que: “Todo derecho registrado de conformidad con la presente ley es imprescriptible y goza de la protección y garantía absoluta del Estado”; (Ver tb. No. 4, Pr., Jun. 1999, B. J. 1063. SCJ, 1ra. Sala, 26 de marzo de 2014, núm. 76, B.J. 1240).

 

[2] En sentido contrario: SCJ, 1ra. Sala, 20 de abril de 2011, núm. 19, B.J. 1205; 16 de marzo de 2011, núm. 23, B.J. 1204; 23de febrero de 2011, NUM. 27, B.J. 1203.

 

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