LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD, SEGURIDAD JURÍDICA Y VARIACIÓN DE CRITERIOS POR PARTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA



En otras entregas hemos establecido que cualquier tribunal del órgano judicial puede apartarse o variar un criterio habitual, por ser el más adecuado y conforme al estado actual de nuestro derecho, siempre y cuando cumpla con la debida motivación de manera razonable, razonada y destinada a ser mantenida con cierta continuidad y con fundamento en motivos jurídicos objetivos.


Si bien es cierto que las decisiones del Poder Judicial no son vinculantes y que, en ejercicio de sus facultades, la Suprema Corte de Justicia puede mantener su criterio jurisprudencial o cambiarlo, no menos cierto es, que en este último escenario, está en la obligación de establecer adecuadamente los motivos que justifiquen el tratamiento diferente a un caso que guarde similitud con otros ya decididos.[1]

Variar un criterio sin la debida motivación, constituye una violación a los principios de igualdad y de seguridad jurídica, como es por ejemplo, el hecho de que la SCJ establezca de manera constante,   que  para el cómputo del plazo para la interposición de un recurso ordinario, no basta con la lectura de la sentencia, sino que es necesario que la misma esté disponible para su entrega, y que luego valore como correcta la decisión dictada por la Corte, en la que el plazo indicado se computó a partir de la lectura de la sentencia, dando así un trato distinto, desigual, a situaciones similares.

En relación con el principio de igualdad, conviene distinguir: la igualdad ante la ley y la igualdad en la aplicación de la ley. La primera noción está consagrada en el artículo 39 de la Constitución, texto según el cual: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal…”.

Y en el artículo 40.15 de la Constitución, texto que establece lo siguiente: “A nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda ni impedírsele lo que la ley no prohíbe. La ley es igual para todos: sólo puede ordenar lo que es justo y útil para la comunidad y no puede prohibir más que lo que le perjudica”. La segunda noción, igualdad en la aplicación de la ley, está prevista en el artículo 69.4 de la Constitución, en los términos siguientes: “El derecho a un juicio público, oral y contradictorio, en plena igualdad y con respeto al derecho de defensa”.

Mientras que el principio de seguridad jurídica está consagrado en el artículo 110 de la Constitución, texto que dispone: “La ley sólo dispone y se aplica para lo porvenir. No tiene efecto retroactivo sino cuando sea favorable al que esté subjúdice o cumpliendo condena. En ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior”.

La Seguridad Jurídica desde el punto de vista Judicial, no es más que la previsibilidad de las actuaciones judiciales que consiste en la expectativa razonable del ciudadano respecto de la firmeza de las decisiones y la certeza de que estas no serán alteradas de manera arbitraria, lo que significa una expectativa de que sus derechos y las situaciones jurídicas consolidadas no serán alteradas súbitamente como consecuencia de cambios judiciales, sin la ocurrencia de presupuestos relevantes que los justifiquen, es decir, la seguridad jurídica significa la confianza de los justiciables en que los jueces fallarán los casos iguales de forma igual, lo que constituye una garantía para ejercer sus derechos en libertad. Por estas razones, el TC ha considerado que los principios de igualdad ante la ley y de seguridad jurídica constituyen pilares esenciales en un Estado social y democrático de derechos, en tanto constituyen una fuente de legitimación de los poderes públicos.[2](Ver TC/0299/18 y TC/0073/20).

El desconocimiento al principio de seguridad jurídica radica, en el caso anteriormente citado, en que la recurrente interpuso su recurso sobre la base de los precedentes sustentados por la propia SCJ hasta la fecha del recurso, lo que se tradujo en un resultado distinto al previsible esperado, pues siendo su caso igual a aquellos en que, de manera reiterada, se había declarado admisible el recurso de casación (Sent. 25 de agosto 2014), lo normal era que esperara que este caso corriera la misma suerte de los anteriores y que, por tanto, su recurso fuese declarado como admisible, al igual que aquéllos, por lo que, al valorar la SCJ como correcto el criterio adoptado por la Corte, que computó el plazo para la interposición del recurso de apelación a partir de la lectura de la sentencia de primer grado, y no desde la fecha de entrega de la decisión, la SCJ resolvió de manera distinta una cuestión similar a las decisiones citadas en la propia sentencia recurrida, sin justificar, explicar o fundamentar debidamente el cambio de su precedente jurisprudencial.

Por: Lic. Romeo Trujillo Arias
Abogado / Catedrático Universitario




[1] Ver TC/0039/20.
[2] Ver TC/0299/18, del 31 de agosto de 2018 y TC/0073/20.


Síguenos en: noticiasdesdebarahona.com

Comparte esta noticia en tus redes sociales:

Publicar un comentario

0 Comentarios