LA REPRESENTACIÓN DE LAS PERSONAS MORALES O JURÍDICAS PARA ACTUAR EN JUSTICIA. EXCEPCIÓN A LA REGLA



Una persona moral o jurídica, es una organización o grupo de personas físicas a la que la ley reconoce personalidad independiente y diferenciada de la de cada uno de sus miembros o componentes. Las personas jurídicas suelen clasificarse en corporaciones (sociedades o asociaciones, según tengan ánimo de lucro o no) y fundaciones, o personas jurídicas de Derecho público o Derecho privado.


Las sociedades comerciales gozarán de plena personalidad jurídica a partir de su matriculación en el Registro Mercantil. La personalidad jurídica no es más que la existencia jurídica de la persona como tal. Es la aptitud de ser sujetos de derechos y obligaciones.

Desde el punto de vista procesal, para su capacidad para actuar en justicia, una sociedad debe depositar en el tribunal los documentos exigidos por la ley de sociedades[1]para su constitución.

La personalidad jurídica de las empresas morales está concentrada en su respectiva razón social, independientemente de sus socios, funcionarios o accionistas. El hecho de que dos empresas coincidan en tener accionistas comunes e, incluso, que una de ellas sea parte de la otra, no implica que ambas empresas sean solidariamente responsables del daño ocasionado por una de ellas.

Aunque las personas morales o jurídicas tienen, por lo menos en principio, plausible capacidad de ejercicio, no es menos cierto que solo están facultadas para obrar a través de personas físicas debidamente autorizadas por los órganos investidos con las facultades atribuidas a esos fines por los estatutos.
Es por ello que, ante una excepción de nulidad presentada por una parte, basada en la ausencia de poder para actuar imputada a un representante de una compañía, se deben depositar o aportar los documentos pertinentes que demuestren la regularidad del poder del presidente o la persona que supuestamente la representa.

Por lo que es de principio, que las sociedades comerciales están obligadas a estar representadas en justicia o en cualquiera de sus actuaciones por una persona física debidamente autorizada por los órganos establecidos en los estatutos de la sociedad.

Este principio sufre sus excepciones en materia de casación, donde basta que las personas morales actúen válidamente por intermedio de un abogado constituido, al tenor del artículo 5 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, el cual dispone que: “en los asuntos civiles y comerciales el recurso de casación se interpondrá con un memorial suscrito por abogado”, por lo que no es necesario de que en esos casos deban hacerlo indefectiblemente por intermedio de un representante estatutario ni por mediación de alguien que tenga poder especial para ello.[2]

Nuestra Suprema Corte de Justicia (en lo adelante SCJ), tuvo a bien establecer en una oportunidad, que: “No puede ser declarada la inadmisibilidad del recurso de casación por el motivo de que en el memorial de agravios de los recurrentes no figuran los nombres de los presidentes o administradores de las compañías, en razón de que esta omisión no causa ningún agravio a los intervinientes y porque las compañías por acciones poseen personalidad jurídica”. No. 19, Seg., Ago. 1998, B.J. 1053.

Otra excepción a la regla de que las sociedades comerciales están obligadas a estar representadas en justicia o en cualquiera de sus actuaciones por una persona física debidamente autorizada por los órganos establecidos en los estatutos de la sociedad, es en materia de referimiento, en razón de que dicho proceso está caracterizado por la urgencia y la provisionalidad, debiendo el juez de los referimientos limitarse a comprobar la existencia en apariencia de la calidad de quien representa a la persona moral y si hay o no un peligro en la demora que no haga frustratorio el fallo sobre lo principal; por lo que basta con verificar que la compañía o persona moral o jurídica está, aunque sea en principio, representada por una persona física para actuar en justicia, sin necesidad de comprobar si dicha persona está autorizada o no, mediante una asamblea celebrada por dicha compañía al efecto, así lo reconoció recientemente la SCJ, mediante Sentencia del 25 de septiembre de 2019. Rtes.: Carolina Valenzuela Reinoso y Compartes. Rda.: A.D. Valenzuela & Co. C por A.

Por: Lic. Romeo Trujillo Arias
Abogado / Catedrático Universitario




[1] Ley General de las Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, No. 479-08.-
[2] SCJ, 1ra. Cám, 7 de mayo de 2008, núm. 1, B. J. 1170, pp.17-25.




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