Santo Domingo,
RD.- Los abogados Laura Acosta Lora y Nassef Perdomo acordaron cobrar
RD$17,200,800 por asumir la defensa de la Corporación Dominicana de Empresas
Estatales (Corde) en la litis sobre derechos registrados en nulidad de
operaciones de transferencias y de mesura, sobre las parcelas 153-A-1, 153-A-2
y 155, donde está ubicado el sector Los Tres Brazos, Santo Domingo Este.
Es el sonado
caso donde Corde fue víctima de un fraude inmobiliario en las citadas parcelas,
por la venta inconstitucional y fraudulenta de solares propiedad del Estado, a
la compañía Titulatec.
La
contratación de ambos profesionales estuvo sustentada, conforme precisa el
acuerdo de servicios profesionales, de fecha 6 de septiembre de 2019, en los
decretos 392-16 y 16-17, mediante los cuales fue creada la comisión
presidencial para dar seguimiento al caso.
La comisión
era integrada por Flavio Darío Espinal, exconsultor Jurídico del Poder
Ejecutivo; José Dantés, exdirector de la Comisión Permanente de Titulación de
los Terrenos del Estado y Lidio Cadet, exdirector de Ética e Integridad
Gubernamental.
Por partidas. De acuerdo con el acuerdo de
servicios profesionales, los abogados Acosta Lora y Perdomo recibirían
RD$17,200,800 en partidas, un primer pago de RD$6,000,000, más Itebis, con la
firma del acuerdo (6 de septiembre de 2019).
Luego recibirían un segundo pago de RD$2,000,000, más Itebis, 60 días con
posterioridad a la firma.
Precisa que el monto restante, RD$9,200,800, más Itebis, sería pagado en
seis cuotas consecutivas por un monto de RD$1,533,466.67, debiendo la primera
cuota iniciar 30 días después del segundo pago. Estos pagos, establece deberían
pagarse entre los días primero y cinco de cada mes, consecutivos, hasta su
saldo final.
Precisa el acuerdo que, aunque fue firmado en la fecha antes indicada
los abogados Acosta Lora y Perdomo habían presentado su propuesta de honorarios
por concepto de representación legal el 17 de mayo de 2017, lo cual fue
aceptado por la comisión.
Los honorarios convenidos entre las partes cubren las actuaciones
legales y procesales hasta la obtención de una sentencia judicial que haya
adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.
Precisa que el contrato podrá ser modificado mediante un documento
formal por escrito denominado addendum, aceptado y firmado por las partes.
Con relación al caso, el 27 de febrero de 2017, la comisión presidencial
determinó que el Estado no podía reconocer las ventas por ser “contrarias a la
Constitución y la ley”, recomendó demandar de manera inmediata, ante la
jurisdicción competente la nulidad de las acciones.
Fue ante esa recomendación que el presidente Danilo Medina emitió el
decreto 16-17, de fecha 17 de febrero de 2017 mediante el cual instruyó a la
comisión dirigir el proceso de disolución y transferencia de titularidad del
patrimonio de Corde y las empresas bajo su administración.
Fue en esa misma fecha, 17 de febrero de 2017, que la comisión procedió
a contratar a los abogados Acosta Lora y Perdomo, quienes conforme el contrato
asumieron de inmediato la preparación, investigación y análisis de la situación
relativa a la venta fraudulenta de la Urbanización Los Tres Brazos.
Precisa el acuerdo que en casi dos años de investigación los abogados
contratados recopilaron cientos de elementos probatorios para poder sustentar
la nulidad de las ventas fraudulentas ante la jurisdicción inmobiliaria.
Fue presentado ante el Tribunal de Tierras formal instancia en litis
sobre derechos registrados en nulidad de transferencia y operaciones técnicas
de mesura, realizadas fraudulentamente sobre las citadas parcelas. La acción de
nulidad fue acompañada de 386 medios probatorios para sustentarla.
Por:
Diego Pesqueira
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