Santo Domingo, RD-. El presidente
Luis Abinader emitió el decreto 422-20 que crea la “comisión de liquidación de
órganos del Estado y establece las generalidades del procedimiento a seguir”.
Esta comisión será presidida por el Ministerio de la Presidencia y conformada
en los próximos 60 días, que se cuentan desde hoy.
De acuerdo con el decreto, esta
comisión tendrá la facultad de conformar “tantos equipos técnicos de apoyo como
sean necesarios, con personal calificado, técnico y administrativo de las
instituciones que dirigen y de las propias instituciones involucradas en la
restructuración”. También tendrá un director ejecutivo, un coordinador legal,
uno económico, y uno financiero.
El Ministerio de Administración
Pública, Dirección General de Presupuesto y la Contraloría General de la
República serán las entidades encargadas de adoptar las medidas que
correspondan luego de la revisión de cada caso del personal que labore en
estas entidades, tomando como base tres criterios: la regularidad de su
designación, el desempeño comprobado de los cargos y funciones, y la provisión
de fondos para enfrentar el pasivo laboral generado por la medida
correspondiente. Todo esto conforme a las leyes de Función Pública y su
reglamento de Relaciones Laborales en la Administración Pública.
“El personal de las instituciones
en proceso de disolución o restructuración, designados por la autoridad
competente que se encuentre desempeñando cargos y funciones oficiales de las
estructuras orgánicas de las instituciones y que dichas posiciones se
encuentren debidamente presupuestadas, se mantendrán en nómina hasta tanto
concluya la aplicación del procedimiento indicado”, explica el documento
emitido con fecha del 31 de agosto.
Los gastos de la constitución y
funcionamiento de esta comisión quedarán a cargo del patrimonio y presupuesto
de las entidades que serán eliminadas, quedando como responsable el ministro de
la Presidencia, en este caso, Lisandro Macarrulla, o a quien él designe.
La Administración General de
Bienes Nacionales deberá realizar un inventario con los bienes, muebles e
inmuebles de las instituciones que serán suprimidas o reestructuradas, y los
que queden disponibles para su uso en otras entidades. Mientras, el Ministerio
de Hacienda y Contraloría se encargarán de evaluar los pasivos de las
instituciones y apropiaciones presupuestarias de las entidades en cuestión
Por: Acento
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