Sara de De La Sotta junto a su hijo cuando estaba
en libertad
Caracas, Venezuela.- Miedo. En eso se resume lo que
envuelve a los alarmados familiares de los presos en los sótanos de las
instalaciones de Inteligencia del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN)
y la Dirección general de Contrainteligencia Militar (DGCIM), luego de saberse
el resultado de algunos test de Coronavirus que dieron positivos. Ningún
funcionario les da oficialmente información. Cuando se acercan a las
instalaciones de esos organismos, son despachados sin explicación alguna.
El fallecimiento de Erick Echegaray, que aunque no
era preso político, estaba detenidos en El Helicoide, a
órdenes del SEBIN, y purgaba condena por el mismo caso de Walid Mackled, preso
por narcotráfico, elevó las alarmas. No es solo que haya casos, es que
la posibilidad de muerte aterra a los familiares.
Desde el régimen de Nicolás Maduro no hay respuesta
ni respeto a ninguna medida, ni siquiera al debido proceso. De nada sirve que
se les exija medidas humanitarias para todos los presos políticos venezolanos,
previendo que los detenidos, especialmente en las instalaciones de
inteligencia, están en alto grado de vulnerabilidad.
DGCIM en Boleita
El detenido está sujeto al entramado de tortura,
burla en la administración de justicia evidenciado en los tribunales militares,
incluso con la participación de algunos abogados que se hacen llamar defensores
de derechos humanos y actúan más como carroñeros, de defensores públicos y
fiscales militares que no defienden al detenido y solo reciben órdenes de sus
superiores.
Y para colmo diputados que tienen miedo o pereza de
acompañar a los familiares de los presos cuando les piden que los acompañen a
pedir fe de vidas de sus seres queridos
El desespero de una madre
El 21 de julio 2020 Sara María Quiroga de
De La Sotta, madre del Capitán de Navío Luis Humberto De La Sotta Quiroga, le
dirigió una misiva a la Directora General de Actuación Procesal del Ministerio
Publico con atención al Sub Director de Ejecución de Sentencia de Derechos
Humanos. La angustiada madre le dice que su hijo, preso y sin juicio
desde el 18 de mayo 2018, en la Dirección General de Contrainteligencia
Militar, “está encerrado en los sótanos desde hace 26 meses. Sus condiciones de
reclusión han sido infrahumanas violando sus derechos humanos”.
Narra que desde el 1 de enero 2020 lo trasladaron
al otro sótano, “en una celda de 3x2 a puerta cerrada, con un inodoro dentro
que ha tenido que compartir hasta con 6 personas. Sin aire natural, sin
actividades recreativas ni deportivas. Con acceso restringido al aseo personal,
permitiéndole salir a ducharse una vez por semana durante los últimos 7 meses”.
La señora de De La Sotta describe la llamada Casa de Los Sueños, como perversamente
llaman en la DGCIM al sótano más profundo.
La denuncia de Molly De La Sotta, hermana del CN
preso en DGCIM
Ella denuncia que desde marzo su hijo “no tiene
acceso a la luz del sol, tampoco a visita familiar ni de abogados. Se le
suspendieron las 3 comidas diarias que, por razones de salud, yo le entregaba a
la DGCIM para su consumo. También tiene restricción de llamadas telefónicas,
entrega de alimentos, agua potable y medicamentos periódicamente; debo esperar
que él me llame y eso solo lo ha hecho 3 veces en 4 meses. Las comidas son
ofrecidas por la DGCIM en poca cantidad, por lo que ha disminuido 15 kilos
aproximadamente en los últimos 4 meses”.
Es enfática al decir que la salud de su hijo se ha
visto deteriorada “por sus condiciones de reclusión y las secuelas de las torturas
sufridas en ese centro de detención arbitraria en el momento de su detención,
las cuales nunca fueron investigadas por la Fiscalía Militar, ni atendidas por
un médico. El 21 de mayo del 2018, ante la Jueza Claudia
Carolina Pérez de Mogollón, del Tribunal Militar Primero de Control en Fuerte
Tiuna, mi hijo fue presentado ensangrentado y torturado; él lo denunció, pero
la Jueza dijo no tener competencia para tramitar denuncias sobre torturas”.
“Mi hijo es hipertenso, y tiene problemas renales.
Desde el mes de febrero estamos solicitando traslado al Hospital para exámenes
urológicos y atender su condición, lo cual no
ha sido posible; hace más de un año se pidieron estudios cardiológicos,
colocación de Holter. Nada ha sido posible. Los tribunales militares no
atienden las denuncias, además de que tienen 123 días que no despachan y la
Defensoría del Pueblo tampoco”.
“El 5 de marzo 2020 los Grupos de Trabajo contra la
Detención Arbitraria y contra la Tortura de las Naciones Unidas enviaron
comunicación a la Cancillería Venezolana sobre la situación de mi hijo, pero no
tuvo atención. Mi hijo tiene Medidas Cautelares de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde octubre 2018 sin ser tomadas en
cuenta”.
“Temo por la vida de mi hijo, su salud física y
mental, está cada vez más deteriorada. En estos cuatro meses ha rebajado
aproximadamente 15 kilos. Su cara esta pálida como un papel, pude verlo el
martes 14 de julio de este año, cuando fue llevado de emergencia al odontólogo
por una muela infectada, luego de haber estado seis meses con dolor de muelas”.
Sara Quiroga de De La Sotta le dice a la Fiscalía
que es al Ministerio Público a quien le corresponde velar por el cumplimiento
de los derechos y garantías constitucionales, entre ellos “el derecho al
respeto a la dignidad humana, la prohibición de torturas, trato inhumano,
degradante y cruel. Me permito solicitar la asignación de un Fiscal Nacional
que se dirija a la Dirección General de Contrainteligencia Militar en Boleíta,
Caracas, para constatar las condiciones de reclusión de mi hijo, su estado de
salud física y mental”.
Finalmente insta a que “se le otorgue la debida
atención medica que requiere y se tomen en cuenta los Tratados Internacionales
y las medidas constitucionales pues, los sótanos de la DGCIM no pueden ser
considerados un Centro de Reclusión”.
Exige el FIM
El Frente Institucional
Militar (FIM), organización que agrupa a gran cantidad de oficiales venezolanos
en situación de retiro, publicó un comunicado, en el cual exige la liberación
de 140 militares presos, agregando que “el mundo sabe que son presos políticos
militares, con detenciones arbitrarias y privación ilegítima de la libertad, quienes
han sido sometidos a tratos crueles e inhumanos, con consecuencias de graves
afectaciones físicas y psicológicas y hasta la muerte, como el caso del Capitán
de Corbeta, Rafael Acosta Arévalo”.
CC Acosta Arévalo torturado y asesinado estando a
cargo de la DGCIM
La organización, presidida por el Vicealmirante
Rafael Huizi Clavier, “hace un enérgico llamado de atención a quienes ejercen
poderes nacionales en Venezuela, como el Ejecutivo, Judicial, Legislativo y Moral,
por la urgente y necesaria atención a la situación de los presos políticos
militares que están en peligro de muerte, algunos de ellos habiéndoseles
conculcado sus derechos constitucionales fundamentales, como es conocido y
denunciado en varias oportunidades y descrito en el informe de septiembre de
2019, de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU”.
Vicelmirante Huizi Clavier
“Es urgente nuestro llamado de solidaridad y
alarma, por cuanto se presenta una nueva y peligrosa variable en los centros de
reclusión con reportes ciertos de contagio del virus COVID 19, sin atención
médica adecuada, también señalado en marzo del 2020 por la Dra. Bachelet”.
“Esta gravísima situación se suma a la tragedia de
militares secuestrados, pues han cumplido las penas que les impusieron y aún
siguen recluidos arbitraria e ilegalmente, como otros hospitalizados, pero en
precarias condiciones de salud, a quienes les han negado el beneficio procesal
humanitario”.
“Estos venezolanos, como muchos otros, han sufrido
torturas, aislamientos, prohibición de alimentación adecuada y medicinas
necesarias, entre otras tantas calamidades que constituyen una violación
bárbara de los derechos humanos fundamentales, de manera despiadada y con
alevosía lo cual nunca podrá ser justificable ni tolerable”.
“Por todas las razones fundadas en hechos ciertos y
comprobados, por la Alta Comisionada de los DDHH, exigimos la liberación de
todos los presos políticos militares conforme ha expresado reiteradamente la
Dra. Bachelet, conforme a fundamentos constitucionales y legales, con sentido
de humanidad, por el beneficio de la sensatez política y por el respeto a la
dignidad humana como norma ética fundamental en cualquier ser humano civilizado
y entendido del bien común imperativo para la convivencia en paz”, finaliza
diciendo el Frente Institucional Militar.
Por: Sebastiana
Barráez (infobae)
Comparte esta noticia en tus redes sociales:
0 Comentarios