PROCURANDO UN PROCURADOR INDEPENDIENTE




El Ministerio Público es el brazo ejecutor de las políticas de persecución, prevención y sanción de los crímenes y delitos que se cometan en la sociedad, es decir las políticas de persecución criminal. Como tal, la designación por parte del Ejecutivo de este funcionario encuentra su razón.

Y es que desde la misma constitución, según el contenido del artículo 169, éste es definido como  el órgano del sistema de justicia responsable de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad, dirige la investigación penal y ejerce la acción pública en representación de la sociedad.

Y es la misma Carta Magna, que dispone que en el ejercicio de sus funciones, el Ministerio Público garantizará los derechos fundamentales que asisten a ciudadanos y ciudadanas, promoverá la resolución alternativa de disputas, dispondrá la protección de víctimas y testigos y defenderá el interés público tutelado por la ley.

Siguiendo el mandato constitucional, El Ministerio Público goza de autonomía funcional, administrativa y presupuestaria. Ejerce sus funciones conforme a los principios de legalidad, objetividad, unidad de actuaciones, jerarquía, indivisibilidad y responsabilidad.

Pero el tema de la independencia de éste funcionario público, en particular, es un tema que ocupa la atención de la sociedad y que fue unas de las promesas de campaña del presidente electo. Y es que aunque la Constitución en su artículo 171, de manera clara y expresa dispone que  el Presidente de la República designará al Procurador General de la República y la mitad de sus procuradores adjuntos, todos parecen tener una idea clara con respecto a la independencia del Ministerio Público y las expectativas creadas en torno al tema.

Lo primero que hay que sacar de toda discusión es que por mandato Constitucional, el Ministerio Público es dependiente, en cuanto su nombramiento, al Presidente de la República, y una vez nombrado, según la misma constitución tiene autonomía en cuanto sus funciones, en cuanto a la administración y su presupuesto.

La independencia del Ministerio Publico, desde nuestro enfoque legal, trasciende el hecho de la procedencia de su nombramiento, sino, que su independencia radica en el compromiso que tenga tanto quien lo designa, como el designado, con el fiel cumplimiento de la constitución y las leyes.

Pero además, debe tener claro que con la designación, tanto el presidente electo como el Procurador designado, debe respetar el principio de la indelegabilidad de las funciones públicas previsto en el artículo 4 de la Constitución Dominicana. Según el cual, ningún funcionario público tiene permitido delegar en otro sus funciones.

Y es que, aunque hemos tenido en el pasado, la experiencia contraria, el deber ser es que, el Ejecutivo designe servidores públicos, con funciones públicas que les confiere la constitución y las leyes como lo es el caso del ministerio público, esto quiere decir, deben servir a la sociedad y ésta última les legitima en la medida en que sus funciones sean apegadas a la ley y la constitución.  

Y es que la reciente experiencia de un Ministerio Púbico, que por orden del Ejecutivo detiene una investigación penal, en franca violación, de ambos, de los principios constitucionales que prometieron cumplir, nos hizo ver, no tan sólo que no existe en nuestro país democracia fundada en la independencia de poderes y de funciones, sino además, de que los funcionarios del Ejecutivo en la persona del ahora Ex Presidente y del representante del Ministerio Público, de su gestión, actuaron muy alejados de sus respectivas funciones, y penosamente parecían tener, una especie de relación de subordinación entre el servidor público y el máximo representante del Estado, eventos desafortunados que marcaron la voluntad popular.

 El cumplimiento de las funciones propias del órgano persecutor, deben conjugarse, sin excluirse, también como representante de la sociedad y protector de las víctimas, el cual, apegado a la ley debe perseguir y hacer castigar a quienes incumplan la ley y al mismo tiempo garantizar sus derechos fundamentales, pues son parte de la sociedad a la que se debe y la ley le exige que sus funciones tendrán como límites de acción, el respeto de los derechos de los ciudadanos en conflicto con la ley penal.

 De lo anterior resulta, que además del principio de indelegabilidad de sus funciones, el Ministerio Público se debe regir por el principio de legalidad, que lo obliga actuar apegado a la ley y además, el principio de objetividad, según el cual, debe perseguir objetivamente, procurar las pruebas que demuestren la culpabilidad de quienes lo sean, pero también debe aporte estas cuando sean a descargo, pues representa a la sociedad, no a una parte segmentada de ella, debe cumplir la ley y la constitución manda, que todos somos iguales ante la ley y debemos recibir el mismo trato.

Como consecuencia de la independencia del Ministerio Público, la sociedad demanda que en su rol de persecutor contribuya a la eliminación o reducción de la impunidad y que este estamento institucional y funcionalmente sea fortalecido para que este en plenas condiciones de realizar dignamente las loables y trascendentales funciones que recaen sobre sus hombros, en el marco de un Estado Social, Democrático y de Derecho.

Por: AWILDA REYES BELTRÉ

Abogada especialista en Derecho Penal y Procesal Penal


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