LA FACULTAD DE MODIFICAR O VARIAR UN CRITERIO JURISPRUDENCIAL POR PARTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA


En un artículo de nuestra autoría,[1]establecimos que cualquier tribunal del órgano judicial puede apartarse o variar un criterio habitual, por ser el más adecuado y conforme al estado actual de nuestro derecho, siempre y cuando cumpla con la debida motivación de manera razonable, razonada y destinada a ser mantenida con cierta continuidad y con fundamento en motivos jurídicos objetivos.

En el caso específico de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), esta tiene la facultad de modificar un criterio jurisprudencial,[2]no obstante el artículo 2 de la Ley 3726, sobre procedimiento de casación, modificada por la Ley No. 491-08, establecer lo siguiente: “Las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, en funciones de Corte de Casación, establecen y mantienen la unidad de la jurisprudencia nacional”.

La unidad jurisprudencial referida asegura la obtención de una justicia predecible, cualidad que ha sido reconocida por la doctrina como una garantía de dos principios fundamentales de nuestro sistema judicial, a saber, la igualdad de todos ante la ley y la seguridad jurídica. Mantener su unidad corresponde a dos órganos, por un lado a la SCJ en la jurisprudencia ordinaria; y por otro lado al Tribunal Constitucional con respecto a la jurisprudencia sobre derechos fundamentales. En principio, mantener la unidad de la jurisprudencia significa que bajo hechos similares, diferentes partes y una misma normativa vigente, ésta deba ser interpretada de una manera homogénea, que permita ser utilizada ciertamente como una fuente de derecho inequívoca e irrefutable, lo que contribuye a los principios constitucionales de igualdad de todos ante la ley y la seguridad jurídica.

En efecto, aun cuando en materia civil y comercial la jurisprudencia no constituye una fuente directa de derecho, es el juez quien materializa el significado y contenido de las normas jurídicas cuando las interpreta y aplica a cada caso concreto sometido a su consideración, definiendo su significado y alcance.

En tal virtud, es evidente, que tanto la igualdad ante la ley como la seguridad jurídica serán realizadas en la medida en que los litigios sustentados en presupuestos de hechos iguales o similares sean solucionados de manera semejante por los tribunales.

No obstante, es generalmente admitido que un tribunal pueda apartarse de sus precedentes, siempre y cuando ofrezca una fundamentación suficiente y razonable de su conversión jurisprudencial, lo cual se deriva de la propia dinámica jurídica que constituye la evolución en la interpretación y aplicación del derecho.

Que aun cuando en materia civil el precedente judicial no tiene un carácter vinculante, los principios de imparcialidad, razonabilidad, equidad, justicia e igualdad inherente a la función judicial implican, tal y como establecimos al principio, que todo cambio del criterio habitual de un tribunal, debe estar debidamente motivado de manera razonable, razonada y destinada a ser mantenida con cierta continuidad y con fundamento en motivos jurídicos objetivos, por ser el más adecuado y conforme al estado actual de nuestro derecho en un momento determinado.

El valor de la continuidad del criterio jurisprudencial radica en que la variación del mismo, sin una debida justificación, constituye una violación a los principios de igualdad y de seguridad jurídica.

Sin embargo, lo anterior no implica que el criterio jurisprudencial no pueda ser variado, sino que cuando se produzca dicho cambio, repetimos, el mismo debe ser motivado de manera adecuada, lo cual implica exponer las razones que justifican el nuevo criterio.

Todo tribunal, al momento de separarse de la línea jurisprudencia, deben establecer en la decisión que lo hace, el por qué lo hacen.

Por último, aunque el criterio jurisprudencial por ante el Poder Judicial no es vinculante, el mismo debe considerarse como el criterio establecido en una o varias sentencias emitidas con anterioridad al caso en el cual se invoque el mismo. Para que ese cambio pueda ser alegado ante un tribunal judicial, es necesario que la cuestión decidida en el mismo guarde similitud con el caso de que se trate, en lo que concierne, particularmente, al problema jurídico planteado, cuestiones constitucionales, hechos del caso, norma juzgada o tema de derecho.



[1] “Procedencia del Recurso de Apelación en Materia de Partición de Bienes. Variación de criterio por parte de la Suprema Corte de Justicia de La República Dominicana”
[2] Recordemos que la jurisprudencia es la interpretación de la norma que hacen los tribunales para aplicarlas.



Por: ROMEO TRUJILLO ARIAS

Abogado / Catedrático Universitario


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