EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD Y LA EVALUACIÓN DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS POR PARTE DE LOS JUECES




El Principio de Proporcionalidad, se le llama también “debido proceso material” (SCJ, EEUU), es definido: como un concepto jurídico que aparece con frecuencia en las decisiones de los tribunales constitucionales europeos y de nuestros países latinoamericanos, el cual contribuye de manera determinante a dar fundamento a las sentencias de constitucionalidad relativas a los actos de los poderes públicos que afecta a los derechos fundamentales, el cual es conocido como el más recurrente límite de los límites a los derechos fundamentales y en esa medida supone una barrera frente a intromisiones indebidas en el ámbito de los propios derechos (Miguel Carbonell, 2009).


Se ha establecido de manera reiterada,[1]que los jueces del fondo, en virtud del poder soberano de apreciación que les otorga la ley, para evaluar el monto de los daños y perjuicios, en el sentido de que tienen la potestad de evaluar a discreción el monto de las indemnizaciones de los daños morales, ya que se trata de una cuestión de hecho que escapa a la censura de la casación, salvo cuando existe una evidente desproporción entre el monto acordado y los daños ocasionados, implicativa de un atentado a los principios de razonabilidad y proporcionalidad.

Es importante señalar, que la función esencial del principio de proporcionalidad, en sentido amplio, es limitar las injerencias del Estado sobre los derechos fundamentales de los ciudadanos, y conforme a este principio, solo deben ejecutarse las medidas proporcionadas al fin que se persigue; que si bien el principio de proporcionalidad emana del derecho penal, a través del tiempo ha logrado mantener su influencia en otras ramas del derecho, como en el derecho administrativo por ejemplo, y actualmente se puede afirmar la existencia de la noción de proporcionalidad como un principio general que transversalmente norma todo el ordenamiento jurídico; que, de lo anterior se desprende, que las decisiones adoptadas por los jueces deben sujetarse al principio de proporcionalidad, consagrado por nuestra Constitución en su Artículo 74,[2]como uno de los principios de aplicación e interpretación de los derechos y garantías fundamentales de las partes en Litis.

En virtud del citado principio de proporcionalidad, constituye una obligación de los jueces del fondo, una vez establecida la existencia de los elementos constitutivos de la responsabilidad reclamada, fijar indemnizaciones proporcionales y razonables, tomando en consideración la gravedad del daño que el reclamante alegue haber recibido. Si bien es cierto que en principio los jueces gozan de un poder soberano para apreciar la existencia de la falta generadora del daño, y acordar la indemnización correspondiente, no menos cierto es que cuando los jueces se extralimitan en el ejercicio de esta facultad, fijando un monto indemnizatorio excesivo, sin sustentarse en una ponderación de elementos probatorios que la justificaran objetivamente, evidentemente que incurren en una violación a los principios de razonabilidad y proporcionalidad.

La labor judicial no puede limitarse a la simple elección arbitraria de una interpretación normativa a fin de subsumir la solución del caso y por medio de un silogismo, derivar las consecuencias pertinentes; que, en efecto, esta técnica, característica del modelo decimonónico imperante en el Estado legal de derecho, resulta inadecuada para la aplicación de las normas jurídicas en la actualidad y ha sido sustituida por la argumentación; que la labor argumentativa del juez implica un proceder prudencial y la sustentación de su decisión en un razonamiento argumentativo dirigido a lograr el convencimiento de sus destinatarios de que aquella constituye la solución más justa y razonable, ya que, en ausencia de dichos elementos, estaríamos en presencia de una interpretación y aplicación volitiva del derecho de manera irracional, lo cual no es cónsono con el Estado constitucional de derecho imperante en nuestro ordenamiento jurídico.

En conclusión, compartimos plenamente el criterio sostenido recientemente por la Suprema Corte de Justicia, mediante Sentencia del 12 de julio de 2019, en la que estableció, que en virtud de los principios de razonabilidad y proporcionalidad, los cuales tienen rango constitucional y carácter de orden público, en materia de reparación de daños y perjuicios, en cuanto a su evaluación e imposición, los jueces pueden de oficio, ante la violación de tales principios, ajustar el monto indemnizatorio cuando los jueces se extralimitan al fijar un monto indemnizatorio excesivo, sin sustentarse en una ponderación de elementos probatorios que la justificaran objetivamente, y en igual sentido, cuando los montos sean ínfimos e irrisorios.

Por: Lic. ROMEO TRUJILLO ARIAS
Abogado / Catedrático Universitario



[1] No. 12, Pr., Jul. 1998, B.J. 1052; No. 29, Seg., Sept. 2006, B.J. 1150; No. 24, Seg., Ene. 2007, B.J. 1154. No. 35, Seg., Mar. 2000, B.J. 1072, No. 1, Pr., Dic. 1999, B. J. 1069, No. 148, Seg., Mar. 2007, B.J. 1156.
[2] Artículo 74.- Principios de reglamentación e interpretación. La interpretación y reglamentación de los derechos y garantías fundamentales, reconocidos en la presente Constitución, se rigen por los principios siguientes:
1) No tienen carácter limitativo y, por consiguiente, no excluyen otros derechos y garantías de igual naturaleza;
2) Sólo por ley, en los casos permitidos por esta Constitución, podrá regularse el ejercicio de los derechos y garantías fundamentales, respetando su contenido esencial y el principio de razonabilidad;
3) Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por el Estado dominicano, tienen jerarquía constitucional y son de aplicación directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado;
4) Los poderes públicos interpretan y aplican las normas relativas a los derechos fundamentales y sus garantías, en el sentido más favorable a la persona titular de los mismos y, en caso de conflicto entre derechos fundamentales, procurarán armonizar los bienes e intereses protegidos por esta Constitución.

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