EL NEPOTISMO EN LA REPÚBLICA DOMINICANA


Según el diccionario de la Real Academia Española, el Nepotismo es la utilización de un cargo público para favorecer a familiares o amigos en la selección de personal, al margen del principio de mérito y capacidad.

Podría considerarse también, como la desmedida preferencia de favor hacia familiares o amigos, a los que se otorgan cargos, concesiones o empleos públicos por el mero hecho de serlo, sin tener en cuenta otros méritos.

El artículo 146 de la Constitución Dominicana, condena toda forma de corrupción en los órganos del Estado, como es por ejemplo, la persona que proporcione ventajas a sus asociados, familiares, allegados, amigos o relacionados.

Esa misma Carta Magna, en su artículo 102, condena esta acción de la forma siguiente: "Serán sancionado con las penas que la ley determine, todo aquel que, para su provecho personal sustraiga fondos públicos o prevaleciéndose de sus posiciones dentro del Estado, sus dependencias o instituciones autónomas obtenga provechos económicos. SERÁN IGUALMENTE SANCIONADAS LAS PERSONAS QUE HAYAN PROPORCIONADO VENTAJAS A SUS ASOCIADOS, FAMILIARES, ALLEGADOS O RELACIONADOS".

La Ley de Función Pública establece esa y otras prohibiciones, y aunque no define jurídicamente el nepotismo, el Artículo 80, numeral 15, de la ley 41-08, sobre Función Pública, prohíbe el nepotismo al establecer que: “Prestar servicios en la misma institución que su cónyuge y quienes estén unidos por lazos de consanguinidad, hasta el segundo grado inclusive, cuando tuvieren relación de jerarquía”. Lo califica como falta disciplinaria.

Algunos entienden que el nepotismo no existe como tipo penal en la legislación dominicana. Más sin embargo, para los estudiosos del derecho se adhieren al artículo 114 del Código Penal para castigar. Este artículo aunque no menciona el nepotismo, sí condena la violación de la Constitución, hecho que se haría en caso de nepotismo, pues se violarían los artículos 102 y 146 anteriormente citados.

El mentado artículo 114 del Código Penal dice lo siguiente: "Los funcionarios, agentes o delegados del Gobierno, que hubieren ordenado o cometido un acto arbitrario o atentatorio a la libertad individual, a los derechos políticos de uno o muchos ciudadanos, O A LA CONSTITUCIÓN, serán condenados a la pena de la degradación cívica...". La degradación cívica implica que el funcionario que la reciba no podrá volver a ocupar un cargo público durante el resto de su vida.

De conformidad con las disposiciones del artículo 8 de la Ley No. 120-01 del Código de Ética y Conducta del Servidor Público está prohibido a todos los funcionarios y empleados públicos lo siguiente: Promover y propiciar el nepotismo en las oficinas del Estado, favoreciendo y protegiendo a sus parientes y amigos en los cargos y negocios de la institución”.

Asimismo, el Artículo 25 de la Ley No. 105-13 sobre Regulación Salarial del Estado dominicano, establece que: Prohibiciones de carácter ético. Sin menoscabo de las disposiciones de la Ley sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Obras, Servicios y Concesiones del Sector Público u otra disposición al respecto, a todos los funcionarios sujetos a la presente ley les está prohibido: “Promover y propiciar el nepotismo en las oficinas del Estado de acuerdo a lo establecido en la Ley de Función Pública”.

A nivel internacional, la Organización de Estados Americanos (OEA) en su Convención Internacional sobre Corrupción Administrativa considera el nepotismo como corrupción. El país es signatario de esta convención.

No obstante, la Ley de Función Pública constituye un aporte importante en la medida en que se fortalezcan los mecanismos para su exitosa aplicación. Sin embargo, se hace necesario que igualmente las faltas graves y las infracciones que pudiese cometer los altos funcionarios públicos, se encuentren identificadas y sancionadas de una manera más clara y precisa, sin que haya necesidad de tener que acudir a la interpretación, tal y como sucede con el citado artículo 114 del Código penal antes transcrito.

En definitiva, de la lectura del párrafo antes citado nos da una idea de que sólo existen faltas, prohiciones y sanciones en la administración pública para los servidores públicos medios, pequeños y de carrera, y no para los altos funcionarios del Estado y sus instituciones descentralizadas.

Por: Lic. ROMEO TRUJILLO ARIAS
Abogado y Catedrático Universitario


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