El HABEAS DATA en la República Dominicana



El artículo 70 de la Constitución Dominicana dispone: “Toda persona tiene derecho a una acción judicial para conocer de la existencia y acceder a los datos que de ella consten en registros o bancos de datos públicos o privados y, en caso de falsedad o discriminación, exigir la suspensión, rectificación, actualización y confidencialidad de aquéllos, conforme a la ley. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística”.

Asimismo, en nuestro ordenamiento jurídico existe la Ley número 172-13, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, que regula el hábeas data (artículos 17 y siguientes.).[1]

Mientras que el artículo 64 de la Ley número 137-11[2] establece que “Toda persona tiene derecho a una acción judicial para conocer de la existencia y acceder a los datos que de ella consten en registros o bancos de datos públicos o privados y en caso de falsedad o discriminación, exigir la suspensión, rectificación, actualización y confidencialidad de aquéllos, conforme la ley. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística. La acción de hábeas data se rige por el régimen procesal común del amparo”.[3]

La garantía constitucional del hábeas data, está caracterizada por una doble dimensión: 1) una manifestación sustancial, que comporta el derecho a acceder a la información misma que sobre una persona se maneja; y 2) una manifestación de carácter instrumental, en tanto permite que la persona, a través de su ejercicio, proteja otros derechos relacionados a la información, tales como: el derecho a la intimidad, a la defensa de la privacidad, a la dignidad humana, la información personal, el honor, la propia imagen, la identidad, la autodeterminación informativa, entre otros. Desde esta óptica, opera como un verdadero mecanismo de protección de los derechos fundamentales.[4]

El hábeas data es una garantía constitucional que nuestra Carta Sustantiva pone a disposición de todo individuo, que le permite acceder a cualquier banco de información, registro de datos y referencias sobre sí mismo, sin necesidad de explicar razones. El interesado puede, igualmente, solicitar la corrección de esa información, en caso de que le ocasione algún perjuicio.

El derecho a la autodeterminación, consagrado en el artículo 44.2[5] de la Constitución, puede ser conceptualizado como la facultad que corresponde a toda persona para ejercer un control sobre los datos e informaciones personales que le conciernen y que reposan en registros públicos o privados, pudiendo exigir su rectificación, suspensión, actualización y confidencialidad en los casos que corresponda conforme a la normativa jurídica. Es este, incuestionablemente, en sí mismo, un derecho fundamental. De lo afirmado se concluye que el objeto de la protección de este derecho no se reduce sólo a los datos íntimos de la persona, sino, además, a cualquier tipo de datos personales, íntimos o no, cuyo conocimiento o empleo por terceros pueda afectar derechos subjetivos, sean o no fundamentales, porque su objeto no es sólo la intimidad individual, sino los datos de carácter personal.[6]

El hábeas data constituye una vía recursiva legal que se pone al alcance del ciudadano para que pueda acceder a los sistemas de información pública o privada y tener la posibilidad de requerir la subsanación de un dato erróneo o falso que le resulte perjudicial.

Dentro de las prerrogativas o contenidos mínimos que se desprenden del derecho al Habeas Data encontramos que además del derecho de las personas a conocer o tener acceso a la información que sobre ellas están recogidas en bases de datos, también les asiste el derecho a que la información contenida en bases de datos sea rectificada o corregida, por tratarse da datos sensibles, falsos, inexactos, tendenciosos o discriminatorios.
Es importante saber que para la procedencia del Hábeas Data, no basta alegar la existencia de un supuesto perjuicio a raíz de los datos en cuestión, sino que la información que se pretende rectificar debe afectar ilegítimamente los derechos del reclamante o accionante, que se materializa cuando existe falsedad, discriminación, error o inexactitud en la información.

En virtud del principio iura novit curiae,[7] el juez de amparo está en la obligación de recalificar el Habeas Data erróneamente interpuesto y dar su verdadera fisonomía cuando sea evidente la violación a derechos fundamentales, es decir, que el juez de amparo, en lugar de declarar la acción inadmisible porque “el objeto de la presente acción no se corresponde con una Acción de Amparo, sino con un Habeas Data”, lo que debe hacer es darle la verdadera naturaleza a la acción, es decir recalificar el asunto sometido y decidir la acción incoada bajo una nueva orientación.

Habeas Data fue prevista para garantizar la obtención de informaciones propias, no de terceros, asimismo, las personas jurídicas o morales también se benefician de la garantía que representa el Habeas Data.

Ahora bien, no es materia del juez de amparo apoderado de Habeas Data el determinar la existencia o no de la deuda asentada. No obstante, para obtener la radiación o eliminación de información relativa a deuda en Buro de Información Crediticia, debe demostrarse el pago de la deuda registrada, con la obligatoriedad de solicitar administrativamente la radiación de la información previo al apoderamiento jurisdiccional.

Cualquier imputado de infracciones penales, tiene el legítimo derecho de conocer cuáles son los cargos que le imputan, con el fin de preservar las garantías constitucionales que rigen el debido proceso y la tutela judicial efectiva. Entre ellas, el irrenunciable derecho de defensa que le asiste desde el inicio del proceso penal hasta su culminación, que figura consagrado en el artículo 69 de la Constitución de la República y en el artículo 18 de la Ley número 76-02, que instituye el Código Procesal Penal.

En vista de lo anterior, ninguna persona, aun tratándose de un condenado a penas privativas de libertad, puede ser mantenido soportando de por vida el fardo de antecedentes penales destacados en registros de acceso público, lo que constituye un serio obstáculo para el ejercicio de importantes prerrogativas ciudadanas, en especial el derecho a no ser discriminado pudiendo, en determinados casos, generar daños irreparables.

Sin embargo, lo expresado en el párrafo anterior no implica que las entidades del Estado, responsables de la investigación de los crímenes y delitos, no puedan preservar un archivo de informaciones que le permita hacer consultas al momento de cumplir sus funciones.

No se puede impugnar veracidad de documentos por vía del habeas data, ni pretender la eliminación de informaciones asentadas en bases de datos publicas sustentadas en documentos oficiales del Estado, que se presumen regulares hasta decisión judicial que disponga lo contrario.

En definitiva, la acción de Hábeas Data constituye, en su esencia, un mecanismo de garantía judicial, de carácter fundamental, para tutelar el derecho a la autodeterminación informativa, de manera efectiva y, como consecuencia de ello, para procurar la entrega de informaciones personales, así como para la rectificación y eliminación de datos asentados en registros o bancos de datos, públicos o privados, que afecten a las personas.  

Decisiones consultadas: TC/0475/18, TC/0204/13, TC/0276/18, TC/0175/20, TC/0388/18, TC/0478/15, TC/0404/16, TC/0517/15, TC/0411/17, TC/0690/18, TC/0027/13 y TC/0593/17.

Por: Lic. ROMEO TRUJILLO ARIAS
Abogado / Catedrático Universitario



[1] Artículo 17. Acción de hábeas data. Sin  perjuicio  de  los  mecanismos establecidos  para  el ejercicio  de  los  derechos  de  los  interesados, Estos  podrán  ejercer  la  acción  judicial  de  hábeas data de conformidad con la Constitución y las leyes que rigen la materia.
La  acción  judicial  de  hábeas  data  procederá  para  tomar  conocimiento  de  la  existencia  de  los datos personales almacenados en archivos, registros o bancos de datos públicos o privados que se deriven de una relación comercial, laboral o contractual con una entidad pública o privada; o implemente,  para  tomar  conocimiento de  los  datos  personales  que  se  presuma  que  existen almacenados en archivos, registros o bancos de datos públicos o privados.
En  los  casos  en  que  se  presuma  inexactitud,  la  desactualización  de  la  información  de  que  se trata,  o  el  tratamiento  de  datos  cuyo registro  se  encuentre  prohibido  en  la  presente  ley,  para exigir su rectificación, supresión o actualización”.
[2] Ley 137-11 Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales. G. O. 10622 del 15 de junio de 2011.
[3]Artículo 21 de la Ley 172-13. Procedimiento aplicable. La acción de hábeas data se tramitará según las disposiciones de la presente ley y por el procedimiento que corresponde a la acción de amparo.
[4] TC/0204/13, TC/0523/15, y TC/0411/17.
[5] 2. Toda persona tiene el derecho a acceder a la información y a los datos que sobre ella o sus bienes reposen en los registros oficiales o privados, así como conocer el destino y el uso que se haga de los mismos, con las limitaciones fijadas por la ley. El tratamiento de los datos e informaciones personales o sus bienes deberá hacerse respetando los principios de calidad, licitud, lealtad, seguridad y finalidad. Podrá solicitar ante la autoridad judicial competente la actualización, oposición al tratamiento, rectificación o destrucción de aquellas informaciones que afecten ilegítimamente sus derechos;
[6] TC/0404/16.
[7] Ver artículos de mi autoría: “Principio Iura Novit Curia”. Limites y Alcance”.



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