EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO EN LA REPÚBLICA DOMINICANA




El Amparo de Cumplimiento, es una acción para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o acto administrativo. Este procede cuando el funcionario o autoridad pública ha omitido cumplir con sus deberes legales y reglamentarios. En este sentido, el juez de amparo competente hace un mandamiento de ejecución de las obligaciones a su cargo, contenidos en la normativa. Es importante tener en cuenta que, por estar destinado este tipo de amparo a atacar determinadas omisiones de autoridades públicas, y acatando lo dispuesto por el artículo 75[1] de la Ley No. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales (en lo adelante, la “LOTCPC”), la jurisdicción competente para conocer la acción lo es la jurisdicción contenciosa administrativa.

Para estar legitimado en accionar en Amparo de Cumplimiento debe encasillarse en las siguientes eventualidades: (i) Cuando se trate del incumplimiento de leyes o reglamentos, cualquier persona afectada en sus derechos fundamentales podrá interponer amparo de cumplimiento; (ii) Cuando se trate de un acto administrativo solo podrá ser interpuesto por la persona a cuyo favor se expidió el acto o quien invoque interés para el cumplimiento del deber omitido; y, (iii) Cuando se trate de la defensa de derechos colectivos y del medio ambiente o intereses difusos o colectivo podrá interponerlo cualquier persona o el Defensor del Pueblo.

Entendemos de mucha importancia saber, que para la admisibilidad de una acción de amparo de cumplimiento, no basta con la existencia por sí solo de una omisión imputable a un funcionario o autoridad pública respecto del cumplimiento de una ley o disposición administrativa, sino que se precisa que dicha omisión sea susceptible de afectar un derecho fundamental, pues este último elemento le confiere a la figura del amparo, su carácter y esencia. Es el caso por ejemplo, de interpretar que el cobro de cualquier deuda de un particular frente a la Administración es susceptible de ser perseguido mediante el amparo de cumplimiento, sería tergiversar esta figura al punto de transformarla en una especie de demanda de cobro de pesos, lo que no se correspondería con el carácter excepcional que reviste este tipo de acciones constitucionales (TC/0156/17).

La acción procede contra la autoridad o funcionario renuente al que corresponda el cumplimiento de una norma legal o la ejecución de un acto administrativo. Si el demandado no es la autoridad obligada deberá informarlo al juez indicando la autoridad a quien corresponde su cumplimiento. En caso de duda, el proceso continuara con las autoridades respecto de las cuales se interpuso la demanda. En todo caso, el juez podrá emplazar a la autoridad que, conforme al ordenamiento jurídico, tenga competencia para cumplir con el deber omitido (Art. 106 “LOTCPC”).

La “LOTCPC” establece conforme al artículo 107, la procedencia del amparo de cumplimiento está condicionada a que, previamente a la interposición de la acción, el reclamante haya exigido formalmente a la autoridad pública el cumplimiento del deber legal o administrativo omitido, otorgándole un plazo de quince días (15) laborables para corregir la conducta irregular. Una vez vencido el indicado plazo y seguir persistiendo la omisión de la autoridad, el reclamante cuenta un plazo de sesenta (60) días para interponer la acción, contados a partir del vencimiento del plazo para ejecutar el deber y en ningún caso deberá agotarse por la vía administrativa.

La exigencia previa de cumplimiento de una norma legal o acto administrativo omitido en relación con amparo de cumplimiento debe ser manifestada por el solicitante de manera expresa, categórica e inequívoca; es decir, la comunicación ha de tener un carácter indudablemente intimatorio y además debe revelarse la persistencia en el incumplimiento de la autoridad emplazada, y si dentro de los 15 días laborables la parte intimada no ha contestado la solicitud, el solicitante, vencido este plazo, puede interponer la acción de amparo de cumplimiento dentro de los 60 días siguientes (TC/0116/16).

Asimismo ha sido juzgado, que el acto de intimación a cumplir el acto o norma, no tiene que contener mención expresa respecto a la autoridad que tiene que contestar a la solicitud o hacer cesar el supuesto incumplimiento dentro de los 15 días laborables, sino únicamente hacer constar la exigencia del cumplimiento. (TC/0048/19. Sentencia interpretativa. Principio de informalidad en amparo en cumplimiento).

La inobservancia de la puesta en mora previa, acarrea la inadmisibilidad de la acción de amparo de cumplimiento. Caso en que la aparte accionante no intimó al MSP para que este en un plazo no mayor a 15 días, diera cumplimiento a sus pretensiones (TC/0321/15).

Al tenor del artículo 108, no procede el amparo de cumplimiento: a) Contra el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial y el Tribunal Superior Electoral; b) Contra el Senado o la Cámara de Diputados para exigir la aprobación de una ley; c) Para la protección de derechos que puedan ser garantizados mediante los procesos de hábeas corpus, el hábeas data o cualquier otra acción de amparo; d) Cuando se interpone con la exclusiva finalidad de impugnar la validez de un acto administrativo; e) Cuando se demanda el ejercicio de potestades expresamente calificadas por la ley como discrecionales por parte de una autoridad o funcionario; f) En los supuestos en los que proceda interponer el proceso de conflicto de competencias; y g) Cuando no se cumplió con el requisito especial de la reclamación previa.

Al igual que sucede con las decisiones sobre amparo ordinario, las sentencias emitidas en amparo de cumplimiento pueden ser objeto de un recurso de revisión por ante el Tribunal Constitucional (en lo adelante TC) bajo los requisitos exigidos por la ley.[2]

Por otra parte, en ocasiones se suelen confundir los requisitos de admisibilidad del amparo de cumplimiento con los exigidos por la “LOTCPC” al amparo ordinario. Los requisitos de admisibilidad para el amparo de cumplimiento están en el artículo 107, muy distintos a los que impone el artículo 70 para el amparo ordinario. Al respecto, el TC, mediante la Sentencia TC/0205/14, ha sostenido lo siguiente: “En el contexto del ordenamiento jurídico procesal constitucional dominicano, el legislador ha establecido un amparo ordinario de carácter general y un amparo de cumplimiento, el cual tiene un carácter especial, creando para la interposición de ambas acciones requisitos de admisibilidad diferentes, por cuanto se persiguen objetos también distintos”.

El TC ha establecido que NO PROCEDE la acción de amparo de cumplimiento en los siguientes casos:

a.-) Para hacer ejecutar decisiones de carácter jurisdiccional (sentencias).[3]Asimismo también, ha dictaminado la improcedencia de esta modalidad de amparo cuando se procura el cumplimiento de un contrato de venta (TC/0424/17).

b.-) Tampoco procede, en materia de expropiación, ordenar pago por vía del amparo en cumplimiento cuando no se ha determinado valor o precio del inmueble, es decir, al no existir en favor de la parte reclamante ninguna sentencia, ya sea administrativa o judicial, o acuerdo entre las partes (acto administrativo) que ordene el justiprecio.[4] El TC protege el derecho de propiedad por vía del amparo cuando no queda nada que fallar, como es el hecho en que la autoridad ha omitido realizar el pago que ha sido ordenado por la Presidencia de la República y no ejecutado por el Ministerio de Hacienda (Ver TC/0401/16, TC/0205/13, TC/0193/14, TC/0017/16, TC/0138/19 y TC/0176/20).

c.-) En caso de una expropiación por vía de hecho, no procede ordenar el pago, pues debe demostrarse ocupación violenta, reconocimiento de crédito definitivo por la vía jurisdiccional e incumplimiento de tal decisión por el Estado (TC/0059/16).

d.-) El amparo en cumplimiento no es para lograr que se ejecuten instrumentos de funcionamiento de una agrupación política (estatuto, reuniones o resoluciones). Este mecanismo tiene por finalidad que se cumpla con una ley o acto administrativo (TC/0006/20).

Ahora bien, ese mismo tribunal ha establecido, que PROCEDE el amparo de cumplimiento en los siguientes casos:

a.-) Para obtener el seguimiento y curso de una denuncia por motivo medio ambiental, en el sentido de cumplir con la preceptiva prescrita en los artículos 111 y 113 de la ley núm. 64-00, General de Medio Ambiente y Recursos Naturales (TC/0541/19);

b.-) Para ordenar la ejecución de decretos que ordenaban vender inmueble al accionante. Protección del derecho fundamental a la vivienda y la dignidad humana. Principios de efectividad y favorabilidad (TC/0525/19);

c.-) Para obtener la asignación de pensión por vejez en función de la ley 1986, contra el IDSS y la Dirección de Pensiones y Jubilaciones del Ministerio de Hacienda (TC/0501/19);

 d.-) Para obtener el dictado de un reglamento previsto en tratado internacional y ley de medio ambiente. No deben ser intimados al cumplimiento según los artículos 107 y 108 de la ley 137-11 y esto no es causa de improcedencia. El objeto del amparo en cumplimiento subsiste aun frente a derogación de ley cuando se mantiene la norma y obligación a cargo del Estado. Si en el marco de proceso del amparo, el ente o órgano encargado de cumplimiento, la ley cambia o modifica autoridad obligada, resulta inexigible el requerimiento de intimación a cumplimiento (TC/0035/18);

e.-) Ante la no contestación de avalúo o precio de inmueble en expropiación, procede ordenar pago por vía de amparo en cumplimiento en función de la ley 86-11 sobre inembargabilidad de los Fondos Públicos, ya que la finalidad de los artículos 3 y 4 de dicha ley, es crear un mecanismo de cumplimiento del Estado frente a terceros, que se vería desvanecido en caso de incumplirse con la referida ley 86-11 (TC/0194/14, TC/0361/15. Aplicación del principio de favorabilidad. TC/0077/19 y TC/0181/20).
En virtud de los principios iura novit curiae,[5]de efectividad, oficiosidad y tutela judicial efectiva, obligan al tribunal apoderado, a recalificar acción de amparo en cumplimiento en acción de amparo ordinaria cuando las pretensiones del accionante no se corresponden con la acción de amparo en cumplimiento (TC/0005/16).

El TC tuvo a bien decidir, que aun cuando la falta de objeto por la desaparición del acto administrativo y de los presupuestos facticos que se pretenden ejecutar, no ha sido prevista en los procedimientos constitucionales como causal de improcedencia del amparo de cumplimiento, sus efectos producen resultados equiparables a la improcedencia de la acción de amparo en cumplimiento, en la medida en que el tribunal se ve impedido de conocer el fondo del proceso y de proveer la solución que le ha sido impetrada. Que la falta de objeto no previsto en la redacción taxativa del artículo 108 de la Ley 137-11, como una de las causales de improcedencia de la acción de amparo de cumplimiento, revela una imprevisión que se debe remediar fundamentado en el principio de supletoriedad que le faculta a resolver cualquier insuficiencia, oscuridad o ambigüedad que se presente en los procedimientos constitucionales (TC/0029/18).[6]

En definitiva, la acción de amparo, como instrumento de tutela judicial de urgencia, constituye una protección reforzada de los derechos fundamentales. Desde su formal reconocimiento en la República Dominicana, el amparo ha contribuido a reafirmar la fuerza normativa de la Constitución. Esto último se ha visto consolidado al reconocer la Ley No. 137-11 otros tipos de amparo además del ordinario, como lo es el amparo de cumplimiento, figura que ha sido configurada para garantizar los derechos fundamentales frente al incumplimiento de obligaciones legales o administrativas por parte de funcionarios o autoridades públicas.

Por: Lic. Romeo Trujillo Arias
Abogado / Catedrático Universitario


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[1] Artículo 75.- Amparo contra Actos y Omisiones Administrativas. La acción de amparo contra los actos u omisiones de la administración pública, en los casos que sea admisible, será de la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa.
[2] Artículo 94.- Recursos. Todas las sentencias emitidas por el juez de amparo pueden ser recurridas en revisión por ante el Tribunal Constitucional en la forma y bajo las condiciones establecidas en esta ley.
Párrafo.- Ningún otro recurso es posible, salvo la tercería, es cuyo caso habrá de procederse con arreglo a lo que establece el derecho común.
Artículo 95.- Interposición. El recurso de revisión se interpondrá mediante escrito motivado a ser depositado en la secretaría del juez o tribunal que rindió la sentencia, en un plazo de cinco días contados a partir de la fecha de su notificación.
[3] TC/0218/13, TC/0468/17, TC/0778/18, entre otras).
[4] Para que proceda la acción de amparo en cumplimiento, se debe apoderar previamente a la jurisdicción correspondiente para la fijación del justo precio, de conformidad con los establecido por el artículo 2 de la Ley núm. 344, del veintinueve (29) de julio de mil novecientos cuarenta y tres (1943), modificada por la Ley núm. 108-05 y la Ley núm. 51-07 (TC/0017/16).
[5] Ver artículos de mi autoría: “Principio Iura Novit Curia”. Límites y Alcance”.
[6] En materia de amparo ordinario, la falta de objeto es una causa de inadmisibilidad de la acción. En materia de amparo de cumplimiento el TC determinó que la falta de objeto era una causal de improcedencia. No obstante, ese mismo tribunal tuvo a bien establecer mediante TC/0012/16 que: La derogación del acto o decreto del cual se pretende o se persigue su ejecución implica “inadmisiblidad por carecer de objeto” de la acción de amparo en cumplimiento”. Podría decirse que existe una contradicción entre ambas decisiones.













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