
El
profesor Ramírez, fue vilmente asesinado
el 11 de octubre de 2017, por denunciar supuestos actos de corrupción en
la OMSA y someter ante el TSA una acción de amparo por rehusarse a entregar
información sobre más de 800 órdenes de reparación de autobuses entregadas en
dos años a cinco empresas. Otro caso
que quedó en el olvido por la muerte del profesor universitario, fue la información solicitada y no entregada
al Banco de Reservas sobre el costo del cambio de identidad corporativa que se
realizó en julio del 2016, y que a días de su muerte, se conocería una acción
de amparo ante la negación de entrega de la información por la entidad bancaria.
Su cadáver apareció en una cañada con
las manos atadas con cadenas y sujetas a un block.
A dos
años y diez meses del asesinato, la situación para el conocimiento del caso se
encuentra en un limbo; a uno de los involucrados se le declaró extinguido el
proceso penal por ausencia de actos conclusivos por parte del Ministerio
Público; un coimputado se encuentra en
los Estados Unidos, el cual no ha sido posible traer al país y es pieza clave
del caso; tres encartados están privados de libertad; uno de los justiciables fue favorecido con
variación de medida de coerción de prisión preventiva a garantía económica e
impedimento de salida y otro imputado fue beneficiado con variación de la
medida de coerción de prisión preventiva a garantía económica, arresto
domiciliario, brazalete electrónico y presentación periódica, detalló el
maestro Bautista López García. Aún no se han depositado las pruebas que
vinculen a uno de los puestos en libertad
y beneficiario de la variación de la medida de coerción, que por comisión u omisión presuntamente podría
estar relacionado con el asesinato del profesor universitario, así como otras
pruebas pendientes de depositar, de instituciones
como el INACIF, que se encuentra dentro de la Procuraduría General de la
República
La
desidia del Ministerio Público es la única explicación a la lentitud y la
torpeza procesal en que se ha llevado el caso, dando una apariencia que desde
la institución que ejerce la acción penal pública existe un marcado interés de
no identificar los reales responsables del cruel asesinato del profesor Yuniol
Ramírez, argumentó el maestro universitario.
Bautista
López García, solicitó a las nuevas autoridades que se juramentarán el 16 de
agosto, enderezar el curso procesal del expediente, porque la muerte del profesor
universitario no debe quedar impune ni mucho menos los supuestos actos de
corrupción denunciados, los cuales fueron los reales motivos de su vil
asesinato, concluyó el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas
de la UASD.
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