CONDENAS POR ASESINATO SIN LA EXISTENCIA DEL CADAVER EN LA REPÚBLICA DOMINICANA


En fecha 5 del mes de febrero del presente año 2020, el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional sentó un precedente en materia penal al imponer condena por asesinato en el cual el cadáver de la víctima no pudo ser hallado. Miguel Ángel Jorge Cruz, alias Miguelito el Sicario, fue condenado a treinta años de prisión por el asesinato por encargo de Ramón Adolfo Rodríguez Castillo.


Según el expediente, ambos acordaron reunirse en una estación de combustible la tarde del 27 de junio 2017, fecha en que Jorge Cruz asesinó y desapreció el cuerpo de Rodríguez Castillo. En un comunicado de prensa el Ministerio Público informó que tras un proceso investigativo que incluyó el análisis de inteligencia electrónica y la recolección de pruebas testimoniales, documentales, materiales, referenciales y periciales, se determinó que la última vez que la víctima se vio con vida fue junto al acusado, además de que el incendio de su vehículo fue provocado y que Jorge Cruz estaba en el lugar del hecho, lo que confirma su culpabilidad.

El Ministerio Público indicó que casos similares a este, en el que se ha desaparecido el cadáver de la víctima sin que pueda ser hallado, tienen jurisprudencia en otros países, entre ellos España, Argentina, Chile, Costa Rica y Guatemala.

Todos los medios de comunicación resaltaron que esta era la primera condena en el país por asesinato sin que el cadáver haya aparecido, pero resulta, que en fecha 5 del mes de mayo del 2017, los jueces que conformaron el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de Monseñor Nouel,[1] condenaron  a 30 años de prisión, a cinco hombres acusados del secuestro y desaparición del comerciante Ramón Antonio Sánchez (Monso), de 85 años, quien fue raptado en su residencia situada en la comunidad Villa Trina, del municipio de la provincia Espaillat, el 27 de noviembre de 2013 y cuyo cadáver hasta la fecha no ha podido ser recuperado, además, la sanción incluyó a César Sánchez, hijo del comerciante desaparecido vinculado al proceso.

Algunos juristas sostienen que existen más casos de condenas en el país sin la existencia del cadáver, de los cuales no hemos podido certificar y comprobar los mismos con datos concretos y fidedignos.

¿En el hipotético caso de que eventualmente aparezca viva la persona que había sido dada como fallecida y por la cual hay personas cumpliendo condenas, que hacer en favor de los imputados-condenados de manera definitiva?.

En ese caso habría que interponer una Revisión Penal por ante la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), en contra la sentencia definitiva firme sin importar la jurisdicción de donde haya sido evacuada, al tenor de lo que establece el artículo 428 del Código Procesal Penal Dominicano (CPP), el cual habilita este recurso "Cuando después de una sentencia condenatoria por el homicidio de una persona, su existencia posterior a la época de su presunta muerte resulta demostrada por datos que constituyan indicios suficientes”.

Asimismo, durante la tramitación del recurso, la SCJ puede suspender la ejecución de la sentencia recurrida y disponer la libertad provisional del condenado o la aplicación de una medida de coerción, y en caso de que la sentencia sea anulada, la SCJ dictará directamente la sentencia del caso, con la absolución y consecuente libertad del condenado si está preso.

En caso de que la sentencia no haya sido definitiva, deberá agotar las vías recursivas ordinarias que la norma pone a disposición del imputado.

Por último, en caso de que la sentencia sea absolutoria, el recurrente puede exigir su publicación en el Boletín Judicial y en un periódico de circulación nacional, así como la restitución, por quien las percibió, de las sumas pagadas por concepto de multas, costas y daños y perjuicios.

Por: Lic. ROMEO TRUJILLO ARIAS
Abogado / Catedrático Universitario




[1] El juicio de fondo fue conocido por jueces de otra jurisdicción porque los magistrados de la provincia Espaillat, se inhibieron del proceso por presuntos vínculos con algunos imputados, recusados y otros que recibieron amenazas.


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