NUESTROS DERECHOS FRENTE A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA



A propósito de las pasadas elecciones extraordinarias congresuales y presidenciales celebradas en nuestro país el pasado 5 de julio y ante la elección de nuevos funcionarios que a partir del próximo 16 de agosto serán las autoridades que conformaran la administración pública., huelga acotar el tema de nuestros derechos como administrados, frente a la administración pública.

Y es que, las pasadas autoridades nos acostumbraron, y hasta casi convencernos de que las actuaciones de los funcionarios de la administración pública, no tenían nada que ver con derechos de los administrados, ya que, no se tomaba en cuenta, ni siquiera se daban por existentes los derechos de las personas como administrados, frente a la administración publica.

Es por esto, y dado que la sociedad dominicana ha decidido mediante el ejercicio de su derecho al voto, dar un cambio y apostar por un nuevo sendero en los destinos y manejo de la administración pública de nuestro país, se me hace, muy oportuno el momento, para poner sobre la mesa este aspecto tan neurálgico e importante para el restablecimiento de nuestro Estado Social, Democrático y de Derecho, en el cual se impone una serie de principios y derechos que deben ser observados y respetados por la administración pública frente a los administrados, es decir, frente a todos nosotros.

Partiendo de la base de nuestro ordenamiento jurídico y Estado de Derecho, hacemos acopio a las disposiciones de los artículos 138 de la constitución que somete la Administración al derecho, disponiendo textualmente lo que sigue: “La Administración Pública está sujeta en su actuación a los principios de eficacia, jerarquía, objetividad, igualdad, transparencia, economía, publicidad y coordinación, con sometimiento pleno al ordenamiento jurídico del Estado”.

Dicho sometimiento es reafirmado por el artículo 139 de la Constitución, al disponer que los tribunales controlen la legalidad de los actos de la Administración, y permitir a la ciudadanía requerir ese control a través de “procedimientos legales”, entre los cuales juega papel estelar la acción constitucional de amparo.

En ese mismo orden de ideas, también las disposiciones del artículo 147 de la Constitución, van en ese sentido, el cual ordena que “los servicios públicos están destinados a satisfacer las necesidades de interés colectivo”. Además, nuestro tribunal constitucional ha opinado sobre los temas precedentemente reseñados, que se destacan otros derechos o garantías frente a la Administración derivados de su sometimiento al derecho y del derecho a la buena administración.

El derecho a la buena administración que tienen los administrados frente a la administración pública,  es uno de los derechos contenidos en la Ley 107-13 de los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y Procedimiento Administrativo, según las disposiciones de esta misma ley 107-13, en su artículo 4 bajo el cual se establece el derecho a la buena administración, que se concreta bajo un listado de 31 derechos y un numeral 32 que incluye todos los demás derechos establecidos por la Constitución y las leyes. Igualmente, es contemplado en el Considerando Décimo Segundo de la citada ley.

La ley 107-13 de los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y Procedimiento Administrativo, tiene el propósito básico de regular las relaciones de los ciudadanos con la Administración Pública, principalmente, en el marco del procedimiento administrativo, constituyendo un paso significativo en la regulación de las funciones de la administración pública, como gestora de recursos públicos. Esta ley contribuirá a garantizar un ejercicio más efectivo de los derechos fundamentales de los ciudadanos, al establecer procesos para actuaciones administrativas, plazos de respuesta a los ciudadanos. Así como deberes y obligaciones frente de las entidades de la Administración Pública frente al administrado.

A través de esta pieza legislativa la Administración Pública deberá asumir nuevos roles en la relación Estado-Sociedad, lo que genera la necesidad de prever nuevos mecanismos procedimentales que permitan satisfacer eficazmente esos cometidos. Dicha ley, en sentido, general, la Ley No 107-13, de los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y Procedimiento Administrativo, y su implementación contribuirá con el anhelado Estado Social y Democrático de Derechos, fundado en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, potenciando la soberanía popular de donde emanan todos los poderes, apoyando su ejercicio de manera directa. De ahí, la trascendencia e importancia de esta norma que se le impone a los nuevos administradores públicos que se estrenan en las distintos estamentos del Estado en unas pocas semanas.

Se trata, a través de esta ley, contribuir a garantizar un ejercicio más efectivo de los derechos fundamentales de los ciudadanos, al establecer procesos para actuaciones administrativas, plazos de respuesta a los ciudadanos y principios que son los que gobiernan y norman las relaciones determinadas por esta Ley que se suscitan entre la administración pública y los sujetos administrados.

Estos procesos para las actuaciones se enmarcan dentro de lo que conocemos como derecho administrativo, el cual, se le ha identificado como “derecho constitucional aplicado”, criterio y definición al cual tanto el constituyente, como el legislador ordinario dominicano al parecer se han suscrito, pues la aprobación y promulgación de las más recientes normas de la rama del derecho administrativo emanan y provienen de un mandato constitucional directo y expreso.

Al analizar la ley 107-13, encontramos su fundamento constitucional en el artículo 138 de la Carta Magna, que establece que la Administración Pública debe regirse por los principios de eficacia, jerarquía, objetividad, igualdad, transparencia, economía, publicidad y coordinación, disponiéndose de manera expresa en el numeral 2 del referido artículo, que una  ley deberá regular el procedimiento a través del cual deben producirse las resoluciones y actos administrativos, garantizándose la audiencia y participación de las personas interesadas, con las excepciones que establezca la propia ley.

Los principios tienden a desarrollar las ideas fundamentales e instructoras de la organización jurídica de la Ley,  los cuales se nutren de diversas disposiciones legales ya establecidas con la finalidad de fortalecer el ordenamiento jurídico vigente es decir, son quienes le dan sentido a la Ley y de manera sucinta deja plasmado tanto el cuadro de legalidad así como el de protección de los Derechos Fundamentales frente al Debido Proceso de Ley.

 En el caso de la especie la Ley sobre Derechos de las Personas con la Administración y Proceso Administrativo marcada con el número 107-13,  se observan varios principios que fungen como enunciados generales a los que se subordina un conjunto de soluciones particulares.

Los principios de la actuación administrativa, tienen por objetivo enriquecer nuestro ordenamiento jurídico y a su vez que los procesos llevados de manera administrativa se manejen acorde al debido proceso de Ley y Tutela Judicial Efectiva, planteada en nuestra Constitución, de igual forma será siempre nuestra carta magna así como la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, el soporte de todo proceso legal en territorio Dominicano.

El cumplimiento de esta ley, a mi modo de ver, constituiría un gigantesco paso de avance de nuestra administración pública hacia el sitial aspirado por todo dominicano, un verdadero Estado social, democrático y de derecho que constituya un verdadero garante de sus derechos y garantías y que asuma sus derechos tanto como sus obligaciones.

Con el cumplimiento de esta Ley por parte de la nueva administración pública y con ella, el mandato Constitucional, la nueva administración estaría demostrando que propone y trae al país que le favoreció con su voto, un verdadero y trascendental cambio, un cambio que beneficia a la sociedad, un cambio profundo que implique la conciencia de los nuevos administradores de la cosa pública esté identificada con los administrados y consientes de que deben funcionar y que están para servir al público, de eso se trata, ser funcionarios públicos. Tutelando siempre los derechos y garantías de todos los sujetos administrados, es decir, de la sociedad dominicana.

Por: Awilda Reyes
Abogada / Catedrática Universitaria


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