LA DECLINATORIA POR CAUSA DE SOSPECHA LEGÍTIMA Y SEGURIDAD PÚBLICA

Hay lugar a la declinatoria por causa de sospecha legítima cuando una jurisdicción entera[1](y no tal o cual de sus miembros solamente), puede estar bajo sospecha por falta de la objetividad necesaria para juzgar un litigio, es decir, la declinatoria supone una incertidumbre en cuanto a la objetividad del conjunto de los magistrados que componen el tribunal; que, en tal virtud, cuando varios jueces son objeto de recusación, sea por la misma razón o por causas diferentes, aún no se haya solicitado el reenvío a otra jurisdicción, procede aplicar el procedimiento de declinatoria por causa de sospecha legítima.

La declinatoria por sospecha legítima se encuentra dirigida contra el tribunal y procura un cambio del mismo; mientras que la recusación se encuentra dirigida contra cada juez de manera individual, persiguiendo apartarlo del proceso.

Recientemente nuestra Suprema Corte de Justicia (en lo adelante SCJ), estableció mediante Resolución del 15 de agosto de 2019, que: “Si bien es cierto que la vigente normativa procesal penal omitió establecer en su cuerpo el procedimiento a seguir para el planteamiento y fallo de la declinatoria por causa de sospecha legítima, que se encontraba trazado en el abrogado Código de Procedimiento Criminal de la República Dominicana; no es menos cierto que, la declinatoria por causa de sospecha legítima constituye un principio general de procedimiento, cuya figura jurídica no puede quedar excluida en ninguna materia por ausencia de procedimiento, puesto que la misma se conserva configurada como institución jurídica en diversos textos especiales, tales como: literal a) del Artículo 14 Ley núm. 25-91; Artículo 382 Código Procedimiento Civil; literal a) del Artículo 14 Ley núm. 821-27; párrafo V del Artículo 3 Ley núm. 50-00”.

Entre los textos legales citados se destaca el literal a) del Artículo 14 de la Ley núm. 25-91, Orgánica de la SCJ, el cual otorga competencia exclusiva a la formación del Pleno de la SCJ para conocer de las solicitudes de declinatoria por causa de sospecha legítima,[2]cuya atribución procesal es de aplicación general a todas las materias, pues no hace distinción al respecto.

La demanda en declinatoria por causa de sospecha legítima debe contener de manera precisa y circunstanciada los motivos de hechos y de derecho en que se funda, así como los elementos de prueba que la sustenten, cuya demanda no implica suspensión del proceso en curso, sin perjuicio de que los jueces apoderados del fondo de la cuestión, de oficio o a pedimento de parte, sobresean su conocimiento si lo consideran pertinente por las circunstancias o naturaleza del asunto, hasta tanto la SCJ decida la demanda en declinatoria.

La demanda en declinatoria por causa de sospecha legítima no puede quedarse en simples alegaciones vagas y generales; lo que implica que la parte impetrante debe establecer los hechos que establezcan razonablemente la parcialidad alegada, y probar además, que tal o cual hecho compromete la imparcialidad de determinada jurisdicción.

En definitiva, siendo la declinatoria por causa de seguridad pública un asunto que responde al interés de la buena y sana administración de justicia, en atención a los valores superiores de nuestro ordenamiento constitucional, resulta incuestionable la facultad que tiene el ministerio público o de una de las partes ligadas a un proceso penal, de solicitar la declinatoria en los casos en los cuales la seguridad pública se encuentre amenazada, así como la facultad de la SCJ de apreciar las causas para acoger o rechazar las demandas de esta naturaleza.

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[1]  “Al ir dirigida la instancia contra la totalidad o contra un número de jueces tal de un tribunal colegiado, que la jurisdicción queda inhabilitada, deberán ser resueltos como una demanda en declinatoria por causa de sospecha legítima y no con la recusación; principio aplicable en este caso por tratarse de un departamento completo (la totalidad de los jueces que integran la Jurisdicción Civil del Departamento Judicial de Santo Domingo)” Sentencia nº 535-2019 de Suprema Corte de Justicia, del 21 de febrero de 2019. 

[2] También podríamos citar el artículo 163 de la Ley No. 821, de Organización Judicial, modificado por la Ley No. 294 de 1940, el cual se refiere a la competencia funcional de la Suprema Corte de Justicia para conocer de toda demanda en declinatoria o en designación de jueces.

Por: Lic. Romeo Trujillo Arias

Abogado / Catedrático Universitario

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