HISTORIAL CREDITICIO Y PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES



Todos los ciudadanos, tenemos en nuestra vida en sociedad la necesidad de adquirir bienes y servicios que nos permitan satisfacer nuestras necesidades básicas y las de nuestras familias.

Para la adquisición de bienes y servicios, muchos dominicanos nos valemos de diferentes instrumentos y productos financieros que con el uso que les damos, vamos creando nuestro historial crediticio.

Esta información relativa a nuestros productos y comportamiento crediticio forma parte de la información que manejan las Sociedades de Información Crediticia. Estas sociedades son aquellas que se dedican a recopilar, organizar, almacenar, conservar, comunicar, transferir o transmitir datos sobre los consumidores, bienes o servicios relacionados con estos, así como cualquier otra información suministrada por la Superintendencia de Bancos, a través de procedimientos técnicos, automatizados o no, en forma documental, digital o electrónica.

En nuestro país, el uso, divulgación y hasta comercialización de estos datos personales con respecto al desenvolvimiento crediticio de los ciudadanos, es una práctica que ha tomado auge en los últimos años, lo que ha motivado, que sea regulada la actividad relativa al tratamiento de las informaciones personales de los dominicanos, para tutelar los derechos que se encuentran vinculados a este tipo de actividad.

Y es que, con la práctica anteriormente planteada, se pone en riesgo el derecho a la intimidad y al honor de las personas, derechos que nuestra Constitución y los Tratados Internacionales sobre derechos humanos, firmados y ratificados por nuestro país, reconocen y protegen. Esto significa que la información en el ámbito privado de la vida de las personas y el cual es prohibido para las demás, incluyendo los datos, informaciones y situaciones que en este ámbito se generen, están protegidos por la Ley 172-13, protección que busca la no injerencia de terceros no autorizados a estas informaciones.

Dicho lo anterior, cabe decir que, los datos e información sobre las personas y sobre sus bienes, como  parte de su ámbito íntimo y personal, tienen el derecho de decidir sobre el uso que se haga de estos datos y el destino que se les asigne, ya sea, que estos reposen en registros públicos o registros privados.

Sin embargo, también es común que los ciudadanos entiendan que estos datos y estas informaciones de carácter personal, son propiedad de las Sociedades de Información crediticia que manejan los datos y que para tener acceso a ellas deben pagar para obtener acceso a su propio historial, siendo ésta una de las razones que afecta el acceso de los ciudadanos a sus propios datos.

Pero en nuestro ordenamiento la Ley 172-13, sobre la protección de Datos de Carácter Personal, ha venido a crear un marco legal para la protección integral de los datos personales de los ciudadanos que se encuentren asentados en archivos, registros públicos, bancos de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos destinados a dar informe, sean estos públicos o privados. Del mismo modo, mediante esta ley se procura garantizar que no se lesione el derecho al honor y a la intimidad de las personas, así como también, facilitar el acceso a la información que se registren sobre las personas y que todo esto se haga conforme lo establece la Constitución en su artículo 44.

En cuanto al acceso, es importante resaltar que la misma ley en su artículo 11 de manera expresa dispone que los titulares de los datos tendrán derecho a solicitar a la Sociedad de Información Crediticia su historial o reporte de crédito de manera gratuita y hasta cuatro veces por año, debiendo esperar intervalos entre una consulta y otra, de no menos de tres meses, con excepción de que el titular demuestre un interés legítimo para solicitar nuevamente el reporte.

Una vez, podamos consultar de manera gratuita nuestra información crediticia, esta Ley establece el procedimiento que debemos agotar cada titular de la información en caso de que consideremos necesario rectificar, modificar o la supresión de algunos de estos datos, ya sea, para fines de eliminación, rectificación o actualización de estos datos.

La Ley No. 172-13 sobre la protección de Datos de Carácter Personal prevé un procedimiento expedito y sencillo para impugnar mediante la acción judicial de Habeas Data, en caso de que el titular de los datos no haya podido tomar conocimiento de sus datos personales almacenados en archivos, registros o bancos de datos públicos o privados que se deriven de una relación comercial, laboral o contractual con una entidad pública o privada.  Procede esta acción judicial, además, en caso de que el titular de los datos quiera tener conocimiento de los datos que sobre su persona existen almacenados en archivos, registros o bancos de datos púbicos o privados y se le haya negado el acceso a éstos.

En caso de que el titular de los datos persiga la rectificación, supresión o su actualización porque presume que los datos sobre su persona son inexactos, desactualizados o se haya realizado un registro sobre una información prohibida por la ley, también procederá la interposición de la acción judicial de habeas data.

Otro procedimiento que establece la ley, es aquella concerniente a la reclamación aplicable a las Sociedades de Información Crediticia cuando los titulares de los datos estén inconformes con la información contenida en un reporte proveniente de algunas de estas entidades o de aquellas entidades que desarrollan herramientas de puntaje de crédito, en cuyo caso, el titular puede presentar una reclamación por instancia o mediante acto de alguacil, estableciendo con claridad la información que impugna.

El Habeas Data es una garantía constitucional que tiene por finalidad proteger a las personas de los abusos que pueda sufrir respecto al llamado poder informático.  Nuestra Constitución en su artículo 70 dispone que toda persona tiene derecho a una acción judicial para conocer de la existencia y acceder a los datos que de ella consten en registros o bancos de datos públicos o privados y, en caso de falsedad o discriminación, exigir la suspensión, rectificación, actualización y confidencialidad de aquéllos, conforme a la ley. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística.

El poder informático es la producción, almacenamiento y transferencia de información personal que puedan realizar instituciones públicas y privadas, empresas y personas en general, en base a los avances tecnológicos.

Este proceso permite, además del acceso a la información personal en manos de terceros, controlar la misma y hacer corregir, supresión y hasta la anulación de los datos ilegítimos.

Esta acción va de la mano con lo que la doctrina ha denominado derecho a la auto determinación informativa y la ley 172-13 sobre la Protección de Datos de Carácter Personal, reconoce estos derechos y pretende ser el marco normativo que sirva para la efectiva protección de los datos, la intimidad y el honor personal como derecho fundamental de todos los ciudadanos.

De lo anterior resulta que esta ley pone a disposición de todos los ciudadanos titulares de datos, un recurso sencillo y efectivo que le permita una efectiva protección de sus datos de carácter personal.

Es decir que al leer la ley nos podemos dar cuenta que, primero, tenemos derecho al acceso a la información personal que sobre nosotros reposa en bancos de datos publico o privados. Que podemos accesar de manera gratuita a nuestros datos y que el proceso para modificar los datos personales que constan en los registros públicos y privados puede ser hecho por nosotros mismos, sin que pueda intervenir ningún tercero, salvo el caso de que para interponer la acción judicial de Habeas Data, se apodere un abogado, ya que, esta acción puede ser elevada directamente por el titular de los datos.

Por: Dra. Awilda Reyes Beltré
Abogada / Catedrática Universitaria



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