EL ACCESO AL ÁREA DE PLAYA Y EL DERECHO DE PROPIEDAD, DE CARA AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DOMINICANO[1]


La parte in fine del párrafo del artículo 15 de la Constitución Dominicana, establece que: “Los ríos, lagos, lagunas, playas y costas nacionales pertenecen al dominio público y son de libre acceso, observándose siempre el respeto al derecho de propiedad privada. La ley regulará las condiciones, formas y servidumbres en que los particulares accederán al disfrute o gestión de dichas áreas”.

El derecho al libre tránsito[2] y al libre acceso a los demás derechos que se pueden ver afectados por la no libertad de estos, están garantizados no sólo por nuestra Constitución, sino por el bloque de constitucionalidad que componen los pactos y tratados a los que como república, somos signatarios.[3]

En cuanto al derecho de propiedad,[4]debemos señalar que la Constitución dominicana incluye las playas dentro de los bienes de dominio público, y como tales bienes son inalienables, imprescriptibles e inembargables; el disfrute y gestión de cualquier área de playa, autorizado de conformidad con la ley, no puede generar en favor del beneficiario de un derecho de propiedad sobre las edificaciones o mejoras que levante o fomente en tales terrenos, porque la naturaleza jurídica de dichos bienes es de dominio público, que se destinan al uso general, determina necesariamente, para que dicho destino se mantenga inalterado, que la inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad que los afecta se extiendan, tanto al suelo, al subsuelo y a todas las mejoras incorporadas a los mismos.

El Tribunal Constitucional (TC) mediante sentencia TC/0106/19, confirmó una decisión, que en ocasión de una acción de amparo, la cual tenía por finalidad la descontinuación de las acciones ilegales que impedían o restringían el libre acceso, goce y disfrute de los espacios públicos de una playa, en la que el juez apoderado de la acción la acogió parcialmente y ordenó el retiro inmediato de cualquier obstáculo que impidiera el disfrute y acceso a la playa, además, la citada acción fue generada en razón de las violaciones a los derechos constitucionales del libre tránsito, derecho al deporte, uso de las aguas y los sesenta (60) metros de pleamar.

Es importante establecer que tanto las personas físicas como morales que detenten propiedades cercanas o continuas al acceso a las zonas correspondientes a la franja de sesenta metros (60m) llamada zona de pleamar, terrenos estos pertenecientes al dominio público, los referidos propietarios no pueden obstaculizar el libre acceso a las playas, costas y riberas dentro de República Dominicana.

En conclusión, y conforme a todo lo antes señalado, es evidente que nuestra Carta Magna ha dejado establecido el derecho que le asiste a todo ciudadano, dentro del territorio dominicano, el libre acceso a playas, ríos y lagunas, determinando la obligatoriedad por parte de los propietarios privados de inmuebles aledaños a los referidos lugares de soportar las servidumbres que por ley se establezcan a fin de garantizar dicho acceso.


[1] Decisiones analizadas: TC/0485/15, TC/0378/16, TC/0328/18 y TC/0106/19. 
[2] Artículo 46.- Libertad de tránsito. Toda persona que se encuentre en el territorio nacional tiene derecho a transitar, residir y salir libremente del mismo, de conformidad con las disposiciones legales.
[3] Sentencia TC/0071/13, del siete (7) de mayo de dos mil trece (2013), página 20, párrafo o.
[4] Artículo 51.- Derecho de propiedad. El Estado reconoce y garantiza el derecho de propiedad. La propiedad tiene una función social que implica obligaciones. Toda persona tiene derecho al goce, disfrute y disposición de sus bienes.
Es preciso señalar que el derecho de propiedad puede ser definido, de manera general, como el derecho exclusivo de usar un bien, de disponer del mismo, así como de aprovecharse de los beneficios que este produzca TC/0137/13.
                                                           

Por: ROMEO TRUJILLO ARIAS

Abogado / Catedrático Universitario


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