DERECHO A LA SALUD Y DERECHO A LA EDUCACIÓN. DOS CARAS DE LA MISMA MONEDA


Con mucha frecuencia nuestra sociedad experimenta situaciones en las cuales dos derechos de naturaleza constitucional se encuentran enfrentados. Es normal ver,como por ejemplo, el derecho constitucional de presunción de inocencia y de la prisión preventiva colisionan en su aplicación; así como también en varias ocasiones hemos visto casos en los cuales se enfrentan el derecho a la libertad de expresión y el derecho al honor; de igual modo, es usual en estos tiempos situaciones en las cuales colisionan la libertad de información y del derecho a la intimidad, incluso en escenarios recientes hemos sido testigos de cómo pueden colisionar el derecho de manifestación y del orden público, entre otros tantos.
Al igual que en los casos anteriores, una colisión de derechos fundamentales es la que a grandes rasgos abordaremos en estas breves líneas, ya que el tema es muy profundo y complejo, y abordarlo a ése nivel desbordaría los propósitos de éste artículo.
La situación que se está debatiendo en diferentes escenarios en nuestro país, y que tiene enfrentados a distintos sectores de la sociedad, es el tema del inicio del año escolar el próximo mes de agosto bajo las actuales circunstancias de estado de emergencia y excepción. Se discute el derecho a la educación versus la protección de la salud ante el aumento de la propagación del covid-19 y si es posible iniciar el año escolar en la fecha pauta, cediendo éste ante el derecho a la salud o si por el contrario, debe imperar el derecho a la salud sobre el derecho a la educación.
Y es que al margen de todas las aristas que tiene la discusión del tema, y tomando en cuenta que su abordaje no se ha planteado desde este punto de vista de derechos enfrentados, quiero traerles esta perspectiva y enfoque constitucional, porque, antes que todo, en definitiva y en esencia, se trata de dos derechos fundamentales, igualmente protegidos por la constitución y que deben converger simultáneamente, pero que el estado concreto de excepción no permite la coexistencia de ambos y que los mismos se perfeccionen mutuamente, teniendo, las autoridades, la obligada decisión de decidir por uno sobre otro.
Desde el punto de vista constitucional, en esencia es una discusión que debe resolverse ponderando estos derechos fundamentales de rango constitucional. Ambas normas son válidas y, en principio, coherentes, pero que en esta situación de hecho se encuentran en conflicto.
Cuando dos normas chocan o se enfrentan (antinomia normativa), la constitución contiene los principios que dan respuesta y solución a  estos conflictos normativos, sin embargo, cuando es la misma constitución la que en su cuerpo contiene dos principios enfrentados, la solución a esto debe hacerse a través de la ponderación de los mismos.
El juicio de ponderación o test de proporcionalidad como lo llama la doctrina constitucional, no es más que una técnica jurídica para resolver la colisión de derechos fundamentales.
El hecho de la coincidencia del estado de emergencia por la pandemia con la fecha del inicio del año escolar  ha creado una contradicción entre a cual derecho darle prioridad, si a la educación o a la salud (antinomia en concreto o externa) y es ésta la contradicción, producto  de estas circunstancias planteadas, que impone la necesidad de aplicar una de aquellas mediante una justificación razonable y proporcional.
Y es que desde el punto de vista constitucional, ambos derechos gozan de la misma jerarquía, sin que la misma norma disponga un mecanismo mediante el cual, algunos de sus principios o derechos pueda sobreponerse a otro en caso de que se encuentren enfrentados, como ocurre en el caso planteado.
De modo que, para poder solucionar este choque de normas es necesario considerar o evaluar el peso o la importancia de cada una de ellas en el caso concreto, tratando de buscar una solución equilibrada, tal y como si fueran colocados en la balanza de la justicia, en la cual, la solución debe  armonizar los principios o derechos en conflicto.
Para lo anterior, además, deberá tomarse en cuenta que los derechos fundamentales y en general los principios establecidos en la Constitución jamás serán absolutos y, por el contrario, en algunas circunstancias podrán ser desplazados por otras normas constitucionales igualmente relevantes.
En este caso en particular, puede afirmarse que el test de proporcionalidad o ponderación, implica que ambos derechos sean puestos en una balanza y sea ponderado el peso de cada uno de estos, desde la perspectiva del caso en concreto, pues partimos de que estamos buscando la preponderancia de un principio o derecho sobre otro, que pertenecen al mismo cuerpo normativo, la constitución, y que el caso en concreto será la circunstancia actual, la balanza, sobre el cual, deberá realizarse el test o peso de estos derechos en conflicto.
Dicho lo anterior, debo decir, que el test de proporcionalidad permite que un principio prevalezca sobre el otro, sin que esto implique que el que pese menos, se quede fuera del sistema normativo o pierda relevancia constitucional, ya que, fuera del caso en concreto en el que tuvo que ceder ante otro derecho con el que colisionaba, este derecho mantiene todas sus características y fuerza vinculante dentro del ordenamiento jurídico.
Esto quiere decir, que en el caso particular y excepcional que tenemos sobre el derecho a la educación y a la salud, cualquiera de los dos derechos que ceda para darle preeminencia al otro para la solución de la situación actual, no implica que fuera de ésta, se pueda alegar que este derecho ha perdido aplicabilidad o que por el contrario, el derecho que prevalece, adquiere mayor relevancia en otros escenarios.
Aunque en nuestro caso particular, esta colisión de derechos no ha sido sometida a consideración judicial, no menos cierto es que, las autoridades, deben siempre garantizar la preeminencia de la constitución y actuar apegadas a esta norma, garantizando a los ciudadanos el respeto de los derechos que la carta magna les reconoce. 
Estas autoridades tienen dentro de sus facultades tomar las decisiones que impliquen la preeminencia de uno de estos derechos sobre el otro, deberán realizar un ejercicio de ponderación del caso en concreto, quizás no con las características propias de la técnica, pero necesariamente deberán tomar las medidas que resulten más equilibradas y proporcionadas, y la que resulte más ventajosa para el interés general, que los perjuicios que se le ocasione con respecto al otro principio o derecho en conflicto.
En el caso concreto, las autoridades dominicanas, tendrán que ponderar cuál de los dos derechos enfrentados, el de la salud o la educación, debe prevalecer sobre el otro en las circunstancias actuales. Deberán ponderar y valorar  el grado de afectación o lesión de un principio o derecho,  así como el grado de importancia o urgencia en la satisfacción de otro y, de las valoraciones de la justificación o falta de justificación de la medida en cuestión, se podrá determinar el peso definitivo que en la realidad actual y excepcional tienen los principios en concurrencia, obtenido de la valoración conjunta y relativa entre satisfacción y sacrificio de cada uno de estos, la respuesta de cuál debe ceder y cuál prevalecer.
Por: AWILDA REYES BELTRÉ

Abogada / Catedrática Universitaria


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