LA OBLIGACIÓN DE MOTIVAR LAS SENTENCIAS POR PARTE DE LOS JUECES



Por motivación hay que entender aquella en la que el tribunal expresa de manera clara y ordenada las cuestiones de hecho y derecho que sirvieron de soporte a su sentencia, o en otros términos, en la que el juez o los jueces explican las razones jurídicamente válidas o idóneas para justificar su decisión, expuesta dicha argumentación de manera comprensible para la ciudadanía, por cuestiones que además de jurídicas, sirvan de pedagogía social.

La debida motivación de las decisiones, es una de las garantías del derecho fundamental a un debido proceso y de la tutela judicial efectiva, consagrados en los artículos 68 y 69 de la Constitución, e implica la existencia de una correlación entre el motivo invocado, la fundamentación y la propuesta de solución; es decir, no basta con la mera enunciación genérica de los principios sin la exposición concreta y precisa de cómo se produce la valoración de los hechos, las pruebas y las normas previstas.[1]

La necesidad de motivar las sentencias por parte de los jueces se constituye en una obligación y una garantía fundamental del justiciable de inexcusable cumplimiento por parte de los juzgadores que se deriva del contenido de las disposiciones claras y precisas de los Artículos 24 del Código Procesal Penal y 141 del Código Procesal Civil Dominicano, lo cual es el corolario en que se incardina lo que se conoce como un verdadero Estado Constitucional de Derecho, cuyo Estado debe justificar sus actos a través de los poderes públicos, como lo es el Poder Judicial, de ahí que los órganos jurisdiccionales tiene la indeclinable obligación de explicar en sus sentencias a los ciudadanos las causas y las razones que sirven de soporte jurídico a un acto grave como lo es la sentencia, de manera pues, que cualquier decisión jurisdiccional sería un acto arbitrario si no se explican los argumentos demostrativos de su legalidad; en consecuencia, el más eficaz de los antídotos contra la arbitrariedad es el de la motivación.

Recordemos que la Suprema Corte de Justicia, mediante la Resolución 1920-2003,[2] estableció la obligación de motivar las decisiones por parte de los jueces no solo es un deber constitucional, sino también una obligación de origen supranacional en virtud del artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y signataria del Pacto Internacional de Deberes Civiles y Políticos, que hoy forma parte del bloque de constitucionalidad en virtud del artículo 74 de la Constitución y de la propia 137-11, lo que permite que las decisiones puedan ser objetivamente valoradas y criticadas, garante contra el prejuicio y la arbitrariedad, que muestra los fundamentos de la decisión judicial, facilita el control jurisdiccional en ocasión de los recursos; en vista de que la conclusión de una controversia judicial se logra mediante la sentencia justa, para lo cual se impone a cada juez, incluso con opinión disidente, la obligación de justificar los medios de  convicción en que la sustenta, constituyendo uno de los postulados del debido proceso.

Corresponde a los tribunales del orden judicial cumplir cabalmente con el deber de motivación de las sentencias como principio básico del derecho al debido proceso, observancia que demanda el cumplimiento de los siguientes requisitos: a.) Desarrollar de forma sistemática los medios en que fundamentan sus decisiones; b.) Exponer de forma concreta y precisa cómo se producen la valoración de los hechos, las pruebas y el derecho que corresponde aplicar; c.) Manifestar las consideraciones pertinentes que permitan determinar los razonamientos en que se fundamenta la decisión adoptada; d.) Evitar la mera enunciación genérica de principios o la indicación de las disposiciones legales que hayan sido violadas o que establezcan alguna limitante en el ejercicio de una acción; y e) Asegurar, finalmente, que la fundamentación de los fallos cumpla la función de legitimar las actuaciones de los tribunales frente a la sociedad a la que va dirigida a la actividad jurisdiccional”.[3]

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas decisiones son vinculantes para todos los poderes públicos de la República Dominicana, estableció que las argumentaciones de un fallo deben mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las debidas garantías incluidas en el artículo 8.1 [de la CADH] para salvaguardar el derecho a un debido proceso (Caso Apitz Barbera y otros c. Venezuela, Sentencia de fecha 5 de agosto de 2008).

En definitiva, la ausencia de motivación cierta y valedera convierte la sentencia en un acto infundado e inexistente, que produce en los justiciables un estado de indefensión, por efecto de la ausencia de razones y criterios que puedan ser discutidos de contrario. Asimismo, la falta de motivación de las decisiones judiciales, atenta groseramente contra el derecho a un debido proceso de los justiciables: el fallo sin razones, lo que no es más que corrupción de un poder que, como el Judicial, solo se legitima dando razones. Aparece así la motivación en sus dos dimensiones como lo que es: obligación fundamental a cargo del órgano jurisdiccional y derecho fundamental de los individuos a la tutela judicial efectiva; todo a los fines de garantizar otros derechos, y de controlar que la actividad jurisdiccional no sea arbitraria, abusiva, ni caprichosa.[4]



[1]TC/009/13 y TC/0017/12, esta última citada por el Dr. Fabio J. Guzmán Ariza, en el “Repertorio de la Jurisprudencia Civil, Comercial e Inmobiliaria de la Republica Dominicana (2001-2014)”, Primera Edición, Noviembre 2015, pág. 842.-   
[2]“19. MOTIVACIÓN DE DECISIONES. La obligación de motivar las decisiones está contenida, en la normativa supranacional, en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Igualmente, en nuestra normativa interna, en el artículo 15 de la Ley 1014, de 1935, en el artículo 141 del Código de Procedimiento Civil, y en el artículo 24 de la Ley No. 3726 del 1953.
La motivación de la sentencia es la fuente de legitimación del juez y de su decisión. Permite que la decisión pueda ser objetivamente valorada y criticada, garantiza contra el prejuicio y la arbitrariedad, muestra los fundamentos de la decisión judicial, facilita el control jurisdiccional en ocasión de los recursos; en vista de que la conclusión de una controversia judicial se logra mediante la sentencia justa, para lo cual se impone a cada juez, incluso con opinión disidente, la obligación de justificar los medios de convicción en que la sustenta, constituyendo uno de los postulados del debido proceso, la que sólo puede ser lograda cuando se incluya una valoración adecuada de las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica, lo que fortalece la seguridad jurídica a que aspiran disfrutar los ciudadanos de manera objetiva. Criterio que ha sido ampliamente tratado en múltiples decisiones de esta Suprema Corte de Justicia. (Entre otras, Sentencia No. 18 del 20 de octubre de 1998).
Ver también las siguientes jurisprudencias: Cas. Civ., 21 de noviembre 2001, B. J. No. 1092, págs. 95- 101; Cas. Civ. 30 de junio de 1999, B. J. No. 1063, págs. 319-324; Cas. Civ. 19 de noviembre de 1997, B. J. No. 1044, págs. 59-63; Cas. Civ. 22 de septiembre de 1999, B. J. No. 1066, págs. 182-189.
[3] Ver también en ese mismo sentido, TC/0077/14, TC/00363/14, TC/0503/15, TC/0421/17 y TC/0123/18.
[4] Ver Jorge Prats, Eduardo. “El Tribunal Constitucional y la Motivación de las Sentencias”. Artículo publicado en el periódico “Hoy”, 28 de febrero de 2013.


Por: Lic. Romeo Trujillo Arias
Abogado – Catedrático Universitario



Síguenos en: noticiasdesdebarahona.com

Comparte esta noticia en las redes sociales:



Publicar un comentario

1 Comentarios

  1. Buenas Tardes Dr. Es muy interesante este artículos como los demás que escribe, y educativo sobretodo a la sociedad y jurídica.

    ResponderEliminar