EL PERITAJE COMO MEDIDA DE INSTRUCCIÓN (3 de 4)


Es posible realizar un peritaje cuyo objeto, una construcción por ejemplo, ha colapsado, sobre la base de los planos de diseño, cálculos y el uso de materiales utilizados en ella.

Si ante la inconformidad de una parte con una experticia, el tribunal le concede la oportunidad para llevar a cabo una nueva, pero esta no procede a hacerla ejecutar, debe presumirse su voluntad tácita de darle aquiescencia a lo determinado en la experticia efectuada.

Asimismo, si una parte no muestra su voluntad expresa de que se ejecute la realización de un nuevo experticio frente a irregularidades de uno anterior, este comportamiento implica una voluntad tácita de dar aquiescencia a los resultados del primer experticio y por ende, le da autoridad irrevocable de la cosa juzgada a lo decidido. No se evita la aquies­cencia por el hecho de contestar la forma en que escogió el perito, sin que se objete el resultado arrojado en el peritaje.[1]

Comete un evidente error de interpretación conceptual el tribunal que declara inadmisible el pedimento de nulidad de un peritaje caligráfico sobre la base de que se trataba de una excepción de nulidad por vicios de forma, propia de los actos de procedimiento, derivada de los artículos 35 al 38 de la Ley 834 de 1978, sin observar, que el objeto de dicha nulidad no se correspondía con las excepciones de nulidad, sino con una nulidad de derecho común.

EN MATERIA ADMINISTRATIVA-TRIBUTARIO, el perito es solo un auxiliar técnico del juez para los asuntos contables propios de la materia, y su opinión, es solo un referente para su esclarecimiento, por lo que un documento unilateral que no haya sido objeto de discusión entre las partes, sino que es interno del tribunal sin que las partes hayan tenido la oportunidad de controvertirlo, implica una conculcación o violación al debido proceso, derecho de defensa, la tutela judicial efectiva y los derechos fundamentales del proceso indicado en el Artículo 69 de la Constitución de la República Dominicana, por tanto, ese documento al no ser debatido contradictoriamente, no garantiza el equilibrio ni la igualdad entre las partes.

Que a lo expuesto, es oportuno aclarar que la condición de perito la ostenta una persona con conocimientos científicos, técnicos o de cualquier otra naturaleza, que es designada y juramentada por el juez conforme con la normativa vigente en la materia de que se trate, a fin de proporcionarle conocimientos en áreas que en principio no son de su dominio y pudieran servir para una correcta impartición de justicia; que fuera de esos casos no se pueden desplegar las consecuencias que tiene la figura del peritaje en el ámbito del proceso civil, por cuanto requiere un procedimiento de discusión entre las partes que permita la contradicción procesal. En esta materia (administrativa-tributario) la investigación es a manera de edificación del juez no de prueba concluyente del caso, es decir, cuando se trate de apoyo suministrado a los jueces por personal contratado por el Poder Judicial dada la especialidad técnica de ciertas materias, dicha situación no debe asimilarse al peritaje; este mecanismo para la adopción y redacción del fallo no constituye un elemento de prueba que sustente el sentido de la decisión a que pudiera llegarse, ni es un elemento del proceso en sí mismo. (Sentencia del 21 de junio de 2019. Rte.: Juan A. Díaz Cruz. Rdo.: DGII).

EN MATERIA INMOBILIARIA, el artículo 65[2]de la Ley 108-05 de Registro Inmobiliario, sobre el peritaje, debe ser interpretado de manera integral junto con sus reglamentos y el derecho común aplicable, en el sentido de que los jueces de la jurisdicción inmobiliaria pueden designar durante la audiencia de sometimiento de pruebas, tanto de oficio como a solicitud de parte, uno o más peritos, que deberán estar habilitados, acreditados y juramentados para dicha función. Las actuaciones de los peritos designados no son concluyentes ni se le imponen (en esta materia), al tribunal, que tiene la facultad de ordenar, de oficio o a solicitud de parte, al Director Nacional de Mensuras Catastrales la inspección de dichos trabajos, conforme al artículo 33 del Reglamento General de Mensuras. 
Asimismo, según el artículo 87[3]del Reglamento de los Tribunales Superiores de Tierras y de Jurisdicción Original de la Jurisdicción Inmobiliaria, el tribunal de tierras puede ordenar durante la audiencia de sometimiento de pruebas, a petición de parte o de oficio, la realización de cualquier peritaje u otra medida de instrucción que estime necesario para el esclarecimiento del caso.

Los Jueces de la Jurisdicción Inmobiliaria no están obligados a ordenar un peritaje cuando una parte lo solicite, solo si lo consideran útil, puesto que constituye una facultad que usan en materia discrecional.

Los informes de los inspectores de la Dirección General de Mensuras Catastrales comisionados por el tribunal constituyen simples opiniones que no ligan ni obligan al tribunal, el cual conserva siempre completa libertad para estatuir en el sentido que le dicte su convicción.

Continúa…


[1] No. 38, Pr., Ene. 2012, B.J. 1214.

[2] Art. 65.- Prueba pericial. En caso de que se ordene un peritaje dentro de un proceso judicial ante esta jurisdicción, el juez designará un perito oficial y las partes podrán nombrar, a su costo, los peritos que estimen convenientes, los cuales deben ser juramentados por el tribunal.
[3]Artículo 87. A petición de parte o de oficio, el Juez o Tribunal, podrá ordenar durante la audiencia de sometimiento de pruebas la realización de cualquier peritaje o cualquier otra medida de instrucción que estime necesario para el esclarecimiento del caso. Párrafo I. La designación de todo perito está condicionada a la presentación previa de sus credenciales y de los títulos que lo acrediten como tal en la materia en cuestión, ante la Secretaría del Despacho Judicial correspondiente. Párrafo II. Para la designación de un perito el Juez o Tribunal cumplirá los preceptos establecidos en el derecho común. 


Por: Lic. Romeo Trujillo Arias
        Abogado / Catedrático Universitario 



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