EL PERITAJE COMO MEDIDA DE INSTRUCCIÓN (2 de 4)



Si luego de haber sido ordenado un informe pericial, la parte interesada deposita documentos contentivos de las informaciones que pretendía establecer con el peritaje, el tribunal debe establecer el valor probatorio de los documentos depositados y decidir si el peritaje sigue siendo necesario o pertinente.[1]

Los peritos son recusables y no se podrá proponer recusaciones sino contra los peritos nombrados de oficio, no así a los elegidos por las partes, a menos que las causas hayan sobrevenido después del nombramiento, y antes del acto de jurar. La parte que tuviere medios de recusación que alegar, estará obligada a hacerlo dentro de los tres días del nombramiento. La sentencia que recaiga sobre la acusación será ejecutoria, aunque intervenga apelación. Si fuere admitida la recusación, se nombrará de oficio, por la misma sentencia, otro perito, u otros peritos, en lugar del, o de los recusados. Si la recusación es desechada, la parte que la hubiere propuesto será condenada en cuantos daños y perjuicios correspondieren.

Resulta de mucha importancia resaltar, que cuando el perito es nombrado de oficio por el juez, la parte inconforme no puede apelar la decisión, sino proceder a la recusación del perito, según lo dispone el artículo 308 del CPC. 
En cuanto al informe, los peritos darán un solo informe; no emitirán sino un solo juicio, a mayoría de votos. No obstante, cuando haya pareceres distintos, indicarán los motivos de las diversas opiniones, sin manifestar cual haya sido el parecer personal de cada uno.

El informe de un arquitecto, por ejemplo, depositado en el tribunal no tiene carácter de pericial si el mismo no ha sido ordenado por dicho tribunal, y que se realice conforme a los artículos 302 y siguientes del CPC, por lo que es anulable la sentencia que denomina “pericial” un informe que no lo es, o que expresa que dicho informe no fue objeto de contestación, cuando sí lo fué, y que fue decisivo para que un tribunal fallara en tal o cual sentido.

En caso de demora o negativa de parte de los peritos para depositar su informe, el tribunal no está obligado a emplazarlos, ya que el hacerlo es una facultad que tiene el tribunal, no una obligación, según el texto del artículo 320 del CPC.

Aunque el peritaje es, en principio, facultativo, el juez debe ordenarlo cuando dicha medida es indispensable o útil para llegar al esclarecimiento de la verdad en la cuestión litigiosa, como es por ejemplo, ordenar una experticia (la SCJ utiliza de manera indistinta la palabra peritaje y experticia)[2]  caligráfica sobre una firma plasmada en un documento, cuando un peritaje practicado a dicha firma, ha comprobado que la misma no pertenece a su supuesto titular.

No obstante lo anterior, si el informe pericial dado por ejemplo por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), cuya conclusión determina que la firma que figura en un documento no es compactible con los rasgos caligráficos de la persona o supuesto titular, puede servir de base para que los jueces del fondo, dentro de su poder de soberana apreciación, declaren el documento nulo.

Asimismo, el tribunal puede fundar su decisión en un informe pericial que no ha sido impugnado por la parte a quien le perjudica.

Fue juzgado en una ocasión, que los jueces no pueden negarse a escuchar los peritos que formularon en el caso su opinión técnica, alegando estar “suficientemente edificados” y después basar su sentencia en el peritaje, incurre en violación del derecho de defensa del peticionario (2 nov. No. 1, Pr., Nov. 2011, B. J. 1212). Asimismo también, los jueces pueden hacer realizar el peritaje en audiencia, en presencia de las partes, como es un peritaje caligráfico para determinar que la firma de un pagaré es o no falsa. En este caso no hay lugar a cuestionar la forma, por cuanto los jueces del fondo, en el ejercicio de su poder soberano de apreciación, pueden determinar la verdad de los hechos, según se ha dicho, sin violación alguna al derecho de defensa ni al debido proceso. 

Continúa…

Por: Lic. Romeo Trujillo Arias
Abogado / Catedrático Universitario



[1] No. 30, Pr., Mar. 2010, B.J. 1192.
[2] Doctrinalmente existen diferencias entre ambos términos.-


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