EL PERITAJE COMO MEDIDA DE INSTRUCCIÓN (1 de 4)


El perito judicial o perito forense, es la persona elegida en razón de sus conocimientos técnicos por el juez o las partes, o también por un tercero designado por la ley (Cód. Civ. Art. 453),[1]y que tiene por misión, luego de prestar juramento, proceder a exámenes, comprobaciones y apreciaciones de hecho cuyo resultado consigna en una memoria o informe, que en la mayoría de los casos debe depositar en la secretaria del tribunal.  

El perito judicial, también puede definirse como la persona versada en una ciencia, arte u oficio, dotado de conocimientos especializados y reconocidos, a través de sus estudios superiores, que suministra información u opinión fundada a los tribunales de justicia sobre los puntos litigiosos que son materia de su dictamen. Existen dos tipos de peritos, los nombrados judicialmente y los propuestos por una o ambas partes (y luego aceptados por el juez o el fiscal), y ambos ejercen la misma influencia en el juicio y cuyos servicios son utilizados por el juez para que lo ilustre en el esclarecimiento de un hecho que requiere de conocimientos especiales científicos o técnicos.

Los peritos judiciales son capaces de ejecutar, aplicar y utilizar todas las técnicas y recursos de una forma científica para una adecuada administración de los requerimientos de su campo laboral (recolección de pruebas, aseguramiento, preservación, manejo de la cadena de custodia necesaria para esclarecer la verdad, etc.).

La Suprema Corte de Justicia (en lo adelante SCJ), tuvo a bien definir el peritaje “como una medida de instrucción destinada a ilustrar a los jueces respecto de determinados puntos, esencialmente técnicos” (1ra. Sala, 16 de noviembre de 2011, núm. 18, B. J. 1212). Mientras que la prueba judicial es la que surge del dictamen de los peritos.

En cuanto al nombramiento de los peritos, la SCJ, dijo en una oportunidad, que: “El tribunal de alzada tiene facultad para completar la matrícula de peritos con la designación de un tercer perito, en adición a los dos nombrados por el tribunal de primer grado”. No. 1, Pl., 10 Sept. 1997. BJ. 1042. Más sin embargo, el Articulo 303 del Código de Procedimiento Civil (en lo adelante CPC), establece que: “El juicio pericial solo podrá hacerse por tres peritos, a menos que las partes consientan en que se proceda a dicha diligencia por uno solo”. Luego, ese mismo alto tribunal estableció, que “Las formalidades previstas en los Arts. 303 y siguientes del C. Pr. Civ. son sustanciales, por lo que la designación de dos peritos, en vez de uno o tres, entraña la nulidad del procedimiento que ellas reglamentan”. No. 6, Pr., Mar. 1999, B. J. 1060. Fíjese que en la primera decisión se habían nombrados dos peritos, y en esta última se estableció que la designación de dos peritos, en vez de uno o tres, entraña la nulidad del procedimiento…”.   

Cuando procediere un informe de peritos, se ordenará por una sentencia, en la cual se enunciarán claramente los objetos de la diligencia pericial.  

Las partes pueden de común acuerdo nombrar los peritos, la sentencia contendrá acta de dicho nombramiento. Este fallo contendrá también el nombramiento del juez comisario, que recibirá el juramento de los peritos convenidos o nombrados de oficio: no obstante, el tribunal podrá ordenar que los peritos presten juramento por ante el juez de paz de la común en que hubieren de actuar.

Los jueces están investidos de un poder discrecional para denegar o acoger un pedimento a que se realice un informe pericial, ya que esta medida es, en principio, puramente facultativa y solo excepcionalmente obligatoria (16 de noviembre 2011, núm. 18, B. J. 1212). Los jueces, sí están en la obligación de motivar sus decisiones en caso de ordenar o rechazar una medida de instrucción cuando le es pedida por las partes. En ese sentido, una sentencia que rechaza un peritaje está correctamente motivada cuando el juez o jueces expresan que poseen ya elementos de juicio suficientes para estatuir inmediatamente o que su convicción se ha formado por otros medios de pruebas presentes en el proceso.

Continúa…


[1] Art. 453.- Los padres, mientras tengan el usufructo legal y propio de los bienes del menor, están dispensados de vender los muebles, si prefieren conservarlos para hacer a su tiempo la restitución. En este caso, mandarán hacer a su costa y por un perito nombrado por el pro-tutor, y que preste juramento ante el Juez de Paz, un avalúo de los citados muebles. Al hacer la entrega, deberán dar el valor de los objetos que no hubiesen conservado.

Por: Lic. Romeo Trujillo Arias


        Abogado / Catedrático Universitario


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