VALOR VINCULANTE DE LA RESOLUCIÓN DEL MAP SOBRE LAS ALCALDÍAS




Recientemente, el Ministerio de Administración Pública emitió la Resolución número 060-2020 en la que recomienda no destituir a los servidores públicos de confianza, de carrera, de estatuto simplificado y temporales, tanto de la administración central como de los ayuntamientos, como consecuencia del estado de emergencia por el COVID-19.

Ahora bien, ¿jurídicamente le es vinculante esa Resolución a los ayuntamientos?. Particularmente entiendo que NO por las siguientes razones: Primero: porque los ayuntamientos no son una dependencia directa del gobierno central (poder ejecutivo); Segundo: porque los ayuntamientos por ley tienen carácter autónomo,  independientemente de que, desde el punto de vista de sus servidores públicos se rijan por la ley 41-08 de Función Pública y su Reglamento de aplicación al tenor de los artículos 149 y 150 de la ley 176-07 sobre los Municipios (ver publicación de mi autoría: "De las cancelaciones en las Alcaldías y la Acción en Justicia); Tercero: esa facultad de darle instrucciones o bajarle línea a los ayuntamientos,  no se encuentra contemplada en la ley 41-08, ni en su Reglamento (principio de legalidad); Cuarto: Tampoco esa facultad se encuentra en la Ley 21-18 sobre el Estado de Excepción; Quinto: No está tampoco en el Decreto 134-20, sobre la declaratoria del estado de emergencia por parte del Poder Ejecutivo; y Sexto: Dentro de los derechos fundamentales que la citada Ley de Etado de Excepción faculta a limitar, no se encuentra la prohibición de cancelación alguna de servidores públicos.

Eso es desde el punto de vista jurídico. Ahora bien, que no sea el mejor momento para cancelar personal por la situación actual, por un asunto humano y de prudencia, ya eso es otra cosa.

Los empleados que no son de carreras (estatuto simplificado), SÍ pueden ser cancelados de inmediato agotando el debido proceso de la ley de Función pública de referencia, con la debida aprobación del Consejo de Regidores, y si son "botellas" con más razón aún. A este tipo de empleados sólo les corresponde  la remuneración del art. 60 de la citada ley 41-08.
Los de carrera sólo pueden ser cancelados si cometen faltas de tercer grado que están en la ley previo agotamiento del debido proceso administrativo.

El estado de emergencia per sé, y contrario a lo que piensan muchos juristas, que repetimos, no está ni en la ley, ni en el decreto, le otorga la facultad al presidente y mucho menos al MAP, de emitir una resolución, ordenándole a los ayuntamientos a no cancelar a su personal.

En definitiva, si bien el MAP es el órgano rector de los recursos humanos del Gobierno Central y asesor de los ayuntamientos y otras entidades del Estado, su rol nunca debe traspasar la autonomía política, financiera y administrativa con que cuentan los ayuntamientos y juntas de distritos municipales. La prohibición que hace el MAP debe estar limitada a las instituciones jerárquicamente dependientes de la Presidencia de la República. La prohibición transitoria pudo hacerse mediante una Ley Orgánica pactada entre los partidos políticos evacuada desde el Congreso Nacional y con duración del tiempo de estado de emergencia.

Lic. Romeo Trujillo Arias

Abogado / Catedrático Universitario



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