PROHIBICIÓN DE RETENCIÓN DE PACIENTES O CADAVER EN CENTROS DE SALUD POR DEUDAS EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

En los últimos días he visto en los diferentes medios de comunicación y redes sociales, varios casos o denuncias de personas o familiares que afirman haber sido retenidas en centros de salud luego de recibir servicios, incluyendo retención de cadáver,[1]debido a carencia de recursos económicos y falta de cobertura del seguro de salud, debilidades del Sistema de Seguridad Social y que no pueden cubrir las deudas acumuladas, por lo que consideramos que ese accionar vulnera derechos fundamentales, principalmente la imagen[2]y la dignidad humana.[3]

La retención se convierte en una típica privación de la libertad física que se genera en la intención de hacer efectivo el pago de una suma de dinero que se le adeuda a la clínica o centro médico, por los servicios hospitalarios y médicos prestados. Se califica de ilegal dicha conducta, por ser contraria a la norma prevista por el artículo 7.7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos por cuyo mandato “nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios…, y nadie será detenido por deudas”, así como la Constitución Dominicana, específicamente en el artículo 40.10 “No se establecerá el apremio corporal por deuda que no provenga de infracción a las leyes penales”.

El Tribunal Constitucional mediante sentencia TC/0218/14, de fecha 22 de septiembre del 2014, le reconoció al dueño de un taller el derecho de retención de un vehículo, el cual fue llevado por su dueño con la finalidad de que se le realizara una reparación a los frenos, a la barra estabilizadora y una limpieza al sistema de admisión, cuyo derecho de retención se encuentra amparado en el artículo 2102, que establece que: “los créditos privilegiados sobre ciertos muebles son: (…) 2°. El crédito sobre la prenda que tiene en su poder el acreedor; 3°. Los gastos causados por la conservación de la cosa”. Si bien es cierto que el derecho de propiedad es de rango constitucional, no menos cierto es, que el mismo no puede ser alegado para que una persona pretenda o pueda eximirse del cumplimiento de las obligaciones contraídas.

Aunque hicimos mención de la decisión anterior, la misma no puede ser aplicada por parte de las clínicas o centros médicos o sus representantes, en razón de que las personas o cadáveres no son consideradas COSAS muebles, y la disposición legal solo es aplicable para ellas, no para las personas físicas.

En la Republica Dominicana se encuentra vigente la Ley 583 que incrimina el secuestro y todas sus formas, la cual data del 25 de junio del 1970, así como también, los artículos 341, 342 y 343 del Código Penal, que regulan los encierros y las detenciones ilegales.

La citada Ley 583 en su Artículo 1ro., menciona expresamente la palabra "secuestro", término este que no aparece en los artículos del Código Penal que mencionamos, aunque la doctrina la usa frecuentemente como sinónimo de detención.

En efecto, dicho artículo 1ro. señala, citamos: "son reos de secuestro los que sustrajeren, raptaren o de cualquier modo trasladaren, por medios violentos, o haciendo uso de engaños, artificios, artimañas o intimidación, a cualquier persona de su residencia habitual o de los lugares en que voluntariamente se encuentre, con el objeto de privarla de su libertad, y de reclamar como rescate sumas de dinero, la libertad de prisioneros, o cualquier otra exigencia, ya sea de los particulares o de las autoridades legalmente constituidas".

En el caso de la especie son inaplicables las citadas disposiciones legales, en razón de que uno de los elementos constitutivos[4]del delito del secuestro es el rapto o traslado por medios violentos o haciendo uso de engaños, artificios o artimañas e intimidación para sustraer a una persona de su residencia habitual, con el objeto de privarla de su libertad y de reclamar, como rescate, sumas de dineros, libertad de prisioneros o cualquier otra exigencia, ya sea de los particulares o de las autoridades.

Lo mismo sucede con los famosos secuestros exprés, que son aquellos en que toman a la víctima, la retienen por corto tiempo y a cambio de su libertad y la vida, le exigen un rescate, que en el mayor de los casos suele ser dinero. Entre nosotros se hicieron populares los casos de retención de personas en vehículos y llevarlos a los cajeros automáticos a sacar el dinero. Estos son los llamados secuestros exprés, una modalidad de delincuencia usual en países como Venezuela, Colombia y México.

En cuanto a la retención ilegal de un cadáver, el artículo 360 del Código Penal establece que “El que profanare cadáveres, sepulturas o tumbas, será castigado con prisión correccional de un mes a un año, y multa de diez a cien pesos; sin perjuicio de penas más graves, si se hiciere reo de los demás delitos que puedan cometerse en estos casos”.

Etimológicamente, la palabra profanar significa, tratar sin el debido respeto una cosa o alguien que se considera sagrada o digna de ser respetada. Dañar con palabras o acciones la dignidad, la estima y la respetabilidad de una persona o de una cosa, especialmente la honra y el buen nombre de una persona muerta.

Lo que significa, que el hecho de retener un cadáver impidiendo su debida sepultura o de ejecutar acciones sobre él, aun cuando no estuviere inhumado, obviamente que constituye una profanación.

En cuanto al reclamo de los familiares de la entrega de un cadáver, si bien el vínculo jurídico entre vivos y el muerto, se rompe ciertamente con la muerte, dado que la persona del muerto a terminado y ya no es capaz de derechos, existe y debe reconocerse en las personas vivas un interés especial en que se respete la memoria de sus seres queridos.

Teniendo en cuenta la dignidad de la persona humana, la retención de pacientes dados de alta a efectos de garantizar el pago de servicios de atención médica y honorarios profesionales se constituye en una lesión a la libertad individual, además de vulnerar la imagen y dignidad de la persona, y por lo mismo prohibida por la Constitución y la Convención en los artículos antes citados.

En vista de todo lo anterior, ante la retención ilegal de un paciente o cadáver se puede accionar en amparo por violación a los derechos fundamentales antes mencionados, en virtud de los artículos 72 de la Constitución y 65 de la Ley 137-11 Orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales.

Con relación a la Deuda contraída, lo más recomendable es que la clínica o centro médico trate de llegar a un acuerdo de pago con algún familiar u otra persona que se haga responsable, o con la firma de un pagaré notarial u otro tipo de garantía, y en caso de incumplimiento, perseguir dicho cobro por las vías correspondientes, pero nunca pretender hacerse justicia por sus propias manos.

Por último, resulta evidencia que existe un vacío legislativo y que se requiere rápidamente de la promulgación de una ley, o la modificación del código penal dominicano, a los fines de que se establezca por ejemplo lo siguiente:

“Se harán reos de secuestro o retención ilegal de personas, pacientes o cadáver, las clínicas o centros médicos, los directores, encargados, administradores o empleados de cualquier lugar donde se preste atención médica que: a.- Impidan la salida de un paciente, aduciendo adeudos de cualquier índole; b.- Impidan la entrega de un recién nacido, por el mismo motivo; o c.- Retarden o nieguen la entrega de un cadáver, excepto cuando se requiera orden de autoridad competente. O bien, en que los directores, encargados, administradores o empleados de agencias funerarias: a.- Retarden indebidamente la entrega de un cadáver; o b.- Nieguen indebidamente la entrega de un cadáver”.

[1] “Denuncian Plaza de la Salud se niega a entregar cuerpo de pariente fallecido por COVID-19, 12 mayo, 2020, periódico el caribe”. “Familiares exigen a clínica entregar cadáver de joven Kamil Marie Nova, que falleció el viernes. Diario Libre, 24/5/2020”.

[2] Artículo 44 de la Constitución Dominicana.

[3] Artículo 38.- Dignidad humana. El Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes. La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable; su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos.

[4] Podremos decir que los elementos que constituyen la infracción en la citada ley, son: a) El elemento material de sustraer, raptar o trasladar a una persona; b) Que la privación de la libertad sea ilegal; c) Que sea con violencia, engaño, artimaña o intimidación; d) La intención culpable y e) reclamar como rescate sumas de dinero.