Procedencia del RECURSO DE APELACIÓN EN MATERIA DE PARTICIÓN DE BIENES. Variación de criterio


Cualquier tribunal del órgano judicial puede apartarse o variar un criterio habitual, por ser el más adecuado y conforme al estado actual de nuestro derecho, siempre y cuando cumpla con la debida motivación de manera razonable, razonada y destinada a ser mantenida con cierta continuidad y con fundamento en motivos jurídicos objetivos.

La Suprema Corte de Justicia (en lo adelante SCJ), había mantenido durante varios años, el criterio constante, hasta ahora, en el sentido de que las decisiones que ordenaban una partición de bienes, ya sean sucesorales, divorcio (matrimonio), separación (concubinato More Uxorio) o por copropiedad entre dos persona físicas o morales, no tenían un carácter definitivo, estableciendo en una ocasión que se trataban de decisión de naturaleza preparatoria (Sent. 12-10-2011, No.9, B.J. 1211), y en otra ocasión dijo que las mismas eran de carácter administrativo (Sent. No.50, Jul. 2012, B.J. 1220), descartando la posibilidad de la interposición del recurso de apelación en contra de esas decisiones que únicamente se limitaban a ordenar la partición y a designar los funcionarios que colaboran (notario, perito y juez comisario). 

Recientemente, mediante sentencia núm. 1175/2019, de fecha 13 de noviembre 2019, la SCJ, decidió variar el criterio anterior, estableciendo en primer lugar y de manera resumida, que ese tipo de sentencias no encajaban en la preparatorias (art. 452 Cód. Proc. Civ.), en razón de que las decisiones que ordenan o rechazan la partición, se pronuncian respecto de lo que el tribunal fue apoderado, que dan respuestas a las pretensiones del demandante, examina el objeto de la demanda, en síntesis, resuelve el fondo del asunto, pues lo subsiguiente son las operaciones para ejecutar la partición ordenada.

Que tampoco conectaban con las administrativas, en razón de que la partición es interpuesta como una demanda ante el tribunal de primer grado, tiene todas las características que le son propias (demandante, demandado, notificada por acto de alguacil, causa y objeto, conocida en audiencia pública y contradictoria, etc.), ya que es sometida como un conflicto, con sustento en el artículo 815 Código Civil, en el sentido de que a nadie puede obligarse a permanecer en el estado de indivisión de bienes, y siempre puede pedirse la partición, a pesar de los pactos y prohibiciones que hubiere en contrario.

Mediante sentencia de fecha 6 de marzo del 2002, B.J. 1096, la SCJ había establecido que ese tipo de decisiones tenían cerrada la vía de la apelación, “por negar la ley este recurso”. Luego varió ese criterio mediante sentencia de fecha 12 de octubre de 2011, núm. 9, B.J. 1211. Posteriormente, en fecha 25 de julio de 2012, la Primera Sala retorna al anterior criterio cerrando nueva vez la vía de la apelación, y señalando en la misma sentencia los casos excepcionales en que procedía la apelación (Sent. 25 de julio de 2012, núm. 50, B.J. 1220), casuística que fue variando y ampliando en posteriores decisiones.

En la decisión ahora comentada (núm. 1175/2019, 13 de noviembre 2019), la SCJ determinó, que no existe texto legal en nuestro ordenamiento que expresamente señale que las sentencias que ordenan la partición no son susceptibles del recurso de apelación, por lo tanto, la inferencia ha de hacerse en el sentido de que, no estando cerrada expresamente esta vía por el legislador, la sentencia podrá en todos los casos ser recurrida por la parte que resulte perjudicada, y no admitirlo en estas condiciones contradice nuestra Constitución, cuyo artículo 149 dispone: Poder Judicial. Párrafo: Párrafo III.- Toda decisión emanada de un tribunal podrá ser recurrida ante un tribunal superior, sujeto a las condiciones y excepciones que establezcan las leyes.

En conclusión, con este nuevo criterio, la partición que es demandada al amparo de artículo 815 del Código Civil es resuelta por una sentencia que decide el fondo del asunto, con la característica de definitiva sobre lo juzgado y decidido, susceptible de ser impugnada mediante el recurso ordinario de la apelación, como cualquier otro asunto en donde expresamente el legislador no haya cerrado esta vía.

 Lic. ROMEO TRUJILLO ARIAS
Abogado / Catedrático Universitario
      


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