“PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA”. LIMITES Y ALCANCE (2 de 4)


En virtud de citado principio, los tribunales de justicia y en particular el de casación, pueden suplir de oficio aquellos motivos de puro derecho que no hayan sido pedidos por las partes.[1]

Dado por sentado que el principio iura novit curia solo tiene aplicación cuando se respeta el derecho de defensa de las partes, debemos apuntar que ese principio interactúa con varios institutos de nuestro ordenamiento procesal, como son: inmutabilidad del proceso, principio de congruencia, principio dispositivo del proceso civil, principio de contradicción del proceso, derecho de defensa, la causa y el objeto de la demanda.

En cuanto a la facultad de determinar la naturaleza contractual o delictual o cuasidelictual de la demanda en daños y perjuicios y de cambiar la norma legal aplicable, es con la salvedad de que la variación de la calificación debe realizarse en la instrucción del proceso en el cual los jueces advierten que la normativa alegada por las partes no se corresponde con los hechos fijados en el proceso, por lo que el juez apoderado está en la obligación de advertir a las partes que está facultado para darle a los hechos de la causa una calificación distinta, la cual debe comunicarles a fin de que estos puedan hacer sus observaciones sobre la norma que el tribunal considere que pueda aplicar al caso, toda vez que si el tribunal cambia en la solución del  caso la norma aplicable al mismo, sin darle la oportunidad a las partes de pronunciarse sobre esta posibilidad de cambio de calificación, se violentaría la inmutabilidad del proceso, el derecho de defensa de las partes, el principio de contradicción del proceso y en consecuencia se vería afectado el debido proceso (SCJ, 1a Sala, 24 de abril de 2013, núm. 354, B. J. 1229).

A consecuencia de una demanda fundamentada en la responsabilidad del guardián de la cosa inanimada, establecida en el artículo 1384, párrafo lro. del Código Civil, sobre la cual las partes presentaron sus medios de defensa, y bajo el alegato del demandado recurrente de que se había cometido una violación al principio de inmutabilidad del proceso al variarse la modalidad de la responsabilidad civil sobre la que se fundamentó la demanda original en reparación de daños y perjuicios, pues el asunto fue decidido por el tribunal en los términos de la responsabilidad por el hecho personal y la responsabilidad del comitente, sin haber puesto a las partes en condiciones de defender ante esa variación de calificación, en razón de que no menos verdadero es que en el ejercicio de ese poder activo de dirección del proceso las partes deben tener la oportunidad de presentar sus respectivas posiciones y los argumentos legales en apoyo a la nueva orientación dada por la Corte al caso (SCJ, 1a Sala, 3 de mayo de 2013, núm. 427, B. J. 1230).

En esa sentencia se reitera el criterio de que para la aplicación del principio iura novit curia no puede haber violación al derecho de defensa.

El principio iura novit curia tiene sus restricciones para su aplicación, ya que cuando los jueces de fondo advierten que la normativa alegada por las partes no se corresponde con los hechos fijados en el proceso, les corresponde dar a los hechos de la causa su verdadera denominación jurídica, cuyo ejercicio se sustenta en el principio iura novit curia, que significa el deber del juez de aplicar la norma que corresponde al hecho sometido a su consideración; que dicho principio no encuentra aplicación cuando la irregularidad advertida que afecta el hecho sometido a la consideración del juez recae sobre: a) la demanda a través de la cual se materializa la acción; b) sobre el proceso llevado por las partes a través de las actuaciones que conformaron el litigio sometido al tribunal; y c) sobre el procedimiento, como conjunto de formalidades que el legislador ha fijado para el desarrollo o trámite del proceso y su sustanciación por el órgano jurisdiccional (SCJ, 1a Sala, 2 de abril de 2014, B. J. 1241).

El iura novit curia constituye una atenuación del principio dispositivo que rige el procedimiento civil, en razón de que la doctrina y la jurisprudencia han reconocido a los jueces la facultad y el deber de resolver el litigio conforme a las reglas de derecho que le son aplicables, aun cuando deban ordenar o restituir su verdadera calificación a los hechos y actos litigiosos sin detenerse en la denominación que las partes le hubieran dado y a pesar de que su aplicación haya sido expresamente requerida.

Continúa…

 [1] (SCJ, 1a Sala, 26 de enero de 2011, núm. 1202, B. J. 120).
 Por: Lic. Romeo Trujillo Arias
        Abogado / Catedrático Universitario


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