“PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA”. LÍMITES Y ALCANCE (1 de 4)


En aplicación del principio del iura novit curia,[1]el Tribunal tiene el poder-deber de aplicar el derecho que corresponda al proceso, identificar el derecho comprometido en la causa aunque no haya sido invocado por las partes, aunque no se encuentre expresamente contemplado en la demanda o lo haya sido erróneamente. Dicho principio se encuentra estrechamente relacionado con el principio de suplencia de la queja deficiente, según el cual el juez constitucional debe suplir los errores procesales. El tribunal está obligado a calificar correctamente los hechos indicados por las partes, siempre y cuando no se vulnere su derecho de defensa.

La aplicación del principio iura novit curia en el proceso constitucional, es que la obligación del juzgador de aplicar correctamente el derecho objetivo involucra, simultáneamente, la correcta adecuación del derecho subjetivo reconocido en aquel. Conforme a este principio, corresponde a las partes explicar los hechos al juez y a este último aplicar el derecho que corresponda (Ver art. 4 del Cód. Civ.), máxime cuando el artículo 85 de la Ley núm. 137-11, el tribunal “suplirá de oficio cualquier medio de derecho”.[2](Principio de Oficiosidad, art. 7.11, Ley 137-11).

El Tribunal Constitucional Dominicano (en lo adelante TC), ha hecho uso de este principio en varias de sus sentencias, convirtiendo, por citar algunos ejemplos, un recurso de tercería en un recurso de revisión constitucional de amparo (TC/0015/12); una acción de amparo en un habeas corpus (TC/0015/14); y una acción de amparo en una acción de habeas data (TC/0050/14).

En ese sentido, es preciso establecer que cuando se trate del aforismo iura novit curia, al aplicarse el derecho[3]a las cuestiones debatidas, se buscará no alterar ni sustituir las pretensiones y hechos fácticos que sustentan la demanda y resulten acreditados en el proceso.

En aplicación de este principio, corresponde a las partes explicar los hechos[4]al juez y a este último aplicar el derecho que corresponda, de manera tal que resulta irrelevante el hecho de que, por ejemplo, una de las partes haya fundamentado su pedimento de inadmisión en una ley derogada y no en la vigente.[5](TC/0101/14).

En ese sentido, Gerardo Eto Cruz al referirse a este tema indica que “Cuando alguien plantea un amparo, y se equivoca porque debió plantear un hábeas data, o cuando alguien plantea un hábeas corpus y debió plantear un hábeas data, o cuando alguien plantea un hábeas data y debió plantear un amparo, es decir, cuando el querellante o justiciable quejoso plantea el postulatorio de amparo o de hábeas data y se equivoca y tiene errores procesales, el juez no debe desestimar la demanda. Debe suplir los errores procesales. Eso se llama suplencia en la queja deficiente”. 

A pesar de que la Constitución vigente (2015) no dispone expresamente nada en cuanto al iura novit curia, sus artículos 7, 8, 40, 68 y 69, colocan a la persona y a los derechos fundamentales en un plano de primacía. ¡Si el juez es conocedor del derecho, más es conocedor de la Constitución!

El TC ha dicho que el derecho a un juicio público, oral y contradictorio, en plena igualdad y con respeto al derecho de defensa, es otro de los pilares que sustenta el proceso debido.[6](TC/0006/14 y TC/0404/14).

El aforismo iura novit curia, hace referencia a la libertad del juez de razonar jurídicamente sus decisiones, sin perjuicio de quedar sometido a los motivos alegados y a las pretensiones de las partes. Su uso se limita a subrayar la necesidad y la libertad que tiene el juez de conocer y aplicar el derecho, siempre y cuando no desborde el marco del debate procesal que corresponde establecer a las partes. El desarrollo del iura novit curia resulta limitado por la interpretación del TC de las exigencias del derecho a la tutela judicial efectiva, que se manifiesta en el deber de congruencia y de no producir indefensión a las partes. En este sentido, la facultad o deber de escoger la norma deriva de la exigencia de que las sentencias sean motivadas, lo que, en definitiva, es un procedimiento para controlar que la decisión se ajusta a la ley y al derecho, a fin de evitar de este modo la arbitrariedad. El juez debe expresar sus razonamientos jurídicos dentro de los hechos probados, de las alegaciones jurídicas y de las pretensiones formuladas por las partes. En otro caso, se vulneraría el principio de congruencia y, de no haberlas planteado las partes, se les produciría indefensión. Así pues, la facultad que tienen los tribunales para determinar el derecho aplicable a la solución de los casos comporta la no alteración de la causa petendi, en que las partes basan sus pretensiones. Por lo demás, el aforismo iura novit curia no puede implicar que las partes no deban esforzarse por alegar los motivos que fundamentan su pretensión, pues tal función es ajena a la del juez que, en ese caso no admitirá o, simplemente, desestimará la demanda. En suma, el principio iura novit curia, lejos de ser un principio universal, constituye una máxima comprendida en el mundo jurídico, pero tiene perfiles y consecuencias muy determinadas en función de cada uno de los derechos y de las jurisdicciones ante las que se invoca.

Continúa… 


Por: Lic. Romeo Trujillo Arias
        Abogado / Catedrático Universitario




[1] Iura novit curia. El tribunal conoce el derecho. El principio no es romano, sino medieval, pero tiene su fundamento en Roma, pues, cuando el juez desconocía el derecho –lo cual era frecuente, por ser este un particular– acudía a los jurisprudentes o al propio emperador [...]. 
El principio iura novit curia, que parece tener su origen en una reacción violenta de un juez romano, que hastiado de los argumentos jurídicos de uno de los abogados expresó: Venite ad factum. Curia novit ius jus (presente los hechos; el juez conoce el derecho). (Jorge A. Subero Isa. Justicia & Razón Año 8 • Número 15 • Enero-Junio 2018 Págs. 6-21).
[2] Sentencia TC/0101/14 § 10.d.
[3] Ius ex facto oritur. ‘El derecho nace del hecho’. [...] Muestra la necesidad de establecer exactamente la serie de hechos y en cada uno de ellos al responsable. Sobre estos hechos bien discernidos se podrá aplicar el derecho. No de otro modo (Pereira-Menaut, 2010: 211).
[4] Da mihi factum, dabo tibi ius. Dame el hecho y te daré el derecho; [...]: debet factum ita clare proponere, ut ex eo ius agendi colligatur (debe el hecho ser propuesto claramente para que de él se coliga el derecho de ejercer la acción). La máxima recoge el llamado principio dispositivo, en contraposición al principio inquisitivo, que solo permite al juez juzgar mediante las pruebas aportadas por las partes [...].Expresión clásica del papel del administrador de justicia frente al administrado. Este debe presentar los hechos simplemente; es el tribunal el que debe conocer y aplicar el derecho pertinente. En sentido más amplio otorga al administrador de justicia la capacidad y la obligación de cubrir las deficiencias del derecho. [...] (Pereira-Menaut, 2010: 109).
[5] Sentencia TC/0101/14.
[6] TC/0006/14 y TC/0404/14. Sobre el Derecho de Defensa Ver SCJ, 1a Sala, 25 de enero de 2017, núm. 166. SCJ, 1a Sala, 6 de febrero de 2013, núm. 34, B. J. 1227.

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