“LEGALIDAD DE LOS ARRESTOS EN LOS MOTELES Y OTROS LUGARES PRIVADOS”. “Libertad de Tránsito y la Inviolabilidad del Domicilio”

Debido a la situación que actualmente atraviesa el país, el Estado dominicano declaró el Estado de Emergencia por 25 días mediante la Resolución 62–20 emitida por el Congreso Nacional y el Decreto 134–20, ambos de fecha 19 de marzo de 2020, la cual fue extendida mediante decreto posterior hasta el 30 de abril de 2020, luego en vista de la necesidad, el presidente Danilo Medina, previa aprobación por parte del Congreso Nacional, extendió a través del Decreto 161-20, el domingo 17 de mayo el toque de queda hasta el 1 de junio, es decir, 15 días mas, pero introduciendo diversos cambios en la medida, por ejemplo, el mandatario indicó que de lunes a sábado, el toque de queda será desde las 7:00 p.m. hasta las 5:00 a.m, mientras que los domingos se realizará de 5:00 p.m. a 5:00 a.m.

En ese orden, también exhortó a la población observar distanciamiento social y limitar salidas fuera del hogar.

El estado de emergencia, según la Constitución y la ley 21–08 Sobre Estados de Excepción, le otorga al presidente la facultad de tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar la propagación de enfermedades contagiosas como el COVID–19, y es un mandato de los artículos 262 al 266 de la Constitución dominicana.

Así las cosas, dentro de las medidas tomadas por el presidente y la Comisión de Alto Nivel, mediante los decretos 135–20, 136–20, 148-20 y 161-20, se encuentran las siguientes: I) el distanciamiento social o cuarentena, que implica que las personas mantengan al menos un metro de distancia entre sí y la salida del hogar sólo en casos de emergencia; II) el toque de queda, que implica que durante un periodo de tiempo determinado nadie puede salir de su hogar; III) la prohibición de las reuniones y asociaciones grupales; y, IV) la prohibición de las playas, ríos, piscinas, parques, etc.

En los estados de conmoción interior y de emergencia podrán suspenderse algunos derechos fundamentales reconocidos por la Constitución de la República, entre los que están, por ejemplo:

La inviolabilidad del domicilio y de recintos privados, dispuesta en el artículo 44, numeral 1) de la Constitución y la libertad de tránsito, dispuesta en el artículo 46 de la Constitución.

Dentro de las tantas prohibiciones por parte del Poder Ejecutivo, está el cierre de algunas empresas y negocios, dentro las que podemos citar a modo de ejemplo, los moteles, drinks, discotecas, etc.

En los últimos días hemos visto varios acontecimientos como es por ejemplo, el apresamiento de varias personas, entre ellas 20 parejas, en un operativo efectuado por miembros de la Policía Nacional y un representante del Ministerio Público, en un hotel de la avenida Charles de Gaulle, por supuesta violación a las disposiciones oficiales que establecen el distanciamiento social y el toque de queda, la cual trajo consigo la clausura del establecimiento y el pago de una multa por parte de los apresados y el dueño del establecimiento.
Sin embargo, es válido preguntarse si las medidas tomadas por el presidente de la República le permiten a las autoridades encargadas de velar por su cumplimiento, a saber, la policía nacional y demás cuerpos castrenses, entrar y supervisar áreas privadas de acceso restringido como moteles, condominios, residenciales, complejos de villas y viviendas, entre otros.

La respuesta a lo anterior es , pues de manera expresa la ley 21–08 Sobre Estados de Excepción le otorga poder al presidente para que este suspenda el derecho a la inviolabilidad del domicilio, de tránsito y el acceso a áreas restringidas, por lo que siendo los moteles, condominios, residenciales y complejos de villas áreas de acceso restringido, las autoridades puedes entrar y supervisar que sus habitantes están cumpliendo con el distanciamiento social y el toque de queda.

Además de lo anterior, el Estado, como principal garante de los derechos fundamentales y ante la presencia de una pandemia, debe hacer primar el interés general, que en este caso es la salud y la seguridad del pueblo, ante el interés particular, que es el libre acceso a las áreas restringidas, la restricción a la libertad de tránsito y el domicilio de las personas.

El Tribunal Constitucional ha establecido que la libertad de tránsito “es la posibilidad que tienen todas las personas de entrar y salir del país, así como la de desplazarse libremente por el territorio del mismo”.  Pero al mismo tiempo, ha señalado que ese derecho que tiene un individuo “solo puede ser limitado en los casos y en los fines limitativamente previstos por la Constitución y las leyes (…) (TC-/0083/19). 

Y es que la propia constitución (Art. 266) otorga potestad al mandatario para suspender el ejercicio de varios derechos fundamentales en ese estado de emergencia, entre los que están el de la libertad de tránsito y circulación y el domicilio.

Por: Lic. Romeo Trujillo Arias

         Abogado / Catedrático Universitario


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