LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS EN TIEMPOS DE PANDEMIA



Muchos de los hechos que se han suscitado durante el periodo de cuarentena y muy especialmente en los horarios de toque de queda, como a muchos ciudadanos se les ha arrestado, como se ha sometido a la obediencia y una serie de actuaciones, que al margen de otras discusiones que se puedan tener con respecto a las mismas, nos ha llamado la atención, pero sobre todo, nos ha hecho cuestionarnos sobre el reconocimiento, valor y protección de la dignidad de la persona por parte de las autoridades que representan el Poder del Estado.

Desde mi punto de vista la dignidad de las personas es algo consustancial con nuestra propia naturaleza, sin embargo, desde el ´punto de vista personal, esta tendrá una interpretación sujeta a la subjetividad de cada intérprete. Este carácter subjetivo de la dignidad de las personas  adquirió una connotación pública y  polémica cuando en medio de la pandemia, se señaló como una vulneración a la dignidad de las personas, el hecho de que algunos, en sus labores de altruismo y solidaridad entregaban ayuda a los más necesitados, y éstos eran exhibidos públicamente, acto para algunos, humillante y por lo tanto, violatorio a la dignidad de la persona.

Este planteamiento es y será justificado desde la óptica subjetiva desde la cual se analice y es posible que no lleguemos a ninguna conclusión, sin embargo, desde el ordenamiento jurídico nuestro Estado descansa y se fundamenta desde el principio del respeto a la dignidad de las personas y desde esta óptica tenemos una visión más objetiva con respecto al contenido, alcance y protección de este principio establecido en nuestra constitución.
Es bueno acotar, que la Constitución de un país constituye la columna vertebral de los postulados políticos e ideológicos relacionados con la estructuración del Estado y del funcionamiento macro de sus diversas ramas. Además, en su contenido encontramos en  el señalamiento de los objetivos, expectativas, esperanzas y medios con que se ha de contar para cumplir la finalidad última, que no debe ser otra más que la realización individual y colectiva de los miembros que integran la comunidad nacional.
Para cumplir con estos fines y propósitos se hace necesario que pueda regir el ordenamiento completo, de ahí que, ella misma en su artículo 6 se establece el siguiente precepto constitucional: “Supremacía de la Constitución. Todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a esta Constitución.”

Esto significa que en un estado constitucional, el concepto de constitución como norma suprema implica el reconocimiento de que una soberanía al margen de la constitución es incompatible con este sistema. La soberanía Constitucional implica la supremacía de la constitución en tanto norma jurídica, lo que conlleva la nulidad de pleno derecho de toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a esta constitución. Esto va de la mano además, que la legitimidad de todo el poder estatal depende si estas se fundamentan en la constitución.

Una vez establecido que la constitución como norma superior gobierna el Estado con el fin último de la protección de los derechos fundamentales de todos aquellos a los que se les aplica, podríamos afirmar, entonces, que la dignidad de las personas es uno de los principios que protege nuestra constitución.

Es en ese sentido que el artículo 38 de la Constitución dominicana en cuanto al Estado frente a la dignidad de las personas, establece que “El Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la protección efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes. La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable; su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos”.  Que al ser un derecho fundamental, forma parte de nuestra Carta Magna y del Bloque de Constitucionalidad, así como también, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de otros tratados y convenios que forman parte de nuestro derecho positivo.

Este derecho fundamental del respeto a la dignidad de la persona encuentra sus bases además en lo dispuesto por la misma constitución en su artículo 7 que habla de que la República Dominicana es un Estado Social y Democrático de Derecho, organizado en forma de República unitaria, fundado en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos.

De todo lo anterior, podemos afirmar, tal y como lo establecimos al principio, de que la norma tiene un enfoque objetivo, del cual podernos deducir, que la dignidad humana puede ser entendida como esa posibilidad de contar con aquellas condiciones materiales concretas para su  existencia, aquellos, que le permitan diseñar un plan vital y de determinarse según sus características.

Sin embargo, del mismo contenido constitucional, la dignidad humana puede ser  entendida como bienes no patrimoniales e intangibles, como lo pueden ser la integridad física e integridad moral o, en otras palabras, que los ciudadanos puedan vivir sin ser sometidos a cualquier forma de humillación o tortura. De lo anterior se desprende que el principio de dignidad de las personas, es sin duda alguna, un  principio sobre el cual se fundamenta el Estado dominicano y el ordenamiento jurídico, pero además, como un valor intrínseco de la persona y contenido dentro del plano axiológico de la norma, pero también, es indudable que la constitución reconoce que la dignidad es un derecho fundamental con el alcance, contenido y garantía de todos los derechos fundamentales.

La fórmula del Estado Social y Democrático de Derecho, indica que el Estado no sólo está basado en el respeto de los derechos fundamentales y la separación e independencia de los poderes del Estado ni en la soberanía popular, sino que también es un Estado que procura el respeto a la dignidad humana, que solo puede lograrse allí donde se remueven los obstáculos a la plena igualdad de todos los dominicanos.


En un Estado de Derecho las garantías de los ciudadanos deben sustentarse en el respeto de su dignidad humana y la garantía efectiva y real de los valores superiores del ordenamiento jurídico: igualdad, libertad, justicia y paz. Los derechos humanos se basan en la dignidad del ser humano, representan la esencia de todos y cada uno de los que conformamos la sociedad, en los distintos ordenamientos jurídicos. La base de la sociedad recae por tanto, en el reconocimiento, que de estos derechos hagan los Estados.

Por: Awilda Reyes

        Abogada / Catedrática Universitaria  


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