Personas de la TERCERA EDAD y el Impuesto al Patrimonio Inmobiliario ( IPI ), de cara al Tribunal Constitucional Dominicano

Personas de la TERCERA EDAD y el Impuesto al Patrimonio Inmobiliario ( IPI ), de cara al Tribunal Constitucional Dominicano



La protección de las personas de la tercera edad, es un derecho consagrado en el artículo 57 de la Constitución de la República, el cual establece que: “Protección de las personas de la tercera edad: La familia, la sociedad y el Estado para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria. El Estado garantizará los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia”.

El artículo 2 de la indicada ley 18-88, texto que dispone, entre otros, la exoneración del pago del impuesto al patrimonio inmobiliario, a las personas mayores de sesenta y cinco (65) años de edad.

En un caso presentado por ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), con motivo del cobro de este impuesto por parte de la DGII, en contra del señor Oscar Antonio Tomás Tomás, donde este último invocó a su favor las disposiciones del citado artículo 2, el recurrente intimó a la (DGII) para que se abstuviera del cobro del impuesto referido. Al no obtener ninguna repuesta, interpuso una ACCIÓN DE AMPARO DE CUMPLIMIENTO ante la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo en contra de la (DGII), al entender que le fueron vulnerados sus derechos fundamentales a la integridad personal, a la intimidad y el honor, el derecho de propiedad, la dignidad, la familia y la protección de las personas de la tercera edad. Consecuentemente, el referido tribunal dictó la Sentencia núm. 344-2013, del 26 de septiembre de 2013, que declaró IMPROCEDENTE la acción de amparo de cumplimiento.

Esa última decisión fue recurrida en revisión por ante el TC por parte del señor Oscar Antonio, y dicho tribunal estimó, entre otras cosas: “que al habérsele dado un carácter constitucional al derecho a la protección de la PERSONA DE LA TERCERA EDAD, todos los órganos del Estado están compelidos a adoptar todo tipo de actuaciones administrativas que tiendan a hacer eficaz la protección de aquellos ciudadanos que se encuentre ante tal situación”.

En ese sentido, al establecer el artículo 2, párrafo II, de la Ley núm. 18-88, modificada por las leyes núm. 288-04 y 253-2012, una exención impositiva del Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria (IPI) para aquellas personas que hayan cumplido los sesenta y cinco (65) años de edad, siempre y cuando dicha vivienda constituya el único patrimonio inmobiliario de su propietario, tal disposición debe ser aplicada por la (DGII) de forma inmediata cuando quede comprobado que la persona de tercera edad cumple con los requisitos antes descritos.

En ese orden, dicho tribunal también constató que el accionante en amparo, señor Oscar Antonio Tomás Tomás, cumplió con los indicados requisitos, ya que el acta de nacimiento que está contenida en el expediente demostraba que nació el 18 de abril del año 1940, lo que implica que al momento de conocerse el presente recurso de revisión constitucional tiene la edad 75 años.

Además, de que cumplía con la segunda exigencia dispuesta en el mentado artículo 2, párrafo II, de la Ley núm. 18-88, en razón de que, según lo consignado en la certificación emitida por la sede central de la Dirección Nacional de Registro de Títulos el 19 de febrero del año 2015, en el sentido de que dicho inmueble constituía el único patrimonio inmobiliario del accionante.

En virtud de las consideraciones anteriormente señaladas, finalmente se determinó que el señor Oscar Antonio Tomás Tomás cumplía con las exigencias legales para acceder a la exención impositiva del (IPI) que dispone la Ley núm. 18-88, razón por la que ese tribunal constitucional, haciendo uso del “principio de la protección reforzada” que fue adoptado en la Sentencia TC/0203/13, acogió la acción de amparo de cumplimiento intentada por el accionante. TC/0255/15.

Fijaos bien, que en la primera parte de este trabajo, citamos el caso de la acción de amparo incoada por la señora Cristina Peña, en contra del director de la Dirección General de Impuestos Internos de la ciudad de Mao, por este último negarse a aceptar el pago de los impuestos relativos al traspaso de un inmueble comprado por la señora Cristina Peña, acción de amparo que fue declarada inadmisible por la “existencia de otra vía”, mientras que la acción de amparo de cumplimiento interpuesta por el señor Oscar Antonio Tomás, a los fines de que la (DGII) se abstuviera del cobro del impuesto referido por la edad del accionante, SÍ fue acogida.

Sea usted el jurado y saque sus propias conclusiones.-    

Lic. Romeo Trujillo Arias
Abogado / Catedrático Universitario


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