Pago de los alquileres en estado de emergencia


Sin lugar a dudas el Covid-19 ha cambiado la forma en que vivimos y percibimos la vida. Y es que el hecho de que el aislamiento y confinamiento en casa sea la mejor manera de enfrentar esta mortal y contagiosa enfermada, nos ha hecho dejar nuestras actividades rutinarias y productivas.
El confinamiento en casas ha conllevado a una paralización de la producción, lo que ha ocasionado no tan solo una merma en la económica familiar, sino además, la paralización de la economía, tanto a nivel nacional, como internacionalmente.
La realidad es que estamos a salvo en casa y con ello, tenemos los compromisos económicos propios, siendo uno de estos el pago de la vivienda familiar, ya sea esta financiada mediante un préstamo bancario o se trate de una vivienda en la que paguemos un alquiler.
El caso de las viviendas o locales financiados por entidades bancarias, en este estado de emergencia el gobierno y las entidades financieras han tomado medidas para no cargar con esta presión financiera en tiempos de cuarenta a los propietarios que no puedan honrar con los compromisos asumidos, y a los cuales se les ha ofrecido facilidades para cumplir con sus responsabilidades crediticias bajo diferentes modalidades.
Pero en el caso de los arrendamientos o alquileres, en los cuales, mediante un contrato de alquiler las partes no han previsto la suerte de las obligaciones contractuales en casos de que el cumplimiento del contrato se deba a causas de fuerza mayor como esta pandemia que estamos enfrentando, no se han tomado, hasta el momento, medida alguna por parte de las autoridades para el manejo de esta crisis bilateral
Es bilateral porque la realidad de las partes contratantes en el alquiler, en la generalidad de los casos, tenemos un inquilino que cubre esta obligación con los ingresos de su empleo o actividad comercial y del otro lado, pero al mismo tiempo, un propietario que ha hecho o asumido compromisos económicos con el ingreso por la renta, o peor aún, algunas personas de la tercera edad que su sustento depende de esos ingresos.
Pero la crisis sanitaria que nos azota ha creado esta realidad y ha puesto de relieve la ausencia normativa y legal en este sentido, lo que se complica aún más si tampoco existe falta de previsión contractual.
El contrato de alquiler está contenida en el Código Civil y las obligaciones generadas por este contrato se encuentran reguladas por este y también por el caso del Decreto 4807, sobre Control de Alquileres de Casas y Desahucios, del 16 de mayo de 1959.
Por lo que la realidad es que se encuentran dos derechos encontrados, de una parte el derecho a la propiedad, del propietario y el derecho a la vivienda del inquilino, ambos derechos protegidos por la constitución de la Republica
La Constitución, en su artículo 51, señala que “El Estado reconoce y garantiza el derecho de propiedad. La propiedad tiene una función social que implica obligaciones. Toda persona tiene derecho al goce, disfrute y disposición de sus bienes”.
Pero en el mismo orden el Artículo 59 contiene: “Derecho a la vivienda. Toda persona tiene derecho a una vivienda digna con servicios básicos esenciales. El Estado debe fijar las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promover planes de viviendas y asentamientos humanos de interés social. El acceso legal a la propiedad inmobiliaria titulada es una prioridad fundamental de las políticas públicas de promoción de vivienda”.
Esta disyuntiva en la cual, el arrendatario o inquilino que se ha quedado sin trabajo, pero el arrendador ha depositado en el alquiler el sustento propio o el cumplimiento de sus obligaciones, se hace necesario que el gobierno que ha tomado medidas para sancionar a los ciudadanos que no se mantengan en su casa, haga lo propio para garantizar la tranquilidad de todos aquellos que enfrentan encerrados la incertidumbre de no tener los recursos para cumplir con sus gastos.
En la actual circunstancia todos los dominicanos debemos hacer conciencia, y tener una actitud  solidaria y empática, procurando no tan solo el bien propio sino también, el de los demás.
Si bien es cierto que durante el estado de emergencia no se pueden demandar ni desalojar los inquilinos por falta del pago de los alquileres, estos deben tener en cuenta que las obligaciones del contrato, es decir, el pago subsiste, por lo que tarde o temprano deberá asumirlo y se impone la sensatez y el acuerdo entre las partes.
No obstante, los juzgados de paz, una vez se reinicien las labores judiciales, tendrán que enfrentar y decidir sobre estos casos, en los cuales se tendrá que ponderar el derecho de cada una de las partes y las circunstancias en general.
Por: Awilda Reyes
  

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