La CONCILIACIÓN en el proceso laboral dominicano (4 de 4)

La CONCILIACIÓN en el proceso laboral dominicano (4 de 4)



Recordemos, que en esta materia existe la fase de conciliación obligatoria a todas las demandas laborales (art. 508 y ss.), excepto en los casos de calificación de huelgas, paros y ejecuciones de las sentencias. El procedimiento de conciliación está a cargo de los vocales del tribunal, y donde el rol del juez está limitado a ordenar la lectura de los escritos de las partes, a mantener la policía de la audiencia y para advertir a las partes o a los vocales sobre alguna proposición o sugerencia que contravenga o entre en contradicción con disposiciones legales de orden público e intimándolas a buscar otras soluciones.

Entendemos de mucha importancia resaltar, que el procedimiento de conciliación por ante la Corte de Trabajo difiere al del Juzgado de Trabajo, en el sentido de que la tentativa de conciliación se lleva a cabo en la misma audiencia de la presentación de las pruebas, no siendo necesario después de agotado el preliminar de conciliación fijar una nueva audiencia de prueba y fondo. Si en grado de apelación fracasa el intento de conciliación por defecto del apelante, la discusión del asunto puede realizarse en la audiencia para conocer el fondo, sin que sea necesario fijar una nueva audiencia.

Insisto, contrario a lo que acontece en la práctica con muchos jueces y juezas, en el sentido de que el art. 524 del C.T. determina que frente a las inasistencias de las partes, lo procedente es el archivo del expediente, y dicho archivo está limitado a la audiencia de CONCILIACIÓN, no así a la audiencia de presentación y discusión de las pruebas. Por lo que el tribunal no puede, frente a la inasistencia de las partes a la audiencia de discusión y producción de pruebas, disponer el archivo del expediente o la cancelación del rol, lo que significa, que el tribunal está en la obligación de conocer del fondo del asunto en base a lo que exista en el expediente, puede también, en virtud del papel activo ordenar cualquier medida de instrucción que entiende pertinente o necesaria, pero nunca, repito, el archivo del expediente o la cancelación del rol.

El archivo del expediente por inasistencia de las partes a la tentativa de conciliación se hace bajo la presunción de que llegaron a un acuerdo para poner término al litigio (art. 524 C.Tr), pero esta presunción es simple o juris tantum (que puede ser atacada por la prueba contraria, a diferencia de la presunción absoluta o irrefragable o “juris et de jure”), lo que significa que cualquiera de las partes puede activar el expediente promoviendo la demanda o una nueva fijación de audiencia, basta con demostrar que el objeto se mantiene, por no haberse llegado a ningún acuerdo amigable, no obstante el acta que ordena que el expediente haya sido definitivamente archivado.

Es preparatoria (Art. 452 CPC) la sentencia que ordena la celebración de una audiencia de conciliación antes de la discusión de las pruebas. Asimismo también, resulta intrascendente que la sentencia se refiera al ‘‘acta de no comparecencia’’ en vez de ‘‘acta de no acuerdo’’ pues, para los fines del proceso laboral, esa acta es indicativa de que las partes no conciliaron sus intereses, importando poco que ello se deba a la incomparecencia de una parte o a las posiciones adoptadas en la audiencia de conciliación.

Por último, tal y como hicimos constar en la primera parte de este trabajo, el preliminar obligatorio de la conciliación tiene su base legal en el Principio XIII, los artículos 487 y 508 y ss. todos del CT, fortalecida por la jurisprudencia de nuestro más alto tribunal de justicia, en la que podemos destacar, que: “la conciliación judicial es obligatoria, de interés general y de ORDEN PÚBLICO, por lo que podrá ser promovida por los jueces en todo estado de causa” (Cas. 3ra. 19 de febrero 2014, B.J. 1239. P. 1558).

Lic. Romeo Trujillo Arias

Abogado/ Catedrático Universitario
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