La ASTREINTE en la República Dominicana




Tanto la jurisprudencia como la doctrina dominicana, y hasta algunas leyes francesas (Ley No. 91-650 del 9 de julio 1991, que sustituyó la de 1972) utilizan indistintamente: “el astreinte” y “la astreinte”, mientras que el género de la palabra astreinte es femenino, LA ASTREINTE. 

La astreinte es una condena pecuniaria, accesoria y condicional que se agrega a la condena principal a instancias del acreedor, con miras a asegurar la ejecución de la misma. El importe de esa astreinte es proporcional al retraso o renuencia que puso el deudor en la ejecución de la condena principal. 

Los jueces tienen la facultad discrecional de pronunciar la astreinte en virtud de su “imperium”, y éste por su carácter provisional constituye una condenación pecuniaria, accesoria y eventual, que no tiene fines indemnizatorios sino, forzar mediante un acto de autoridad la ejecución, en caso de retardo, de lo dispuesto por una sentencia.

La astreinte es susceptible de ser eliminada si el deudor cumple con la obligación. 

Nada obliga a la parte que solicita la fijación de una astreinte a interponer su demanda a título accesorio por ante el tribunal de apelación contra la sentencia u ordenanza en cuya ejecución había dificultad. Puede también demandar la fijación de una astreinte por ante el mismo juez que dictó la decisión apelada.

La astreinte tiene un carácter conminatorio, que cubre la necesidad de resarcimiento, al tratarse de una condenación que se incrementa día tras día, hasta tanto se efectúe el pago, lo cual hace innecesario que el monto de la condenación sea indexado. 

Por otro lado, no pueden imponerse astreintes contra terceros embargados que han sido impedidos de cumplir las medidas trabadas, no por reticencia de su parte, sino debido a oposiciones u otras actuaciones extrajudiciales de los deudores embargados o de terceros. 

La astreinte tiene como finalidad el constreñimiento para el cumplimiento de una medida y no de una sanción principal. Al haberse solucionado la irregularidad existente, la astreinte carece de objeto. 

Las astreintes pronunciadas en materia de amparo son facultativas del juez, no imperativas. El artículo 93 de la Ley 137-11, sobre procedimientos constitucionales establece que: “El juez que estatuya en materia de amparo podrá pronunciar astreintes, con el objeto de constreñir al agraviante al efectivo cumplimiento de lo ordenado”. 

Por otro lado, el Tribunal Constitucional mediante sentencia TC/048/12, estableció que la eventual liquidación del astreinte no debía beneficiar al agraviado porque no se trata de una indemnización de daños y perjuicios, sin embargo, en un fallo del 15 de agosto del año 2017 (TC/438/17), varió ese criterio. Reconoció la prerrogativa discrecional que incumbe al juez de amparo de imponer astreintes, ya sea en favor del accionante o de una institución sin fines de lucro, dependiendo del tipo de derecho fundamental a resguardar, por ejemplo, cuando se albergue el propósito de restaurar un daño social, los amparos incoados para demandar respeto a los derechos colectivos y difusos, etc., en estos últimos casos puede fijarse en beneficio de instituciones sin fines de lucro.  

La liquidación o revisión de la astreinte consiste en fijar el monto definitivo de ésta en proporción a la resistencia opuesta por la parte condenada. El juez apoderado puede mantenerla íntegramente si la resistencia a ejecutar es absoluta, y reducirla o igualmente suprimirla si el condenado cumple la sentencia. No puede reducirla o suprimirla cuando la parte se ha resistido a cumplir la condenación, a menos que el incumplimiento esté justificado. 

Para ordenar un astreinte no es necesario que exista el incumplimiento previo de una disposición judicial, porque la finalidad de esa medida consiste en vencer la resistencia que pudiera adoptar el deudor de una obligación dimanada de la misma sentencia que la ordena. Como consecuencia de su carácter accesorio e independiente de los daños y perjuicios, la astreinte puede ser solicitada por primera vez en apelación, lo cual no constituye violación alguna a los principios del doble grado de jurisdicción y de la inmutabilidad del proceso. 

Los tres aspectos del principio de proporcionalidad son el juicio de adecuación, el de necesidad y el de proporcionalidad strictu sensu, los que deben ser tomados en cuenta para evaluar el ordenamiento de un astreinte por una determinada cantidad. Es válido la astreinte que busca contribuir en forma relevante al fin inmediato buscado ante una actuación ilícita. 

El juez que pronuncia la astreinte goza de un poder discrecional al momento de liquidarla, para mantenerla, moderarla o suprimirla, para lo cual tomará en cuenta la actitud que haya adoptado el deudor, la gravedad de la falta en que haya incurrido, pero nunca el perjuicio sufrido por el acreedor.

En conclusión, es de mucha importancia tener siempre presente, que el juez de los referimientos está impedido de establecer condenas por daños y perjuicios. Sí puede pronunciar condenaciones a astreintes para forzar a la ejecución de sus propias ordenanzas, aun cuando no existan condenaciones precedentes, como ordenar al Centro Médico la entrega al Cirujano de una copia certificada de cada record o historial clínico de los pacientes tratados por él. 

Ahora bien, ¿puede el juez de los referimientos liquidar o reliquidar astreinte?

El artículo 107 de la Ley núm. 834-78, prevé que: “el juez estatuyendo en referimiento puede pronunciar condenaciones a astreintes”. 

Si bien es cierto que la liquidación o reliquidación de astreinte puede ser dispuesta por el juez ordinario que pronuncia dicha condenación para asegurar la puesta en ejecución de una decisión; esta situación no excluye que también el juez de los referimientos pueda liquidar una astreinte cuando pronuncie condenaciones en este sentido, tal y como lo consagra el citado artículo 107.

Lo anterior implica que el plazo para la apelación de la ordenanza es de quince (15) días, por previsión del artículo 106 de la Ley núm. 834-78; (Sentencia del 30 de mayo de 2019, Recurrente: Constructora Subo, S. A. Recurrido: Lester Antonio Segura Peña).

En conclusión, la expresión “astreinte” no es de uso familiar. Pertenece al lenguaje técnico del abogado en ejercicio que con frecuencia la utiliza, al igual que el juez, que es realmente a quien corresponde aplicar. Por eso importa apuntar, a fin de ubicarla en su justo contexto jurídico, que es ella una creación pretoriana de la práctica y la jurisprudencia francesa de principios del Siglo XIX y que consagró la ley ya entrado el pasado siglo. En nuestro país también se siguió la costumbre gala. Hoy tenemos una amplia legislación que consagra la astreinte. Merecen especial mención, en su orden de aparición, la ley 834 de 1978, que modificó el Código de Procedimiento Civil, y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, marcada con el número 137-11, del 2011.

Por: Lic. Romeo Trujillo Arias



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