Nomofilaquia y sentencias reglamentarias del sistema lega centrista de la casación Francesa vs independencia del gobierno judicial y estado constitucional de Derecho en la Rep. Dom.



Por: FRANCISCO AGRIPINO LUCIANO PERDOMO. Opinion.- Palabras claves: nomofilaxis, casación, sentencias reglamentarias, independencia judicial y gobierno de los jueces, estado constitucional.  


¿Qué quiere decir Nomofilactica?.En el diccionario castellano nomofiláctico significa se dice especialmente de la función o cometido de ciertos tribunales que, al tener atribuida la competencia de definir el derecho objetivo, atienden en sus sentencias más a esta finalidad que a la cuestión concreta que enfrenta a las partes del proceso.

 Casación y sentencias reglamentarias:
Por la propia naturaleza de la técnica de casación, que consiste en verificar en cada caso la aplicación correcta de la ley a la decisión de justicia impugnada, la jurisprudencia se forma progresivamente, en función de los recursos y de los motivos invocados. La práctica de las sentencias de reglamento está prohibida para el Tribunal de Casación, así como a cualquier otra jurisdicción francesa, por el artículo 5 del Código Civil francés, según el cual “está prohibido que los jueces se pronuncien por vía de disposición general y reglamentaria sobre las causas que les son sometidas”. Por ello, la jurisprudencia sólo puede desarrollarse a medida que se van planteando los problemas por los motivos. De esta forma, permaneciendo a la escucha de la sociedad francesa -y ahora, europea-, el Tribunal interpreta el derecho adaptándolo a las evoluciones de la misma, ya sean políticas, sociales, económicas, internacionales, técnicas o incluso tecnológicas: la variedad de cuestiones que le son sometidas le lleva a dar una respuesta de manera equilibrada y coherente a la mayoría de las dificultades que puede plantear la interpretación del derecho.
Esto justifica el sistema  de independencia judicial entre tribunales y jueces de  nuestro país; El Art. 5 del código civil Dominicano.- Se prohíbe a los jueces fallar por vía de disposición general y reglamentaria las causas sujetas a su decisión. Pasa de ser un tema lega centrista a un tema de carácter constitucional afirmando en al art 149 de la constitución  dominicana el carácter de independencia  funcional y presupuestaria y la responsabilidad de los jueces constituyendo un órgano de gobierno judicial autónomo no solo como poder del estado sino dentro de la dependencia jurisdiccional de los tribunales en sus funciones.
ORGANO DE GOBIERNO JUDICIAL E INDEPENDECIA.
CONSTITUCION DOMINICANA Y SU REGULACION TEMATICA
Artículo 149.- Poder Judicial. La justicia se administra gratuitamente, en nombre de la República, por el Poder Judicial. Este poder se ejerce por la Suprema Corte de Justicia y los demás tribunales creados por esta Constitución y por las leyes.

Párrafo I.- La función judicial consiste en administrar justicia para decidir sobre los conflictos entre personas físicas o morales, en derecho privado o público, en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado. Su ejercicio corresponde a los tribunales juzgados determinados por la ley. El Poder Judicial goza de autonomía funcional, administrativa y presupuestaria.

Párrafo II.- Los tribunales no ejercerán más funciones que las que les atribuyan la Constitución y las leyes.

Párrafo III.- Toda decisión emanada de un tribunal podrá ser recurrida ante un  tribunal superior, sujeto a las condiciones y excepciones que establezcan las leyes.

El Artículo 151.- Independencia del Poder Judicial. Las y los jueces integrantes del Poder Judicial son independientes, imparciales, responsables e inamovibles y están sometidos a la Constitución y a las leyes. No podrán ser removidos, separados, suspendidos, trasladados o jubilados, sino por alguna de las causas establecidas y con las garantías previstas en la ley. 

En la obra jueces y normas el profesor Asís Roig  cito: Asís dice, los presupuestos (p.82). Hay dos cuestiones previas que deben ser resueltas: la independencia de los jueces y su sometimiento al Derecho. El autor advierte que dichos problemas no se enfocarán en una perspectiva "absoluta", sino desde el punto de vista de lo que puede significar "independencia" y "sometimiento" en un estado "democrático", En este sentido, la primera pregunta versa sobre el tipo de obligación que pesa sobre el juez. Se trata de un vínculo exclusivamente jurídico, o es también moral, La respuesta del autor es que la posición moral del juez no es relevante en el Derecho (p. 86), pero admite que el momento de la interpretación que éste realiza de los enunciados normativos es esencial a su función, sin dejar de estar dicha actividad presidida por el sistema de fuentes establecido en el ordenamiento. De allí se deduce que ningún juez puede, legítimamente, ampararse en su conciencia para adoptar una solución no ajustada al Derecho; a lo más, como dice García de Enterría, cabe la renuncia a sus funciones judiciales, pero no resultaría procedente juzgar contra el Derecho positivo. La cuestión de fondo que Asís pretende enfrentar es si se debe o no reconocer a los jueces la creación directa de reglas jurídicas generales (p. 89 ss.). Para ello, distingue en el problema un aspecto valorativo y otro descriptivo. Sobre el primero de ellos, afirma que resulta claro que la respuesta, al interior del Derecho positivo español, es negativa: los jueces no crean normas jurídicas generales; aunque reconoce que sectores de la doctrina y "procesos y órganos judiciales" se decantan por una contestación positiva. En torno al segundo aspecto, afirma que es necesario analizar la decisión judicial y descubrir si existe o no creación de normas. Este es el objetivo general del resto de la obra. En el capítulo 11 se plantea el proceso de la decisión en torno a la argumentación del operador judicial, mientras que el III se dedica al momento hermenéutico. Más adelante (p. 178), Asís afirmará que ambos momentos -argumentación e interpretación- son muy difíciles de diferenciar en la actuación judicial concreta, recalcando con ello el carácter científico de la distinción.
En perspectiva la disposición constitucional impone la sujeción a ley y ahí resulta la valoración independiente del juez que reside en el , de ahí al resto de jueces del sistema
Cito: El Artículo 151.- Independencia del Poder Judicial. Las y los jueces integrantes del Poder Judicial son independientes, imparciales, responsables e inamovibles y están sometidos a la Constitución y a las leyes
LA JURISPRUDENCIA LA CORTE DE CASACIÓN DE LA REPUBLICA DOMINICANA;
La ley No.  3726 de fecha  29 de diciembre de 1953 Publicada en la Gaceta Oficial No.  7646 del 13 de Enero de 1954 CAPITULO I Del Objeto de la Casación Art. 1.- La Suprema Corte de Justicia decide como Corte de Casación si la Ley ha sido bien o mal aplicada en los fallos en última o única instancia pronunciados por los tribunales del orden judicial. Admite o desestima los medios en que se basa el recurso, pero sin conocer en ningún caso del fondo del asunto. Art. 2.-- Las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, en funciones de Corte de Casación, establecen y mantienen la unidad de la jurisprudencia nacional.
DERECHO DE ORIGEN FRANCES Y COMPARACION
Por encontrarse en la cima de la jerarquía judicial, por su unicidad y porque es su vocación primera, el Tribunal de Casación tienen un papel esencial en la unificación de la jurisprudencia. Esta función explica la especialización del Tribunal, que nunca juzga los hechos. De este modo, es llamado exclusivamente a interpretar la norma de derecho, ya sea ésta de fondo o de procedimiento, ya sea antiguo o nuevo, lo que le concede tanto más interés a sus decisiones. Esta interpretación se desprende de las respuestas que da en sus sentencias a los motivos que le son presentados y, más en particular, a los motivos que invocan una violación de la ley. La jurisprudencia que así se constituye exige observaciones sobre su formación, su evolución y su difusión.
Por la propia naturaleza de la técnica de casación, que consiste en verificar en cada caso la aplicación correcta de la ley a la decisión de justicia impugnada, la jurisprudencia se forma progresivamente, en función de los recursos y de los motivos invocados. La práctica de las sentencias de reglamento está prohibida para el Tribunal de Casación, así como a cualquier otra jurisdicción francesa, por el artículo 5 del Código Civil francés, según el cual “está prohibido que los jueces se pronuncien por vía de disposición general y reglamentaria sobre las causas que les son sometidas”. Por ello, la jurisprudencia sólo puede desarrollarse a medida que se van planteando los problemas por los motivos. De esta forma, permaneciendo a la escucha de la sociedad francesa -y ahora, europea-, el Tribunal interpreta el derecho adaptándolo a las evoluciones de la misma, ya sean políticas, sociales, económicas, internacionales, técnicas o incluso tecnológicas: la variedad de cuestiones que le son sometidas le lleva a dar una respuesta de manera equilibrada y coherente a la mayoría de las dificultades que puede plantear la interpretación del derecho.
La flexibilidad que se deriva deja el campo libre a una posible relectura, en el tiempo, del sentido que se le da a la ley, en función de los cambios de la sociedad y de la forma en la que estos se perciben. Particularmente, permite llenar las lagunas existentes en el derecho positivo, ya que el artículo 4 del Código Civil francés prohíbe al juez negarse a juzgar alegando el silencio, la oscuridad o la insuficiencia de la ley. Así pues, el Tribunal de Casación tiene una función esencial a este respecto. Ante el silencio de la ley, éste debe utilizar dos técnicas esencialmente. La primera es la aplicación de textos a situaciones que el legislador no había previsto -como puede ser, por ejemplo, el caso de la aplicación de los textos sobre la responsabilidad delictiva, que se desprenden sobre todo del Código Civil de 1804, a la circulación automovilística-. La segunda es la referencia a principios generales (como es particularmente la regla de fraus omnia corrumpit , la teoría del enriquecimiento injusto, la de los problemas anormales del vecindario o el principio de los derechos de defensa), siempre que no se enfrente a un texto del derecho positivo. No obstante, la técnica tiene sus límites. en ocasiones, los propios términos de la ley, aunque se hayan vuelto discutibles por las diversas evoluciones, no permiten modificar su interpretación ; en estos casos, el Tribunal evoca en su informe anual las consecuencias inducidas por este estado de los textos y propone modificaciones legislativas.




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